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  • Dias de Impunidad

Confronta Ley de Seguridad Interior a AMLO y colectivos de derechos humanos

La propuesta del Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, de sacar adelante la Ley de Seguridad Interior como una propuesta en su plan de seguridad nacional abrió una grieta en el proceso de transición al confrontar a distintos actores políticos, entre ellos a los colectivos y organizaciones civiles que ven en esta ley una amenaza preocupante al estatuto de los derechos humanos y la seguridad de los mexicanos.

Por separado, el director de la Comisión Mexicana para la Protección y la Defensa de los Derechos Humanos, José Antonio Guevara, expuso tajante que llevan ya doce años pidiendo al Gobierno de México abandonar la insistencia de meter a los militares en tareas de seguridad pública porque ponerlos a patrullar deteniendo personas, inspeccionando vehículos, allanando propiedades y “entrevistando” a personas sospechosas de haber cometido delitos, ha derivado en una verdadera crisis que metió al país en una escalada permanente de violencia y violaciones flagrantes a los derechos humanos.

Esta ley lo que hace es disfrazar, sobre la doctrina de la seguridad interior, unas tareas que son correspondencia de las policías y que han sido usurpadas con la participación de militares, generando un efecto perverso porque los políticos en turno se encargaron de descuidar a las instituciones policiacas que en su tiempo fueron sanas y confiables para la ciudadanía.

Después de declarada inconstitucional por nueve de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia, el debate continuará a dos semanas de concluir la administración de Enrique peña Nieto, quien el pasado 22 de diciembre ordenó a la pasada legislatura del Congreso hacer efectiva esta ley, que da luz verde a las fuerzas armadas para realizar tareas de vigilancia policial en todo el territorio mexicano.

Colectivos y organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano, manifestaron su rechazo a la Ley de Seguridad Interior y expresaron su preocupación, porque la solución del combate a la violencia no está en entregar la seguridad a los bandos militares.
Tal vez para un Presidente electo que tiene el poder absoluto, con el control del Congreso de la Unión y 20 congresos estatales con mayoría de Morena, no sea preocupante sacar una ley que busca poner la seguridad ciudadana en manos de los militares, señaló Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, quien considera que el Plan de Seguridad del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, es “un esbozo de ideas” para la militarización absoluta y la centralización del poder. En su opinión,asegura que la propuesta robustece la presencia de las fuerzas armadas en las calles.

El responsable del Observatorio Ciudadano consideró sano que el Presidente Electo exponga a la población mexicana un plan de seguridad nacional enfocado a recuperar la paz y la estabilidad social de México, pero en su lectura destaca que no es propiamente un plan de seguridad sino un programa que anuncia sus intenciones para militarizar al país.

Al respecto dijo que con esta nueva estrategia se entra en un tema esencialmente preocupante, porque la entrada de las fuerzas armadas a realizar tardeas de seguridad ciudadana empeora la situación de violencia porque inhibe que las autoridades locales puedan formar cuerpos civiles de seguridad y justicia.

La justificación de Olga

Convencida de que la propuesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador es garantía de que el país entrará en un proceso de estabilidad gradual, la ex ministra Olga Sánchez Cordero asegura que la Guardia Nacional estará integrada por policías militares, navales y federales, pero su capacitación y operación serán distintas a las del Ejército.

La nombrada titular de Gobernación durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, explicó que el ejército mexicano es para salvaguardar la soberanía nacional, mientras las policías naval, militar y federal que estarán en la Guardia Nacional, se encargarán de atender los temas de seguridad pública.

En entrevista al término de una reunión con López Obrador, expresó: “Quiero ser muy enfática en esto, es policía, policía sí militar, policía naval, policía federal, (pero) es otra capacitación, es otra manera de actuación, es totalmente distinta”.
Y agregó que la capacitación que recibirán los integrantes es para policías, por lo que es distinta, además de que se trabaja en la reforma constitucional para dar sentido a la Guardia Nacional.

Por su parte, Zoe Robledo, también nombrado como subsecretario de Gobernación a partir del 1 de diciembre, señaló que la capacitación que recibirán los policías de la Guardia Nacional será en derechos humanos, relación con las personas, con las organizaciones, lógicas de proximidad, entre otros puntos.

Wola, una organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas con sede en los Estados Unidos y presencia en los países de América Latina y el Caribe, al hablar sobre la Ley de Seguridad Interior en México, sostiene en su último informe publicado en noviembre del año pasado, que “la estrategia de seguridad militarizada ha tenido al menos tres consecuencias graves. La primera es que la violencia ha aumentado en México y las violaciones a derechos humanos son constantes; la segunda es que ha disminuido la urgencia y la presión de una reforma policial”.

El otro de los impactos que se observan a la vista, según la organización, es que la rendición de cuentas ha sido prácticamente inexistente. Los soldados que cometen delitos y violaciones a derechos humanos generalmente no responden por sus acciones, tampoco los funcionarios públicos que solicitan la presencia de soldados en sus estados o municipios, ni los líderes políticos que por décadas no se han comprometido verdaderamente a mejorar a la policía en México.

Artículo publicado el 18 de noviembre de 2018 en la edición 825 del semanario Ríodoce.

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