El tercer involucrado en la contratación irregular de las empresas que construyeron el Tiburonario de Mazatlán fue vinculado a proceso penal.

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Se trata de Armando Trujillo Sicairos, actual director de la Contratos de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado.

Cuando se cometió el delito por el que está acusado era Jefe del Departamento de Concursos y Contratos de la Secretaría de Obras.

El ex funcionario de administración de Mario López Valdez y actual funcionario del gobierno de Quirino Ordaz Coppel, fue vinculado a proceso el pasado 5 de diciembre por el delito de ejercicio indebido del servicio público en perjuicio del Gobierno del Estado y la paramunicipal Acuario de Mazatlán.

Al terminar el Gobierno de López Valdez, Trujillo Sicairos continuó en la Secretaría de Obras y el 13 de enero de 2017, el actual titular de la dependencia, Osvaldo López Angulo, le tomó protesta en su nuevo puesto junto con otros funcionarios.

“He depositado mi confianza en cada uno de ustedes, tendremos que trabajar de la mano para dar resultados a corto plazo a la gran expectativa que se nos ha encomendado, bajo los principios que el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, nos ha señalado: eficiencia, responsabilidad, transparencia y honradez, y es justamente la característica que distingue a cada uno de ustedes para formar parte de esta Secretaría, una gran honestidad a toda prueba”, dijo López Angulo.

Trujillo Sicairos tenía orden de aprehensión pero no fue detenido, ya que promovió un amparo y contaba con una suspensión provisional contra el mandamiento judicial.

El funcionario se presentó a declarar de manera voluntaria el pasado 1 de diciembre y la audiencia inicial continuó el día 5.

El juez consideró que había datos de prueba suficientes y lo vinculó a proceso.

Por el mismo caso fueron vinculados a proceso el ex director de Control Administrativo, Dionisio Sánchez Félix; y el ex jefe del Departamento de Seguimiento Documental de Contratos, José Luis Ulloa Miranda.

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De acuerdo con la Fiscalía, el cuarto involucrado que no ha sido llevado ante el Juez es el ex Director de Contratos, Carlos Ramón López Castro.

López Castro era Secretario de la Presidencia en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado desde el 30 de octubre, pero en los primeros días de diciembre presentó su renuncia.

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas lo inhabilitó por 90 días por autorizar convenios de ampliación y montos superiores al 25 por ciento en dos obras cuando fue funcionario de la Secretaría de Obras Públicas.

De acuerdo con la Fiscalía, los ex funcionarios avalaron licitaciones “a modo” para construcción del Tiburonario.

Los concursos de licitación fueron ganados por las empresas Osuna Osuna Arquitectos y Ecosistemas de México.

Peritos revisaron las propuestas técnicas y económicas de ambas empresas y determinaron que no cumplían con las bases del concurso de licitación ni con el Reglamento de la Ley de Obras Públicas.

Los cuatro funcionarios, de acuerdo con la Fiscalía, tenían que desechar las propuestas, pero las avalaron y resultaron ganadoras.

Para la construcción de la tercera etapa y etapa final del Tiburonario no se contaba con cálculo estructural, solo con un croquis del armado del estanque, por lo que se tuvo que solicitar una evaluación geotécnica y estructural para nuevos estudios de mecánica de suelos.

Los ex servidores públicos involucrados eran los encargados de recibir las propuestas técnicas y económicas de las empresas participantes y revisar la viabilidad de cada una de ellas.

La acusación señalan que con la empresa Osuna Osuna Arquitectos el contrato fue por 15 millones de pesos y con Ecosistemas de México por 19 millones 640 mil pesos.

El daño al erario asciende a 34 millones 640 mil pesos, según el Ministerio Público.

El Tiburonario fue inaugurado en diciembre de 2016 por el Gobernador Mario López Valdez y, dos meses después, en febrero de 2017 el acrílico colapsó, debido a filtraciones por la falta de hermeticidad, resquebrajamiento y problemas de cimentación que no fueron observados por los contratistas.

Los tres ex funcionarios vinculados seguirán el proceso penal en libertad.

Dionisio Sánchez fue vinculado a proceso en octubre y José Luis Ulloa en noviembre.

Los procesos contra los ex funcionarios se reanudarán en febrero próximo.

Dionisio es el único que ha sido detenido en cumplimiento de la orden de aprehensión, los otros involucrados se presentaron de manera voluntaria ante el Juez tras obtener una suspensión en un juicio de amparo.

Los constructores del Tiburonario que ganaron las licitaciones promovieron amparos contra posible orden de aprehensión desde noviembre.

Las demandas presentadas por Omar Osuna Osuna, de Osuna Osuna Arquitectos; y Antonio Roberto Becerra González, de Ecosistemas de México fueron admitidas por jueces de distrito y siguen en proceso.

El ex Secretario de Obras Públicas, José Luis Sevilla Suárez Peredo, también promovió un amparo contra posible orden de aprehensión.

El ex funcionario firmó las actas de fallo de los concursos de licitación irregulares pero sí los contratos contra la empresas ganadoras.

El contrato con la empresa Osuna Osuna Arquitectos fue firmado el 13 de septiembre de 2013 para la construcción de la tercera etapa del Tiburonario.

Con la empresa Ecosistemas de México el contrato se firmó el 3 de junio de 2016 para la construcción de la etapa final.

Artículo publicado el 30 de diciembre de 2018 en la edición 831 del semanario Ríodoce.