Demandan a diputados que impidieron juicio político contra Sergio Torres

sergio torres con irma 3
SERGIO TORRES. Con amigos en el Congreso.     

Desde su presentación, los solicitantes del Juicio Político contra el ex alcalde Sergio Torres Félix, por la implementación del Par Vial,  esperaban que no prosperara, no porque a los ciudadanos no les asistiera la razón, sino porque sabían que se buscaría protegerlo en el Congreso del Estado.

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El activista Gabriel Campos Beltrán, uno de los ciudadanos que en forma colectiva presentó la denuncia, adelanta que ahora se preparará una demanda de juicio político contra quienes en el Congreso del Estado impidieron que se le diera curso a la del ex presidente.

La denuncia elaborada por integrantes del Grupo Colectivo Zona Norte, encabezado por el activista Gabriel Campos Beltrán, fue presentada hace casi dos años, el 12 de octubre de 2016, pero no se le había dado el trámite que señala la Ley Orgánica del Congreso del Estado, independientemente de que prosperara o fuese desechada.

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El expediente de Juicio Político contra Sergio Torres fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, pero ésta, en lugar de despacharlo en un plazo de 30 días como señala la Ley Orgánica del Congreso del Estado, envió prácticamente el caso a la “congeladora legislativa”.

La Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación era presidida por la diputada del PRI, Irma Moreno Ovalle, quien se había desempeñado como síndica procuradora en el gobierno municipal de Sergio Torres Félix.

Pese a estar impedida de pertenecer a la referida Comisión, continuó al frente de ésta y se colocó en una situación de conflicto de interés para atender la denuncia de Juicio Político.

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Producto de la inmovilidad en la que se había condenado la denuncia de Juicio Político contra Sergio Torres, los denunciantes optaron por presentar un juicio de amparo  (991/2016) y luego un recurso de queja asentado en el expediente 266/2016, registrados en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito.

En audiencia constitucional del Poder Judicial de la Federación se determinó: “Son fundados los conceptos de violación pues como bien lo refiere la parte quejosa la autoridad responsable ha omitido continuar con el trámite de juicio político, no obstante de que ha transcurrido el plazo que tuvo para ello”.

La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, representada por Roberto Cruz y la Comisión de Puntos Constitucionales presentó un recurso de revisión, sin embargo no procedió y se dio la razón a los denunciantes quienes señalan haber sido afectados por no haberse dado trámite a su expediente.

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Producto de los recursos presentados, el Supremo Tribunal de Justicia emite un acuerdo el día 10 de julio 2018 para que en un plazo de 10 días, cumpliera con dar trámite y seguimiento a la denuncia de Juicio Político en contra de Sergio Torres por la implementación del Par Vial, presentado por Gabriel Campos.

Sin embargo, la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación no dio trámite a la denuncia de Juicio Político. En consecuencia el día 7 de agosto de 2018, la Suprema Corte de Justicia da un plazo, ahora improrrogable de tres días legales computados para que cumpla lo ordenado y exige remita las constancias que así lo acrediten, y advierte que en caso contrario serían multados con 100 unidades de medida, y sería remitido el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para que se aplique el trámite de inejecución que podría culminar con la separación del puesto y consignación.

El documento añade el mandato para que el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado ordene cumplir con la ejecutoria, de lo contrario le serían aplicadas también las medidas de apremio.

GABRIEL CAMPOS. Exige juicio político.

Apercibidos por el Supremo Tribunal de Justicia, la Comisión referida se vio obligada a dar trámite al caso. El día 5 de septiembre presenta al Pleno la sustitución de Irma Ovalle y dos días hábiles más tarde desecha la denuncia, no una sino dos solicitudes de juicio político presentado por el mismo asunto del Par Vial contra Sergio Torres.

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La referida Comisión presenta la determinación del caso en una reunión en la que argumenta que se debe desechar la denuncia porque debió haberse presentado al Ayuntamiento de Culiacán o el Cabildo, no contra el presidente municipal. Otro argumento es que la decisión del Par Vial fue colegiada en una reunión de cabildo; y que el alcalde no está facultado para mover rutas de camiones urbanos.

Con la votación de la mayoría se da carpetazo al asunto y se desecha la denuncia de Juicio Político. Votan a favor las diputadas del PRI, Emma Karina Millán Bueno, Elsy López Montoya y Fernanda Rivera Romo; y por el PAS, José Rodolfo Lizárraga Russell. Vota en contra el diputado del PAN, Juan Pablo Yamuni Robles, quien solicita se integre en la determinación sus argumentos.

“Ni siquiera leyeron el expediente”, afirma el activista social Gabriel Campos, al advertir que seguirá en su lucha por diversos frentes.

La denuncia

En la denuncia los ciudadanos organizados solicitan se aplique el Juicio Político contra el alcalde de Culiacán, Sergio Torres, contemplado en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, porque a partir del día 2 de enero de 2016 inició obras para  hacer de doble sentido la avenida Álvaro Obregón.

El entonces alcalde, señalaron los denunciantes, trasgredió las leyes y planes vigentes porque no era una autoridad competente para modificar el sentido vehicular de las calles y avenidas primarias, por lo que “de manera ilegal y arbitraria que lo hizo, ha incurrido en responsabilidad política”.

En sus argumentos citaron que no es el alcalde, sino el Ejecutivo Estatal a través de la Dirección General de Tránsito y Transportes, la que tiene esa facultad.

La denuncia de Juicio Político agrega que Torres Félix violó el derecho de audiencia de los ciudadanos de Culiacán previsto en la Ley de Desarrollo Urbano de Sinaloa, para modificar el Plan Director de Desarrollo Urbano de Culiacán.

Otros de los puntos anexados fue que el ex alcalde hizo un uso indebido de recursos públicos de la federación que no estaban destinados para el Par Vial, y que modificó las rutas de los camiones urbanos de pasajeros, lo que tradujo en una usurpación de funciones.

Artículo publicado el 16 de septiembre de 2018 en la edición 816 del semanario Ríodoce.

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