Demandan a abogados y advierten que no descansarán hasta alcanzar justicia

“No vamos a descansar hasta que esto quede resuelto”, advierten tres desarrolladores inmobiliarios que el 12 de diciembre de 2017 presentaron demanda por el presunto delito de “extorsión” contra David Cristóbal Álvarez Bernal, Daniel Eduardo Tenorio Arce, Jacqueline Raquel Mora Peraza, así como la Asociación Civil denominada Unidos Sumamos Mas, A.C.

El recurso del método

Desde las administraciones de Alejandro Higuera Osuna y Carlos Felton González, y la que preside Joel Bouciéguez Lizárraga, el Despacho David Álvarez y Asociados ha interpuesto juicios de Amparo contra la expedición de uso de suelo y licencias de construcción aparentemente violatorias del Plan Director de Desarrollo Urbano y el Reglamento de Construcción Municipal.

En ese contexto, uno de los asesores legales de los desarrolladores inmobiliarios acusa que el abogado David Álvarez, argumentando que se está violentando el vivir en un ambiente sano y cuestiones del reglamento de construcción, sin tener razón, pide que se cancelen y derrumben las obras.

Señalan que el abogado opera mediante la legislación de transparencia de Sinaloa, pidiendo información de los desarrollos que se están realizando en el puerto.

Sostienen que una vez que ya tiene vistas quienes van a ser sus víctimas, el departamento de Planeación le pide al desarrollador la información y le sugiere que vaya al despacho de David Álvarez y Asociados para que desista la demanda.

Cuando los inmobiliarios se acercan a dicho Despacho, aseguran que éste les pide dinero para retirar dicha demanda, cerrando de esa manera la pinza de la “extorsión”.

La denuncia

La denuncia se presentó el 12 de diciembre del año pasado y fue sometida al proceso de aportación de pruebas y declaraciones de querellantes y testigos.

El 15 de agosto, Carlos Rivera Vega, Carlos Castañón Pariente y Carlos Escobar Sánchez fueron con el vicefiscal de la Zona Sur, Cruz Alejandro Flores Salazar, para preguntarle sobre los avances de la denuncia y el funcionario judicial aseguró que el trámite está corriendo en tiempo y forma.

Rivera, Castañón y Escobar son representantes legales de “Rivera Inmobiliaria, Sociedad Anónima de Capital Variable; “Amura Inmobiliaria, Sociedad Anónima de Capital Variable; y “Construcciones y Arquitectura del Pacífico, Sociedad Anónima de Capital Variable”, respectivamente.

“Nos los explicaba el vicefiscal, que por los nuevos sistemas de cómo se lleva la legislación y lo demás, ya cuando se pasa ante el juez ya debe ir todo armado, porque son juicios orales y ya no da lugar a que algo no esté complementado”, comentan los denunciantes.

Sostienen los tres constructores que la denuncia contra los arriba mencionados no la van a dejar porque daña no solamente a tres, sino a todo el sector inmobiliario y tienen que resolverlo, pues la “extorsión” no debe seguir.

“Nosotros queremos que se arregle, queremos que no exista esa contingencia para la inversión”, claman los constructores mazatlecos.

El martes 23 de julio, los integrantes de la Asociación Mexicana de  Profesionales Inmobiliarios (AMPI) se reunieron con el alcalde electo Luis Guillermo Benítez Torres, a quien le expusieron la problemática del gremio.

En esa reunión, donde se hizo pública la denuncia de los inmobiliarios, también se le pidió al alcalde electo que durante su gestión se eliminara la corrupción que se genera cuando acuden a realizar trámites al gobierno municipal.

“El caso de las mochadas eso les congela el proyecto, por ahí no habrá ningún problema, pero sí vamos a cumplir con las normativas para todos, porque si no, no avanzamos; acuérdense que están sufriendo por la deshonestidad de varios gobernantes que han permitido obras que no deberían de haberse construido, estoy dispuesto a hacer lo que se tenga que hacer”, dijo.

Benítez se comprometió a digitalizar las gestiones, pero mientras no exista ésta, para evitar el trato directo con los funcionarios públicos, se hará mediante licencia Express para que no haya problema y se agilice la construcción.

El mismo 23, el abogado David Álvarez Bernal, socio director del Bufete Álvarez y Asociados, A.C., envió una carta al presidente municipal electo, donde rechazaba las acusaciones de extorsión y conjeturaba su origen.

“Sospechamos que lo que han hecho esos integrantes de la AMPI obedece a instrucciones del Gobierno del Estado y/o Gobierno municipal…”, alegaba.

“Las denuncias no van en contra de ninguno de los desarrolladores sino contra la autoridad municipal que en su momento expidió los permisos de construcción de manera ilegal”, explicaba.

 Artículo publicado el 26 de agosto de 2018 en la edición 813 del semanario Ríodoce.