Jinotepe (Nicaragua).- El estudiante de 27 años regresaba a casa luego de estar en el velorio de un amigo, muerto durante una de las acciones represivas lanzadas por fuerzas leales al gobierno nicaragüense, cuando le anunciaron que también habían matado a su cuñado, un comerciante de 45 años que estuvo semanas ayudando a los jóvenes que mantenían bloqueos y barricadas en Jinotepe, 40 km al sur de Managua, para exigir la salida del presidente Daniel Ortega.

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Todavía se estaba limpiando las lágrimas, con la puerta de su casa abierta, cuando un hombre vestido de negro le encañonó. “Si te mueves te mato”, escuchó.

En un abrir y cerrar de ojos estaba arriba de una camioneta con otros cinco encapuchados. Su hermana corrió detrás preguntando por qué se lo llevaban. “Por golpista”, le gritaron. Lo tumbaron boca abajo, le taparon la cabeza y le comenzaron a golpear con la culata de un fusil.

Cuando le descubrieron la cara, estaba en la comisaría de policía. Dos días después de insistentes interrogatorios, más golpes y de ponerle “a tocar tiros”, es decir, a palpar armas para que sus huellas quedaran en ellas, le pusieron en libertad. A la mañana siguiente huyó. Hoy teme que cualquier día vuelvan por él.

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El arresto de “Juan” —nombre ficticio por su seguridad—, tuvo lugar el 9 de julio, un día después de la “operación limpieza” que realizaron las fuerzas oficialistas con unos 2 mil hombres en Jinotepe para quitar las barricadas y bloqueos levantados por los estudiantes y que mantuvieron cortado el tráfico durante semanas en la estratégica carretera Panamericana.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), una de las ONG más prestigiosas del país en el ámbito internacional, indicó que la operación —durante la cual se cortaron los servicios de agua, luz y teléfono— dejó 22 muertos en esa ciudad y en ella se utilizaron armas de uso militar como ametralladoras PKM y lanzacohetes RPG-/7 de fabricación soviética. El Cenidh dice que hay más cadáveres, pero que debido a la presencia armada en la zona no han podido confirmar nueva información.

A juicio de “Juan”, lo que ocurrió ese día fue “una carnicería”.  Su amigo y su cuñado son dos de sus víctimas.

Según el relato de dos testigos distintos recopilado por la viuda, a su esposo lo dieron un tiro en una pierna, gente encapuchada.

“Los parapolicías lo patearon, lo rodearon entre varios y se lo llevaron como chancho pero con vida”, explicó la mujer.  “Había sangre chorreada por toda la cuadra”.

Lo siguiente que supo fue que estaba en la morgue de Managua.

Según los últimos datos del Cenidh, en menos de cuatro meses de crisis ya hay más de 300 muertos (que otras organizaciones elevaban a casi 450), 2 mil heridos y se denunciaron más de 2 mil detenciones arbitrarias y 180 desapariciones, cifras enormes para un país de 6 millones de habitantes. De todas esas personas, al menos 380 siguen presas y, de ellas, 138 están siendo procesadas por delitos graves y en torno al 80 por ciento han denunciado malos tratos o torturas. Un total de 14 siguen desaparecidas.

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Un grupo de expertos de la ONU pidió esta semana al gobierno de Ortega poner fin a lo que calificó como una “caza de brujas”, una política destinada a “erradicar las condiciones estructurales que apoyan la existencia de voces opositoras y críticas” y que ha conllevado acosos, detenciones, ejecuciones extrajudiciales, homicidios y denuncias de desapariciones forzadas que deben ser investigadas “con la debida diligencia”.

También demandó al ejecutivo que desmovilice a los grupos paramilitares, algo que la Alianza Cívica, que agrupa a todos los sectores sociales de oposición, ha pedido que sea supervisado por la ONU y la OEA.

El ejército, mientras tanto, mantiene un “silencio cómplice”, dice el académico y experto en temas de seguridad y defensa, Roberto Cajina, “preocupado de buscar cómo sobrevivir a esta crisis, sin que la crisis le arrastre” y de que no se vean afectadas sus millonarias inversiones en la bolsa de Nueva York, realizadas a través del Instituto de Previsión Social Militar y empresas afines.

Fuerza enmascarada

El gobierno de Daniel Ortega ha utilizado dos estructuras básicas para poner en marcha toda esta represión, coinciden los expertos. La más peligrosa, a la que los nicaragüenses no estaban habituados y a la que ha señalado como principal responsable de violaciones a los derechos humanos,  es una fuerza heterogénea e irregular de civiles armados, conocidos con el nombre genérico de paramilitares, que actúan con la cara tapada. La otra son las organizaciones vecinales que son los ojos y oídos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en cada barrio: los llamados Consejos del Poder Ciudadano.

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Nada más comenzar las protestas de los jubilados contra una reforma del seguro social el pasado 18 de abril, Ortega optó por la mano dura pero la represión ejercida por policías y antidisturbios, en lugar de apaciguar, generalizó y masificó las protestas. Fue entonces cuando los enmascarados entraron en acción.

Altos mandos del ejército en retiro comenzaron a movilizar a antiguos oficiales y a hacer uso de francotiradores, como confirma la forma en que algunos jóvenes murieron, dicen diversos expertos. A esas filas se incorporaron también antiguos policías, funcionarios de alcaldías y fanáticos del FSLN a quienes se les facilitó armamento. Además, al margen del arsenal clandestino que pueda haber, todos recuerdan que tras la derrota del FSLN en las elecciones de 1990 y la subsiguiente deserción de 36 mil miembros de las fuerzas armadas, se repartieron 100 mil armas a militantes del Frente por si la paz no era respetada.

El Ejército ha negado que el armamento utilizado proceda de las fuerzas armadas. En un comunicado del 10 de julio, dos días después de la acción en Jinotepe y tras la divulgación de numerosos vídeos y fotos de la misma, afirmó tener “control absoluto de su personal, armamento y medios”  y que no existe “un solo hecho donde esté involucrado personal de nuestra institución en actividades de orden público”.

Junto a los civiles que demostraron alta formación, han estado participando en la represión otros menos especializados, como ex presidiarios, que vigilan, participan en turbas y han hecho tomas de tierras. De hecho, justo antes de las elecciones de 2016, Ortega liberó a más de 8 mil reos, una medida supuestamente humanitaria que sus críticos consideran una vía para comprar lealtades.

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Y entre los civiles armados también hay agricultores de zonas que estuvieron muy activas en la guerra de los 80 a quienes se les ha ofrecido un pequeño salario, tierras, mantener el arma y una motocicleta, afirmó un vecino de un área rural de  Matagalpa, en el norte del país, conocedor de esta oferta en su región.

Al ser cuestionado sobre los paramilitares en las diversas entrevistas con televisoras internacionales que Ortega ha concedido durante esta crisis, el mandatario negó cualquier responsabilidad, a pesar de las pruebas que muestran su coordinación con la policía (el presidente es el jefe máximo policial) y de  que en muchas fotos y videos se les ve ondear la bandera del Frente.

Ortega tampoco ha aclarado de quién se trata. Primero dijo que eran opositores, luego que pagados por la derecha de Estados Unidos y más tarde que policías voluntarios o ciudadanos defendiéndose de terroristas y golpistas que han querido desestabilizar el país.

Normalidad impuesta

Una vez concluida la “operación limpieza” y cuando el gobierno se jacta de que la “normalidad” ha regresado, los paramilitares se mantienen activos pero menos visibles.

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Esta semana tres encapuchados, AK-47 en ristre, vigilaban una de las plazas de Jinotepe. Para los estándares de México puede no ser una gran ostentación de fuerza pero para los de Nicaragua sí.  Uno de ellos, al ser cuestionado, dijo ser un agricultor de Matagalpa reconvertido en “policía voluntario” por “la necesidad de dar seguridad” al pueblo, ya que “en los tranques estaban robando y violando a la gente”. “Siempre he trabajado con el FSLN”, agregó.

En esta ciudad, aunque los comercios han vuelto a abrir, el miedo abunda. Los muros de algunas casas están marcados en una clara invitación anónima a ser allanadas y fanáticos sandinistas lo mismo se plantan ante una Iglesia acusando de torturador a un sacerdote, que organizan ‘listas negras’ por chats de Whatsapp.

La parroquia de Santiago, que fue saqueada después del operativo de limpieza, sigue cerrada. Los sacerdotes escondidos, sobre todo después de que el presidente tachara a los obispos también de “golpistas” y de que fueran agredidos en la localidad vecina de Diriamba.

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“Es triste que, cuando se habla de que el país va tomando normalidad, se den estos casos (amenazas o secuestros), porque eso no significa que haya normalidad”, dijo recientemente a la prensa el cardenal Leopoldo Brenes, mediador de un diálogo que lleva suspendido desde fines de junio.

“Una sociedad donde la población tiene que resguardarse del gobierno… esto es irregular”, afirmó por su parte el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, a una televisora local. Un gobierno no puede “someter a la población con el miedo, con la persecución, con la cárcel o con las balas”.

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Varios analistas consultados coinciden en señalar que el interés que tiene el presidente Daniel Ortega dejando que un ejército ilegal y paralelo se extienda por todas partes, es institucionalizar una ocupación para mantener un poder de facto cuando ya no gobierne.

Cajina, que fue varias veces asesor del Ministerio de Defensa, alerta además, del peligro de que paramilitares puedan convertirse en un “brazo ejecutor de venganzas selectivas”.

Artículo publicado el 12 de agosto de 2018 en el edición 811 del semanario Ríodoce.