Con solo un informe policial y una declaración ministerial como pruebas, la Fiscalía General de Justicia llevó ante una jueza a cuatro agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP).

Para el Agente del Ministerio Público Macario Ochoa Ruiz, adscrito a la Unidad Especializada Antisecuestros, ambos elementos eran suficientes para vincular a proceso a los policías por el delito de extorsión.

Para la Jueza de Control y Enjuiciamiento Sara Bruna Quiñónez, la Fiscalía no presentó datos de prueba con los que se pueda presumir que los policías cometieron la extorsión y consideró que fue una investigación deficiente.

En audiencia celebrada el miércoles pasado, la Juzgadora dictó auto de no vinculación a proceso y levantó la prisión preventiva impuesta a los policías el sábado 1 de septiembre, por lo que al terminar la sesión obtuvieron su libertad.

Los cuatro policías fueron detenidos el 29 de agosto en la sindicatura de San Pedro, en Navolato, cuando presuntamente extorsionaban a cuatro hombres, a quienes habían detenido con mariguana y supuestamente les pidieron 4 mil pesos para dejarlos en libertad.

En la audiencia del miércoles declararon los policías imputados y dos agentes municipales que detuvieron a los estatales.

Las supuestas víctimas fueron llamadas a declarar pero no acudieron.

Además, la defensa de los policías presentó una declaración por escrito del director de la PEP, Carlos Alberto Leyva Hernández, en la que narra que el día de la supuesta extorsión uno de los agentes acusados le marcó a su celular en dos ocasiones pero no pudo contestar y minutos después él regresó la llamada y el policía le dijo que habían detenidos a tres hombres.

La Jueza indicó que la teoría de la Fiscalía de que estaban cometiendo un delito no se justifica.

Señaló que la Fiscalía, en la carpeta de investigación solo incluyó el informe policial de los agentes que arrestaron a los estatales y la declaración ministerial de solo uno de los cuatro acusados.

El Ministerio Público, detalló, ni siquiera hizo el intento por entrevistar a las supuestas víctimas, tampoco hay evidencia del dinero que una de las supuestas víctimas llevaba para pagar la extorsión y no tomó declaración ministerial a todos los imputados, solo a uno.

La Jueza mencionó que uno de los policías municipales que declaró en la audiencia dijo que la víctima que denunció la extorsión refirió que llevaba el dinero que sus compañeros le habían pedido y nunca menciona que fueron los estatales los que lo solicitaron.

Detalló que de todas las declaraciones se desprende que cuando los agentes tenían a los detenidos en la patrulla, nunca abandonaron la carretera Culiacán-Navolato y la lógica y experiencia indican que si estuvieran cometiendo un delito se habrían internado a alguna brecha o poblado y no hay evidencia de que lo hayan hecho.

Además, dijo, en su declaración el director de la PEP menciona que los agentes le comunicaron la detención.

La Jueza dijo que no pasa desapercibido que cuando los estatales fueron detenidos por los municipales en el lugar estaban las supuestas víctimas y la droga que presuntamente traían.

Al lugar llegó el director de la Policía Municipal de Navolato Sergio Lagunes Inclán, quien en lugar de detener a las supuestas víctimas por posible delito contra la salud, los dejó en libertad, señaló.

La juzgadora mencionó que la Fiscalía puede continuar con la investigación y ejercitar acción penal nuevamente.
Tras dictar el auto de no vinculación a proceso los cuatro policías obtuvieron su libertad.

De acuerdo con la versión de la Fiscalía, la tarde del 29 de agosto en la sindicatura de San Pedro, los agentes detuvieron a cuatro hombres que circulaban en un vehículo en posesión de dos bolsas y un cigarro con mariguana.

Supuestamente, los policías les pidieron 4 mil pesos para no ponerlos a disposición del Ministerio Público y liberaron al conductor del vehículo, quien es maestro de la UAS, para que consiguiera el efectivo.

Cuando el maestro regresaba de Navolato a San Pedro con el dinero, interceptó una patrulla con agentes municipales y les dijo que los estatales los estaban extorsionando.

Los municipales dieron aviso al director de la corporación, quien les dijo que se acercaran al lugar y que él también llegaría ya que estaba cerca.

Los policías, el director y su escolta llegaron al sitio donde tenían a los civiles retenidos y detuvieron a los agentes de la PEP y los pusieron a disposición del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada Antisecuestros.

En la declaración que rindieron ante la Jueza, los policías acusados dijeron que se dirigían a comprar comida a San Pedro cuando fueron alcanzados por un automóvil a exceso de velocidad, con los vidrios polarizados y sin la placa delantera, por lo que le mercaron el alto.

Durante una revisión corporal, a uno de los ocupantes le hallaron una bolsa con 8 gramos de mariguana, a otro una bolsa con 18 gramos y al tercero un cigarro del mismo enervante.

Al conductor, quien es maestro de la UAS en Navolato, no le encontraron sustancias ilícitas y dijo que él solo le había dado raite a los otros tres, por lo que fue puesto en libertad.

Según los agentes, cuando circulaban con los detenidos en la patrulla rumbo a la base de la PEP, se encontraron con el vehículo de Lagunes Inclán y les hizo cambio de luces para que se detuvieran.

Los policías se pararon y el director de la Policía Municipal los cuestionó qué estaban haciendo en su municipio, quien les había autorizado estar ahí, por qué andaban deteniendo gente en su jurisdicción y empezó a hacer llamadas telefónicas.

De acuerdo con los elementos el funcionario llegó gritando y en actitud prepotente e intentaron explicarle lo sucedido, pero no los dejaba hablar.

Según los policías, Lagunes Inclán habló con los detenidos y sugirió que dijeran que los estatales los estaban extorsionando.

Los tres detenidos fueron dejados en libertad por el director de la corporación y los cuatro estatales llevados a la Agencia del Ministerio Público donde quedaron detenidos.

Artículo publicado el 9 de septiembre de 2018 en la edición 815 del semanario Ríodoce