Manos criminales intentaron incendiar por segunda ocasión la choza que familias pobres demandantes de un pie de casa levantaron en la acera principal de la sede de los poderes municipales en Ahome.

El acto incendiario es el segundo que se perpetra en siete meses de protesta. En ningún caso resultaron personas lesionadas, aunque la primera ocasión dos mujeres sufrieron una leve intoxicación por inhalar el humo que produjo la quema de un vinil.

El segundo atentado ocurrió con 25 minutos de duración el domingo 19 de agosto de las 19:03 horas a las 19:30. Durante éste, sólo se encontraba de guardia María Teresa Loya, quien no pudo percatarse del sabotaje por encontrarse en el extremo oriente de la choza. La parte poniente del plantón fue la que ardió. Loya apagó el fuego a baldazos de agua.

Un policía municipal que por coincidencia es el mismo que estuvo de guardia en el primer ataque, no apoyó a sofocar el fuego.

Los precarios demandaron la revisión de las cámaras de seguridad, pero no les permitieron ver la filmación. Solamente fueron atendidas por un oficial que las culpó del acto incendiario y dijo que había sido un auto sabotaje para victimizarse.

Aidee Soto Martínez, líder de la Asociación Civil “Sector ciudadano en defensa al derecho de tener una vida digna” dijo que por los hechos se interpuso una denuncia en la Vicefiscalía de Justicia en la Zona Norte, pero no hay avance en la investigación.

Lo mejor que pudieron conseguir fue el apoyo de protección a víctimas, pero es infuncional.

Dijo que ambos casos son extraños porque suceden en la víspera en que la policía no está y cuando los precarios de guardia están desamparados.

Ante los hechos y la insinuación de policías de que es un auto atentado, los integrantes de la asociación acordaron reforzar las guardias con mayor asistencia para no dejar solos a compañeros.

Soto Martínez mencionó que exponer a las personas y familias completas a ataques de terceros es una táctica del gobierno municipal actual para desinflar las protestas sociales a ofertas de gobierno incumplidas, o bien responsabilizarlos de ataques, como se ha repetido en los siete meses en que han mantenido la choza a las afueras de la sede gubernamental y a la vista de todos.

Afirmó que por ningún motivo se moverán del lugar, pues ya las han obligado a mojarse en chaparrones, intoxicarse en actos incendiarios y a sufrir calor de hasta 41 grados centígrados y otros malestares menores como son las picaduras de insectos.

Aseguró que en tanto el alcalde Manuel Urquijo Beltrán no cumpla con la entrega de las viviendas que según ellos ya compraron, las protestas continuarán.

Para la lideresa, el caso de familias sin seguridad social es un problema que los gobiernos ocasionaron y para el que no tienen solución a corto plazo, empeorando con ofertas imposibles de cumplir o promesas al vapor.

Gorgonia Silva Gualizapa, otro líder de precarios pero del Comité Único de Vivienda de Topolobampo, afirmó que las familias desposeídas están en pie de lucha para que el gobierno los respalde con un lote en donde edificar una casa. “Todos los intentos han fracaso en la burocracia oficial, pero ya estamos hartos y saldremos a las calles para demostrar la inconformidad. Todos los gobiernos se tiran la ‘bolita’, y al final los perjudicados son los colonos, cuya necesidad se convierte en el jugoso negocios de familias ligadas al poder público”.

Silva Gualizapa dijo que el acaparamiento de familias de ricos o de instituciones del gobierno de los pocos terrenos que existen en el puerto es la prueba plena de que negociar con las demandas de las multitudes deja dividendos monetarios.

Según el secretario de la comuna, Juan Garibaldi Gámez, el ayuntamiento ya adquirió 30 casas que fueron subastadas por el Infonavit. Estas están en proceso de rehabilitación pues se encontraban muy deterioradas: sin cables, accesorios, tubería de agua, protecciones en ventanas y sin puertas. Los enjarres dañados y la pintura desecha.

“Hasta en tanto no sean remozadas, las casas no se entregarán a los precaristas que para obtenerlas habrán de firmar un comodato a 10 años con pagos congelados. Las casas tendrán un valor alzado, por abajo del costo real pues se trata de un programa de vivienda para personas sin empleo fijo o de escasos recursos económicos”.

Las viviendas se ubican en distintos puntos de la ciudad porque fueron casas requisadas por el instituto de vivienda cuando sus clientes cayeron en cartera vencida. La adquisición fue mediante subasta pública.

Ataques incendiarios
23 de abril 2018
19 agosto 2018