Por el colapso del Tiburonario de Mazatlán seguirían cayendo implicados.
Dos de los constructores, que no han sido señalados por la Fiscalía, se previnieron y promovieron amparos contra una posible orden de aprehensión y dos ex funcionarios más de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas están implicados.
El Fiscal General del Estado, Juan José Ríos Estavillo, dijo que continúan con la investigación.
Ante el Juez ya fueron llevados el ex director de Control Administrativo, Dionisio Sánchez Félix, quien fue vinculado a proceso; y el ex jefe del Departamento de Seguimiento Documental de Contratos, José Luis Ulloa Miranda, se presentó ante el Juez amparado para no ser detenido.
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Ulloa Miranda acudió al Centro de Justicia Penal para la audiencia inicial el jueves 1 de noviembre pero sus abogados pidieron al Juez una prórroga para revisar la carpeta de investigación debido a que consta de 20 tomos con más de 20 mil fojas.
El martes pasado se reanudó la audiencia inicial y los abogados solicitaron el plazo constitucional de 144 horas para aportar datos de prueba y este lunes 12 de noviembre El Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso contra Ulloa Miranda, por la asignación de contratos irregulares para la construcción del Tiburonario de Mazatlán.
El juzgador consideró que la Fiscalía presentó datos de prueba suficientes para presumir la probable responsabilidad del ex funcionario en la comisión del delito de ejercicio indebido del servicio público en perjuicio del Gobierno del Estado y la paramunicipal Acuario de Mazatlán.
En la continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público mencionó que además de Dionisio y José Luis hay otros dos involucrados que también avalaron los fallos irregulares en los que declararon ganadoras a las empresas Osuna Osuna Arquitectos y Ecosistemas de México.
Según las actas de fallo, de las que Ríodoce tiene copias, los documentos también fueron firmados por el entonces Director de Contratos, Carlos Ramón López Castro; y por el jefe del Departamento de Concursos, Armando Trujillo Sicarios.
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La Fiscalía señaló que peritos revisaron las propuestas técnicas y económicas de Osuna Osuna y Ecosistemas de México y determinaron que no cumplían con las bases del concurso de licitación ni con el Reglamento de la Ley de Obras Públicas.
Los cuatro funcionarios debían desechar las propuestas, pero las avalaron y resultaron ganadoras de los concursos de licitación para la construcción de la tercera etapa y la etapa final del Tiburonario.
El Ministerio Público, dijo que las licitaciones se hicieron “a modo”.
Mencionó que el delito se cometió de manera dolosa por los ex servidores públicos.
Detalló que para la construcción no se contaba con cálculo estructural, solo con un croquis del armado del estanque, por lo que se tuvo que solicitar una evaluación geotécnica y estructural para nuevos estudios de mecánica de suelos.
Los ex servidores públicos, indicó, eran los encargados de recibir las propuestas técnicas y económicas de las empresas participantes y revisar la viabilidad de cada una de ellas.
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Los ex funcionarios están acusados de la presunta comisión del delito de ejercicio indebido del servicio público en perjuicio del Gobierno del Estado y la paramunicipal Acuario de Mazatlán.
Con la empresa Osuna Osuna Arquitectos el contrato fue por 15 millones de pesos y con Ecosistemas de México por 19 millones 640 mil pesos.
La Fiscalía señala que el daño al erario asciende a 34 millones 640 mil pesos.
El Tiburonario fue inaugurado en diciembre de 2016 por el entonces Gobernador Mario López y en febrero de 2017 el acrílico colapsó, debido filtraciones por la falta de hermeticidad, resquebrajamiento y problemas de cimentación que no fueron observados por los contratistas.
La FGE entrevistó a los ex Alcalde, Jorge Abel López Sánchez, Alejandro Osuna Higuera y Carlos Felton Gonzalez.
Los tres dijeron en que las obras del Tiburonario fueron ejecutadas por el Gobierno del Estado.
En las audiencias, el Ministerio Público se ha referido a los involucrados que faltan por llevar ante el Juez como ex funcionarios.
Sin embargo, los dos constructores que ganaron los concursos de licitación irregulares solicitaron por separado amparos contra una posible orden de aprehensión.
De acuerdo Consejo de la Judicatura Federal, los empresarios Omar Osuna Osuna, de Osuna Osuna Arquitectos; y Antonio Roberto Becerra González, de Ecosistemas de México, tramitaron un juicio de amparo el lunes 6 de noviembre.
Los Jueces de distrito admitieron las demandas y pidieron a la Fiscalía General del Estado informe sobre la posible orden de aprehensión.
El ex titular de la Secretaría de Obras, José Luis Sevilla Suárez Peredo, también busca ampararse contra una posible orden de aprehensión.
El Fiscal General del Estado Juan José Ríos Estavillo dijo que por secrecía de la investigación no puede dar a conocer sí el ex Secretario es investigado o cuenta con un mandamiento judicial.
Artículo publicado el 11 de noviembre de 2018 en la edición 824 del semanario Ríodoce.
