El fraude del funcionario de Sedesol por caso de colchones

carlos castro

Después de las desgracias que causó la tormenta 19-E, sobrevino la burla del gobierno para miles de damnificados

Los colchones podridos que distribuyó Gobierno del Estado a damnificados de la tormenta 19-E le costaron 2 millones 970 mil pesos y fueron comprados a una empresa de Guadalajara y a un amigo del coordinador administrativo de Sedesol estatal, Carlos Castro Olivas.

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Ni la empresa ni la persona física se dedican a la venta de colchones.

El funcionario fue detenido el jueves por la tarde y presentado ante el Juez de Control el viernes pasado en el Centro de Justicia Penal de la Región Centro.

En la audiencia inicial, la Fiscalía dio a conocer que los pagos fueron irregulares y a sobreprecio, además de que se puso en riesgo la salud de las personas que usaron los colchones.

Carlos Castro Olivas está imputado por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas en perjuicio del servicio público y la sociedad.

De acuerdo con la Fiscalía, el funcionario hizo una transferencia electrónica por un millón 350 mil pesos a la empresa El Mariachi SPR de RI, con sede en Guadalajara, y dos más para su amigo Francisco Benjamín Landgrave Buelna, una por un millón 350 mil pesos y otra por 270 mil pesos.

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A los dos proveedores les compraron 2 mil colchones que resultaron ser usados y tenían cabellos, hongos y manchas de orines.

El fiscal señaló que ante la contingencia por las lluvias del pasado 20 de septiembre, la Secretaría de Administración y Finanzas transfirió 25 millones de pesos a Sedesol estatal para la compra de colchones, kits de limpieza, despensas y otros artículos de primera necesidad.


Dijo que en una reunión de funcionarios estatales, se comisionó a la Subsecretaria de Planeación Económica de la Secretaría de Economía, Morayma Yaseen Campomanes, para que buscara proveedores que ofrecieran colchones de buena calidad y a precios accesibles.

Los primeros colchones fueron comprados a Coppel y a Valdez Baluarte, pero no tenían los suficientes para satisfacer la cantidad que requerían.

Fue entonces que Carlos Castro Olivas se propuso buscar proveedores en Guadalajara y eligió a El Mariachi y a su amigo Francisco Benjamín y fueron los colchones que resultaron usados.

Los 2 mil colchones llegaron a Culiacán el 11 y 12 de octubre y fueron guardados en las bodegas de la empresa Serdi, propiedad del padre del funcionario y repartidos en los días siguientes.

Uno de los trabajadores de Sedesol dijo que no se percataron del mal olor de los colchones, pero sí que algunos estaban húmedos y pesaban más que los demás.

Cuando pretendían entregar colchones a trabajadores del Ayuntamiento para que los repartieran, señaló, no quisieron recibirlos porque estaban húmedos.

El lunes 15, los vecinos denunciaron que los colchones estaban revestidos y eran usados.

De acuerdo con el Fiscal, el secretario de Desarrollo Social, Raúl Carrillo Castaño, presentó denuncia contra Carlos por ser el responsable de la compra.

Compañeros de trabajo de Carlos dijeron en entrevistas con agentes investigadores que después de que se dio a conocer que los colchones eran reciclados, ya no se presentó a trabajar.

Una de las trabajadoras de Sedesol declaró que cuando se enteró del problema de los colchones mandó mensaje a Carlos y solo le respondió “todos los problemas tienen solución, menos la muerte”.

La defensa de Carlos aseguró que tras darse a conocer que los colchones eran usados, el funcionario no se escondió, sino que fue a Guadalajara a buscar a los proveedores y siempre estuvo en contacto vía telefónica con el titular de Sedesol.

Incluso, aseguró, en la carpeta de la investigación la Fiscalía incluye un mensaje en el que Carlos le dice al Secretario: “Lic. Voy en camino a Guadalajara a resolver la situación con el proveedor”.

La Fiscalía indicó que Carlos era la única persona que tenía acceso a la cuenta bancaria de Sedesol desde la que se hicieron las transferencias.

Los abogados del funcionario pidieron al Juez de Control un plazo de 144 horas para presentar datos de prueba a favor del imputado.

La audiencia inicial continuará el próximo martes y ahí el Juez decidirá si lo vincula a proceso o dicta auto de no vinculación.

El Fiscal pidió al Juez prisión preventiva para el funcionario pero la defensa alegó que no tenía intenciones de irse pues tiene arraigo en Culiacán, además de que fue detenido en la carretera cuando regresaba a Culiacán, después de haber acudido a Guadalajara a buscar a los proveedores.

El Juez de Control dictó libertad provisional, la cual tendrá hasta el próximo martes, donde si es vinculado a proceso, la Fiscalía volverá a solicitar medidas cautelares para evitar que se dé a la fuga.

Al terminar la audiencia, Carlos salió del Centro de Justicia Penal acompañado de sus abogados y familiares.

Artículo publicado el 21 de octubre de 2018 en la edición 821 del semanario Ríodoce.

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