Aunque es muy temprano para hacer una evaluación del nuevo gobierno en el tema de la seguridad, la cifra no deja de ser significativa: en diciembre pasado, primer mes de la administración de Morena, se cometieron 2 mil 842 homicidios dolosos según el recuento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 155 casos más que en noviembre anterior, el último mes bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Los homicidios dolosos se encuentran sobre todo ligados al crimen organizado. Luego entonces, es un buen parámetro para medir la eficacia de un gobierno en el combate a las organizaciones que se dedican al narcotráfico y a actividades colaterales como la extorsión, la trata de mujeres, el narcomenudeo, el lavado de dinero, el robo de combustibles, el secuestro…
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El número de asesinatos durante el primer mes bajo el régimen de Andrés Manuel López Obrador nos dice, en principio, que quienes se dedican a todos estos delitos no tienen color ni bandera política. Ellos se rigen por sus propios códigos e intereses.
Algunos, sobre todo los de la vieja escuela, podrán negociar con los gobiernos locales y con el central —como lo han hecho toda la vida— y eso podría implicar acuerdos para reducir el impacto de la violencia en algunas zonas. Sin embargo, el crimen está tan desarrollado y tan diversificado en el país —tan horizontalizado—, que estos acuerdos no pintan en la estadística criminal.
Pero aunque es muy temprano para hacer un balance del nuevo gobierno en la materia, debiera preocuparnos que no es visible todavía una estrategia integral contra la violencia, uno de los más dolorosos flagelos desde hace por lo menos tres lustros. Hay pinceladas, finas, —como la propuesta de despenalizar la producción y el consumo de algunas drogas y el apoyo a jóvenes para alejarlos de las tentaciones del dinero sucio— y burdas —como la mencionada amnistía cuyo contenido real nadie entiende—, pero que no dibujan una estrategia clara contra la delincuencia. El tema de la Guardia Nacional, aunque ha avanzado en las cámaras, todo indica que será acotado para que la presencia directa de las fuerzas armadas en las calles tenga un tiempo limitado. Pero aun con la presencia del Ejército y la Marina en las calles y el de la Guardia Nacional una vez creada, si no hay una estrategia sólida contra el hampa ésta seguirá creciendo como lo ha hecho sin parar desde el gobierno de Vicente Fox a la fecha.
El tema no es si tenemos o no más o menos policías en las calles, o soldados y marinos o guardias nacionales. El tema es qué van a hacer, cuál es y será su función, cómo interactúa en una estrategia de la labor de inteligencia, qué papel jugará el gobierno de los Estados Unidos. La PGR bajo Peña Nieto se propuso 122 objetivos para ser detenidos o abatidos y logró de ellos 109. Pero el narco no dejó de crecer, lo cual indica que, si bien hay que perseguir a los líderes de las bandas delictivas, también hay que implementar otras medidas que vaya socavando el problema desde el fondo. Y esto es lo que aún no está claro con AMLO. Durante el último mes se ha concentrado en la lucha contra el huachicol, —una medida que era urgente y que nunca fue tomada por los tres gobiernos que le precedieron— pero ese es solo un tema ligado a la delincuencia organizada. Y hay que decirlo: el problema del narcotráfico es mucho más viejo y profundo, más extendido y enraizado, con más capacidad de corrupción que cualquiera otro. Y más letal. Por eso la curva de homicidios se mantendrá inalterada mientras no se enderece una estrategia para desarticular los cárteles de la droga. Y reducir su impacto.
Bola y cadena
EN SINALOA EL PROBLEMA DE LOS homicidios se ha manejado no sin trampas numéricas. En septiembre del año pasado Renato Ocampo, encargado del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se vanagloriaba con que los homicidios dolosos habían bajado 32 por ciento en los primeros ocho meses de 2018, respecto al mismo periodo de 2017. Cierto. Lo que no dijo es que en 2017 habían aumentado de 1 mil 162 que se cometieron en 2016, a 1 mil 565, lo que representó un 26 por ciento más. La tendencia había sido ascendente en las últimas dos administraciones. Con Jesús Aguilar (2005 2010) se registraron 6 mil 609 homicidios según cifras oficiales; y con Malova, a pesar de que prometió abatir el crimen, la cifra creció a 7 mil 726. Todo esto con números oficiales. Así que no se presuma nada todavía. En los primeros dos años de Quirino fueron asesinados 2 mil 687 mujeres y hombres, 529 más que en los dos últimos años de la administración de Malova. Así es que la estrategia del gobernador Quirino Ordaz para disminuir los índices delictivos sigue a prueba. Y no le queda mucho tiempo.
Sentido contrario
EN ESTA EDICIÓN PUBLICAMOS UNA NOTA MARISMEÑA donde se relata cómo un grupo de policías municipales detiene el 6 de diciembre pasado al joven Luis Roberto Ramírez y luego éste no aparece por ningún lado y nadie se quiere hacer responsable. Es un caso como los que decenas de veces hemos reseñado. Con la diferencia de que hoy ocurre bajo una administración que se supone llegó para cambiar prácticas viciadas y criminales de las policías. Por eso se exige una respuesta clara. Qué pasó con el joven y quiénes son los responsables.
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Humo negro
RESPECTO A LA ORDEN DE APREHENSIÓN que hay en contra del ex secretario de Finanzas de la administración pasada, Armando Villarreal, la pregunta es por qué no lo han detenido. ¿Pueden responder el fiscal anticorrupción o el fiscal general de Sinaloa?
Columna publicada el 27 de enero de 2019 en la edición 835 del semanario Ríodoce.