Legisladores quitarán facultades a CEAPAS para regresarlas a las alcaldías
El Grupo Parlamentario de Morena preparara una contrarreforma para eliminar las nuevas facultades de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (CEAPAS) y restituirlas a las juntas municipales de agua potable, por considerar que la reforma aprobada en la legislatura anterior por la vía “fasttrack”, tuvo una clara dedicatoria al arribo de alcaldes postulados por la coalición “Juntos Haremos Historia”.
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A una semana de concluir labores la anterior Legislatura, en la cual el Grupo Parlamentario del PRI era mayoría, fue aprobada una reforma para otorgar a la CEAPAS la administración directa para la contratación y ejecución de obra pública, facultad de las juntas de agua.
El entonces grupo priista argumentó que la CEAPAS no debería limitar su actuación a la mera consulta y asesoría sobre los temas de agua potable, sino que debía abarcar también la ejecución de los programas de obras en la construcción, operación, administración, conservación, mantenimiento, economía y desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
En la exposición de motivos, el entonces diputado del PRI, José Santos Aispuro Calderón, quien apareció como promovente de la iniciativa, justificó la propuesta en el hecho de que la CEAPAS contaba con los activos suficientes para ejecutar obra sin necesidad de celebrar contratos con terceros en todos los casos, y que por tanto contaba con todas las condiciones materiales para administrar en forma directa su ejecución.
La propuesta se contraponía con lo mandatado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, específicamente en el artículo 92, que señalaba la limitante a los organismos públicos descentralizados dedicados a la conservación y mantenimiento en vía de comunicación.
Para hacer posible las nuevas facultades de la CEAPAS, se incluyó en la reforma una ampliación del espectro de obra pública a ejecutarse por administración directa e incluir los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
La reforma se operó ágilmente: Fue aprobada el día 24 de septiembre y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa el día 26, para entrar en vigor al día siguiente.
En un artículo transitorio incluyó un párrafo en el que se especifica que para el 2018, la obra pública programada y autorizada por la CEAPAS que no hubiere sido licitada o adjudicada, podía ser administrada en forma directa para que a su vez la Secretaría de Administración y Finanzas asignara los recursos correspondientes.
En la sesión extraordinaria en la que se aprobó por mayoría la reforma, el entonces diputado del PAN, Zenén Xóchihua Enciso, cuestionó que la reforma atentaba contra la autonomía municipal, protegida tanto por la Constitución federal como local, en la cual se establece además que los servicios de agua potable y alcantarillado están a cargo de los municipios.
Otro punto señalado era que a través de las Juntas de Agua Potable, el IVA de las inversiones en obra pública se recuperaba para las arcas del municipio.
Por lo anterior, el panista enfatizó que la reforma iba en contra de toda la lógica y uso de la inteligencia, en detrimento de los intereses de la Juntas de Agua Potable: “Esto es una clara intromisión en las decisiones y en las potestades que tienen los ayuntamientos”.
El también entonces diputado panista Esteban Alejandro García Castro cuestionó la reforma, porque contemplaba la administración directa de la obra que en 2018 no hubiese sido licitada: “No tenemos vergüenza de plano; tenemos años dándole en contra a las adjudicaciones directas, todo se hace por concurso de tres personas, por lo menos hay requisitos que cumplir para que esa obra sea asignada a las personas más competitivas, que tengan y cumplan con la capacidad de llevar a cabo esas obras, y que vengamos ahora a proponer adjudicaciones directas, parece una broma de mal gusto”, señaló también al calor del debate antes de la votación de la reforma.
En tribuna, el panista anticipó que cuando llegara la mayoría de Morena la reforma se echaría para atrás, por ir en contra de todos los cánones de transparencia y rendición de cuentas.
Y adelantó otro escenario: “Les voy a decir qué otra cosa va a pasar, el gobernador Quirino Ordaz con su facultad legal va a darle dos veces veto a esta ley, Morena la va a volver a meter y se va a tener que mandar a publicar y van a hacer lenta su publicación para poder asignar a sus amigos y a esos proveedores de la lista de amigos, hasta que ya adjudiquemos todas las obras y ya que tengamos los contratos elaborados para quedarse con ese 30 por ciento que todo mundo conoce que pasa aquí en el Estado y es lo que tiene así de amolado al Estado de Sinaloa”.
Morena también el día de la votación de la reforma objetó la propuesta en voz del entonces diputado Jesús Baltazar Rendón Sánchez, quien señaló que no estaban de acuerdo porque veía que el gobierno estatal quería sacar ventaja para adjudicarse las facultades de las juntas municipales de agua potable, las cuales quedarían solamente con autorización para cobrar el servicio.
La propuesta fue calificada por el morenista como una intromisión del gobierno estatal que buscaba concentrar la contratación y ejecución de obra pública.
“¿Busca el Gobernador dar a sus amigos los contratos? ¿Por qué la premura de estas iniciativas, cuando se puede dejar a la próxima Legislatura? No señor gobernador, nosotros no seremos cómplices de sus acuerdos con sus amigos empresarios, no solaparemos más que este gobierno no funcione y actúe bajo protección de sus amiguitos”, aseguró.
La reforma fue aprobada por mayoría con el voto en contra del Grupo Parlamentario del PAN, Morena y el diputado del PRD, Efrén Lerma.
En el Grupo Parlamentario de Morena prevalece la idea de que la reforma buscó proteger a los constructores que venían operando con las juntas municipales de agua potable, pero que verían afectados sus intereses cuando llegaran los alcaldes de Morena en Navolato, Guasave, Mazatlán y Culiacán, donde se encuentran los organismos paramunicipales de mayor presupuesto.
La líder de la bancada de Morena, Graciela Domínguez Nava, adelanta que en breve presentarán una contrarreforma para dejar sin efecto las atribuciones que la anterior legislatura le otorgó a la CEAPAS, organismo público descentralizado en el que recientemente el gobernado nombró como titular a Juan Ernesto Millán Pietsch, hijo del ex gobernador Juan Millán Lizárraga.
Confió que al no tratarse de una reforma constitucional, no será complicado dejarla sin efecto.
La reversa a reforma ‘antiaborto’
Desde antes de tomar protesta, el Grupo Parlamentario de Morena ya había anticipado que buscaría revertir la reforma constitucional al artículo 4 bis que protege al individuo desde la concepción, la cual fue aprobada por la anterior Legislatura en los últimos días en una sesión extraordinaria.
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La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Graciela Domínguez Nava, había descalificado que la anterior Legislatura realizara en septiembre sesiones extraordinarias para expedir leyes y reformas a toda prisa, que requerían un tiempo de mayor análisis por sus implicaciones jurídicas, como fue la reforma “antiaborto”.
Como se había anunciado, el grupo mayoritario de Morena fue respetuoso de los procedimientos legislativos, así cuando regresó al Congreso del Estado el sentido de la votación de los cabildos, por tratarse de una reforma constitucional, remitió la reforma para su promulgación al gobernador.
Previamente, la diputada de Morena, Emilia Guerra, exhortó al gobernador desde tribuna a que no publicara la reforma, en respeto de las posiciones en contra expresadas por colectivos de mujeres.
Al promulgar el gobernador la reforma y con ello su entrada en vigor, Morena inició el camino para buscar revertir por la vía jurídica la “ley antiaborto”.
Morena hizo uso de su mayoría para aprobar, pese a la oposición del PAN y del PRI, un punto de acuerdo para promover una acción de inconstitucionalidad sobre la reforma.
En voz del diputado Pedro Alonso Villegas Lobo, el Grupo Parlamentario de Morena argumentó que dicha reforma constitucional impone a las mujeres la obligación legal de tener un hijo, concebido accidentalmente o por descuido, equiparando el error a causa juzgada, violentando con ello los derechos reproductivos establecidos en la Constitución federal y en diversos tratados y convenciones internacionales sobre sus derechos humanos y el libre desarrollo de su personalidad.
En el punto de acuerdo se estableció exhortar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a promover la acción de inconstitucionalidad contra la reforma del artículo 4 bis, al condenar a la mujer por su condición sexual, a tener hijos no deseados, mediante la imposición legal al embarazo y consiguiente maternidad forzada.
Ley de Residuos, otra reversa en camino
Aunque todavía no existe una posición definida al respecto, el Grupo Parlamentario de Morena analiza actualmente el contenido de la Ley para la Prevención y Gestión Integral y Residuos del Estado de Sinaloa, aprobada en una sesión extraordinaria una semana antes de concluir la anterior Legislatura.
Cuando se discutió la propuesta, previo a su aprobación por la mayoría del Grupo Parlamentario del PRI en la anterior Legislatura, el entonces diputado del PAN, Alejandro García Castro, criticó que la referida ley buscaba privilegiar el negocio de unos particulares, de una ley que debía promover el reciclado y evitar vertedero ilegal de residuos sólidos.
A la postura del diputado del PAN se sumó el Grupo Parlamentario de Morena, y advirtió que antes que terminara esa Legislatura se estaba buscando sacar esa ley para buscar cobrar un impuesto por la recolección de basura.
Explicó que la iniciativa planteaba que una vez recolectada la basura, los desechos serían propiedad de un concesionario de la basura que el gobierno estatal definirá por 25 años, en lugar de promover el reciclado entra la población, quienes generarían recursos que podrían ser destinados a rubros como la educación.
Advirtió que dentro la Ley se faculta a los Ayuntamientos la posibilidad de solicitar al Congreso del Estado tarifas para la prestación de los servicios del manejo integral de los residuos sólidos urbanos.
La ley fue entonces aprobada por mayoría, gracias al voto de los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza (PANAL) y Verde Ecologista (PVEM).
Artículo publicado el 4 de noviembre de 2018 en la edición 823 del semanario Ríodoce.
