Lucero Sánchez, la narcodiputada propuesta por Gerardo Vargas

CULIACÁN, SINALOA, 16JULIO2015.- La diputada del PAN, Lucero Sánchez López, según la información que ha circulado en medios de comunicación, tiene supuestos vínculos con  el narcotraficante Joaquín ¨El Chapo¨ Guzmán, hasta el momento prófugo de la justicia. Después de varias horas de espera, subió a tribuna en el congreso del estado para hablar de dicho tema; señaló que presentará un recurso ante la Comisión de Derechos Humanos por difamación y daño moral a su persona, hijos y familia.
FOTO: RASHIDE FRÏAS /CUARTOSCURO.COM
Foto: Rashide Frías/Cuartoscuro.com

 

Drogas, muerte y política en el Congreso

Lucero Guadalupe Sánchez López tenía 24 años cuando fue elegida candidata a Diputada local por el municipio de Cosalá. La propuesta de su candidatura la hizo directamente el entonces secretario del Gobierno malovista, Gerardo Vargas Landeros.

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Dos fuentes confirmaron a Ríodoce en 2016 que aun cuando integrantes del Comité Municipal en Cosalá habían advertido a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en 2013 de la cercanía de la joven con Joaquín el Chapo Guzmán, entonces prófugo de la justicia, Vargas Landeros la presentó con Edgardo Burgos, dirigente del blanquiazul.

Burgos aceptó que fuera la aspirante de su partido y llevó la candidatura de Sánchez López ante los representantes de la coalición integrada también por los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), quienes la avalaron. El Partido Sinaloense (PAS) se sumó a una candidatura común, respaldando a Sánchez López.

El 7 de julio de 2013 con el acuerdo de los partidos de la coalición “Unidos Ganas Tú”, Lucero Sánchez se convirtió en diputada por el distrito 16 de Cosalá con 4 mil 167 votos a favor.

A un mes de ocupar una curul en el Congreso local, el ex esposo de Lucero Sánchez, Rubén Chávez Cháidez, fue asesinado al salir de su casa en Cosalá y el 11 de enero de 2014, la hermana de la diputada, María Carolina, fue encontrada acuchillada en el patio de su casa, en Culiacán.

Ya en funciones, Lucero Sánchez realizó un trabajo de bajo perfil, acudiendo a las sesiones regularmente y con escasas participaciones en tribuna, como una de octubre de 2015, en la que cuestionó los operativos de la Marina en Cosalá.

En dichas acciones presuntamente las fuerzas castrenses buscaban recapturar al Chapo, quien había sido detenido el 11 de febrero de 2014 en el hotel Miramar, en Mazatlán y recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, de donde se fugó el 11 de julio de 2014.

Por casi un año, Lucero Sánchez realizó un trabajo legislativo casi desapercibido, hasta junio de 2015 cuando el periodista Joaquín López Dóriga difundió la imagen y posteriormente el video de una joven ingresando a la prisión de máxima seguridad de El Altiplano.

López Dóriga aseguró que la joven de la imagen era Lucero Sánchez y que había ingresado al penal el 14 de abril de 2014 para visitar al Chapo utilizando una identificación falsa.

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Luego de la noticia, la diputada negó en conferencia de prensa las acusaciones, incluso dijo que había enviado un escrito a la delegada de la PGR en Sinaloa, donde se dijo a disposición de esa dependencia para cualquier aclaración o comparecencia.

El PAN se deslindó de ella, argumentando que “no era militante de ese partido”.

Mientras los señalamientos seguían, el 29 de julio de 2015, Lucero Sánchez acompañó al entonces gobernador Mario López Valdez durante un acto de entrega de obras en Cosalá y aseguró que hasta ese momento la PGR no la había citado a declarar porque “no hay nada en mi contra”. También dijo que había acudido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para revisar la posibilidad de presentar una queja por difamación.

En enero de 2016 Lucero Sánchez negó nuevamente haber visitado al Chapo, pero dijo conocerlo.

“No lo conozco en sí, así, de cercas. Pero lo he visto en ocasiones. Pero no de cerca”, expresó.

Ese mismo mes la legisladora renunció al PAN, y días después fue detenida en Culiacán por elementos de la SEIDO y trasladada a la Ciudad de México y un día después, liberada.

El PAN nacional inició una investigación sobre  la designación de Lucero Sánchez como candidata en el Comité Estatal de Sinaloa. Edgardo Burgos aseguró que no tuvo padrinazgo y que su partido actúo de “buena voluntad”.

El 13 de marzo de 2016, Lucero Sánchez regresó al Congreso local y se negó a hablar de los señalamientos en su contra. Posteriormente rechazó ser operadora financiera del Chapo.

La PGR solicitó posteriormente al Congreso de la Unión el desafuero de Lucero Sánchez y el 13 de junio de 2016, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para desaforarla. Tres días después lo envío al Congreso de Sinaloa. Diputados locales del PRD, Nueva Alianza, PAS, PT y Movimiento Ciudadano salieron en defensa de la joven.

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Francisco Solano, presidente de la Mesa Directa de la LXI Legislatura, señaló que el caso de Lucero Sánchez había quedado finiquitado, ya que el dictamen de desafuero enviado al Congreso local se recibió como correspondencia y se le dio lectura en el pleno, tal como se establecía en el mismo.

Los abogados de la entonces legisladora argumentaron que el dictamen del desafuero debía ser votado y ratificado en la tribuna del Congreso de Sinaloa para ser válido.

Lucero Sánchez solicitó varios amparos para evitar ser detenida. El 16 de junio, pobladores de Cosalá acudieron al Congreso local en apoyo a la legisladora y diputados independientes, de Movimiento Ciudadano, PT, PAS y Nueva Alianza subieron a tribuna nuevamente para solidarizarse con ella.

A partir de entonces la joven prácticamente desapareció de la escena pública hasta el 21 de junio de 2017, cuando fue detenida en la garita migratoria de San Diego al pretender ingresar a Estados Unidos para solicitar asilo político. Se le imputó el delito de conspiración en la distribución de cocaína. La ex legisladora había intentado también huir durante su detención.

Tres días después, la ex diputada sinaloense compareció ante una corte de California, donde el gobierno estadounidense reveló que ella y su hermana establecían contacto con líderes del Cártel de Sinaloa, a través de equipos de comunicación especializados.

En las investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) encontraron mensajes de la ex diputada y su hermana, donde se relacionan con lavado de dinero y tráfico de droga, durante 2013.

Lucero Sánchez fue recluida en el Centro Metropolitano Correccional en San Diego California, y posteriormente trasladada a Washington, donde sigue su proceso. Se le acusa de narcotráfico y complicidad.

Artículo publicado el 20 de enero de 2019 en la edición 834 del semanario Ríodoce.

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