El segundo implicado en la asignación irregular de contratos para la construcción del Tiburonario se deslindó de responsabilidades.
El ex jefe del Departamento de Seguimiento Documental de Contratos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Luis Ulloa Miranda, se presentó ante el juez en la continuación de la audiencia inicial el lunes pasado.
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En la primera audiencia celebrada el 6 de noviembre el ex funcionario se reservó su derecho a declarar, pero en la continuación el lunes dijo al Juez que rendiría su declaración.
El ex servidor está acusado de ejercicio indebido del servicio público por supuestamente avalar propuestas técnicas y económicas de dos empresas que debieron ser desechadas, ya que no cumplían con los requisitos.
“No estoy de acuerdo (con la imputación de la Fiscalía) toda vez que las cosas no son como las quieren hacer ver”, dijo al iniciar, “no decido a quién se le asigna una licitación”.
Aseguró que tiene disposición para acudir a las audiencias cuantas veces sea necesario.
En su declaración, reconoció que firmó las actas de fallo, pero que no decidió a las empresas ganadoras.
Por el cargo que tenía, indicó, no tenía facultades para elegir a los ganadores de los concursos de licitación.
Su participación era subir las bases de los concursos al sistema de Compranet y firmar los fallos, señaló.
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Mencionó que las propuestas técnicas y económicas son revisadas por un equipo técnico de la Secretaría y ellos determinan cuáles son las que cumplen con los requisitos y son las más viables y elaboran un dictamen de fallo, de la cual se deriva el acta de fallo que es firmada por los funcionarios de la Secretaría.
Aseguró que no participa en la revisión de las propuestas y tampoco en la firma de los contratos.
El Ministerio Público intentó interrogarlo pero en dos ocasiones el imputado respondió que se reservaba su derecho a contestar por lo que el representante social desistió del interrogatorio, ante la “evidente” negativa que había para responder los cuestionamientos.
Luego de revisar los datos de prueba y la declaración del imputado, el Juez consideró que había elementos de prueba suficientes para vincularlo a proceso penal.
La Fiscalía pidió como medida cautelar que le prohibieran salir del estado y el país y que acudiera cada 15 días al ingresar sus datos a la Unidad de Medidas Cautelares para garantizar que no se dará a la fuga.
La defensa consideró que las medidas eran excesivas, ya que el acusado ha mostrado voluntad para acudir a las audiencias y pidió que solo se impusiera acudir a ingresar sus datos cada mes.
El Juez determinó como única medida que acuda cada 15 días a ingresar sus datos.
La Fiscalía solicitó una prorroga de plazo de investigación de cuatro meses, pero la defensa consideró que tres eran suficientes.
La Fiscalía señaló que requería ese tiempo para elaborar un dictamen pericial de ingeniería, un peritaje de grafoscopía para autenticar las firmar de las actas de fallo y entrevistas, entre ellas una con el ex Secretario de Turismo, Rafael Lizárraga Favela.
El Juez dio la razón a la defensa y dio tres meses de prórroga.
La Fiscalía acusa que José Luis, así como el ex director de Control Administrativo Dionisio Sánchez Félix, y dos funcionarios más hicieron una licitación “a modo” para la construcción del Tiburonario y avalaron las propuestas de las empresas Osuna Osuna Arquitectos y Ecosistemas de México.
Las propuestas de las dos empresas, según la Fiscalía, incumplían con las bases de la licitación y el reglamento de la Ley de Obras Públicas, por lo que debieron ser desechadas y no resultar ganadoras.
Con la empresa Osuna Osuna Arquitectos el contrato fue por 15 millones de pesos y con Ecosistemas de México por 19 millones 640 mil pesos.
La Fiscalía señala que el daño al erario asciende a 34 millones 640 mil pesos.
Los ex funcionarios que según la Fiscalía avalaron las propuestas, están acusados de la presunta comisión del delito de ejercicio indebido del servicio público en perjuicio del Gobierno del Estado y la paramunicipal Acuario de Mazatlán.
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El Tiburonario fue inaugurado por el entonces Gobernador Mario López Valdez en diciembre de 2016 y en febrero de 2017 el acrílico colapsó, debido a filtraciones por la falta de hermeticidad, resquebrajamiento y problemas de cimentación.
El ex Director de Control Administrativo, Dionisio Sánchez Félix, también está vinculado a proceso.
Las actas de fallo que avalaron las propuestas ganadoras también fueron firmadas por el Director de Contratos, Carlos Ramón López Castro; y por el jefe del Departamento de Concursos, Armando Trujillo Sicarios.
Los empresarios Omar Osuna Osuna, de Osuna Osuna Arquitectos; y Antonio Roberto Becerra González, de Ecosistemas de México; y el ex Secretario de Obras, José Luis Sevilla Suárez Peredo, tramitaron un juicio de amparo.
Los Jueces pidieron a la Fiscalía General del Estado informe sobre la posible orden de aprehensión contra los empresarios y el ex funcionario.
Los tres tienen una suspensión por lo que de existir la orden de aprehensión no pueden ser detenidos y llevados ante el Juez hasta que el juez resuelva el juicio de amparo.
Artículo publicado el 18 de noviembre de 2018 en la edición 825 del semanario Ríodoce.
