septiembre 24, 2019 12:59 am

Nicaragua: de las protestas a la persecución

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Después de tres meses y medio de protestas y represión gubernamental que ha cobrado más de 300 muertos, los que estuvieron envueltos en las manifestaciones denuncian una persecución sin precedentes. El presidente sandinista elude toda responsabilidad en la violencia y asegura que la normalidad ha regresado al país.

Masaya
Eddy Antonio Tiffer todavía recuerda cuando, con apenas 5 años, tuvo que cruzar una calle de la ciudad de Masaya a todo lo que le daban sus fuerzas, escuchando los disparos sobre su cabeza. En un abrir y cerrar de ojos, su abuelo lo había metido en una casa y cubierto con colchones. Afuera, el último dictador de los Somoza, Anastasio, lanzaba bombas para contener a los sandinistas alzados en este lugar como parte de la revolución abanderada, entre otros, por el actual presidente Daniel Ortega.

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Cuatro décadas después, en Monimbó, un barrio indígena de esa misma ciudad 28 kilómetros al sur de la capital, Tiffer volvió a correr de madrugada. Esta vez las balas eran sandinistas y era él quien debía resguardar a su hijo de 20 años, uno de los jóvenes que participaba en las protestas contra Ortega desde el 18 de abril y cuyo único delito era ser coherente con lo que la revolución sandinista les había enseñado: protestar ante lo que consideraban injusto.

“Lo monté en mi moto, le amarré un trapo en la cara y nos fuimos”, cuenta casi sin voz, limpiándose las lágrimas bajo sus lentes. “Nos disparaban como si fuéramos criminales”.

Nicaragua vive su peor crisis política en 40 años. Por un lado, se siguen sumando muertos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya habla de 317, de ellos, 23 niños o adolescentes y 21 policías. Por otro, las protestas y la represión han dado paso a una persecución sin precedentes que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), una de las ONG locales de más prestigio en el exterior, ha calificado de una “verdadera cacería de manifestantes” a manos de grupos armados irregulares.

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Los delatores pueden estar en cualquier parte y en algunos lugares del país el procedimiento es de lo más artesanal: una lista en papel que se va pasando de una persona a otra y cada una aumenta los nombres. “Cuando se llega a cien se le pasa a la policía para que haga una redada colectiva”, explica el abogado del Cenidh, Braulio José Abarca.

EDDY TIFFER. Amenazas constantes.

Eddy Antonio Tiffer sabe bien lo que es eso aunque él tuvo suerte. Una mano amiga le tocó la puerta para avisarle que los paramilitares buscaban a su hijo y tuvo tiempo de montar en la moto con él y huir. El joven, que trabajaba en un supermercado, se había dedicado a llevar desayunos y almuerzos a los que estaban en las barricadas de Monimbó. Ese era todo su delito, según cuenta su padre. A él, un conductor de autobús, lo despidieron del trabajo por lo mismo.

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Ese 17 de abril tuvieron que colgarse en el interior de una pileta, con el agua al cuello y una chapa sobre las cabezas, hasta que las ráfagas de disparos terminaron. Después se echaron al monte rumbo a Costa Rica, destino histórico de la emigración nicaragüense y donde 8 mil personas ya han solicitado asilo por esta crisis y otras 15 mil tienen cita para hacerlo, según el gobierno costarricense.

Sin embargo, las amenazas siguieron. “Voy a violar a tu hija, amarrarla y desnudarla”, “no sabes de dónde vendrá la bala que matará a tu mujer”, le lanzaba su celular. Poco después tuvo que pintar la fachada de su casa para borrar un aviso letal: “A este perro hay que matarlo”.

Operación limpieza

Daniel Ortega lleva años acumulando descontento hacia su gobierno. Sus críticos aseguran que desde su regreso al poder en 2007 –primero gobernó de 1985 a 1990– se ha aprovechado de las instituciones para poder reelegirse, debilitar a sus opositores y consolidar una dinastía de gobierno de la mano de su más fiel compañera, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.

Le han tachado de corrupto y de querer vender la soberanía del país al otorgar a una compañía china un contrato millonario para la construcción de un canal interoceánico que muchos consideran un sueño guajiro, un plan que provocó intensas protestas hace unos años.

Pero la gota que colmó el vaso en esta ocasión fue la dura represión con la que intentó desactivar las protestas de abril contra la reforma del seguro social que elevaba su costo para jubilados. Aunque dicha reforma se anuló, la muerte de estudiantes en los primeros días de esas manifestaciones indignó a los nicaragüenses y , en lugar de provocar miedo tuvo el efecto contrario. Desde los campesinos a los empresarios marcharon en apoyo a los jóvenes que se atrincheraron en las universidades para salvar la vida.

Para mayor presión, los opositores pusieron más de 70 bloqueos viales con lo que la economía empezó a resentirse. En un abrir y cerrar de ojos, se había pasado de exigir justicia por la violencia a pedir la salida de Ortega quien empezó a calificar las acciones como un golpe de estado e intensificó la represión.

DANIEL ORTEGA. De revolucionario a dictador. (Foto Oswaldo Rivas, REUTERS)

“Dos veces intentaron quemar mi casa”, explica Edwin Carcache, de 27 años y estudiante de su segunda carrera, Administración de Empresas. “La primera vez los vecinos lo impidieron, la segunda, mi mamá me llamó llorando, la dijeron que iba a llorar lágrimas de sangre”.

Carcache estuvo casi un mes atrincherado en la Universidad Politécnica de Managua. Salieron cuando empezaron a infiltrarse oficialistas. “Hacían actos vandálicos y nos culpaban a nosotros”. Ahora se esconde en una casa de seguridad.

El presidente pidió a la Iglesia Católica que mediara en en una negociación pero el diálogo quedó truncado por la negativa de Ortega a aceptar una hoja de ruta hacia unas elecciones anticipadas. La represión de las fuerzas leales al mandatario creció, se seguían sumando muertos y heridos, se agredió a los obispos y se multiplicaron las represalias laborales para todo el que se  manifestara. La CIDH, por ejemplo, denunció el despido de 40 médicos presuntamente por atender a los heridos.

Luego comenzó la que ya se conoce como “operación limpieza”. Primero vaciar las universidades, después los bloqueos viales. Uno de los desalojos más dramáticos fue el de Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua que culminó con los paramilitares abriendo fuego sobre una iglesia cercana en la que los jóvenes se escondieron, un ataque que supuso mucho más que una profanación en un país inmensamente católico. En la casa cural de ese templo, murió uno de ellos.

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La última operación de gran simbolismo era “limpiar” Masaya y Monimbó, epicentro de las movilizaciones y donde resistían “golpistas… malignos, siniestros, diabólicos, satánicos y terroristas”, en palabras de Rosario Murillo. La orden fue clara y el jefe de policía de la ciudad, Ramón Avellán, aseguró que iban a cumplirla “al costo que sea”.

Policías y grupos de armados encapuchados pertrechados con armas de guerra, avanzaron sobre Masaya el 17 de abril, poco después de que Tiffer saliera huyendo con su hijo.

ATAÚD DE GERALD. Muerto en enfrentamiento con policías. (Foto: Inti Ocon, AFP)

El ataque duró todo el día. Los jóvenes, muchas veces adolescentes, se defendían con morteros caseros y resorteras tras barricadas hechas con adoquines arrancados del suelo, mientras lanzaban desesperados llamamientos de auxilio a través de las redes sociales.

“Era la guerra”, resume una vecina de Monimbó que pide el anonimato. “O peor, porque durante la guerra (en los años 80) había dos grupos armados y luchaban en el monte. Ahora volaban balas a diestra y siniestra, sin importar si había niños ni nada”, añade la mujer.

En las afueras de casa los adoquines ya no bloquean el paso, sino que están amontonados en las esquinas. Las marcas de las balas se aprecian en algunas paredes, la mayoría de casas muy pobres. La única barricada que sigue en pie es la que resguarda la estación de policía de Masaya, donde los agentes eluden dar explicaciones a los extraños.

Ese día murió Donald Ariel López Ruiz, un zapatero de 26 años. Familiares suyos aseguran que testigos de los hechos les contaron que lo mató una mujer policía de Masaya, a quien identifican con nombre y apellido pese a llevar la cara cubierta y que lo último que dijo el joven fue “si me vas a matar pégale ya”. En su casa, junto a un discreto altar, ondea una bandera nicaragüense. “Ahora no podemos ni hablar”, dice uno de sus familiares. “Hasta nos meten a perros policía buscando a los chavalos”.

Un vecino suyo acabó de forma parecida. Le vieron subir a una patrulla, contó su abuela de 85 años, aterrada ante la presencia de un periodista en su casa. Cuando lo localizaron, después de recorrer durante varios días las comisarías de todas las ciudades cercanas, estaba en la morgue de Managua. De momento, no han recibido más explicaciones sobre su muerte.

Según el Centro Nicaraguense de Derechos Humanos, no hubo más muertos en Monimbó gracias a que unos 500 jóvenes huyeron.

La historia se repitió en varias ciudades del país.

NICARAGUENSES. Exigen la salida de Daniel Ortega. (Foto Rodrigo Sura, EFE)

Daniel Ortega, que en las últimas semanas se ha dedicado a hacer lo que nunca hizo –dar entrevistas a cadenas de televisión internacionales–, ha negado toda responsabilidad en los hechos pero sus declaraciones están llenas de contradicciones y lo mismo afirma que los paramilitares son fuerzas de oposición, que individuos pagados por Estados Unidos o policías voluntarios.

“No puede ocultar su propia responsabilidad en esta matanza, él mismo se ha incriminado al fabricar toda esta cadena de mentiras”, afirmó el periodista Carlos Fernando Chamorro.

“Su legitimidad se ha reducido por las matanzas, por las mentiras, por los ataques a la iglesia, los despedidos contra los médicos”.

Lo que más duele a la gente de la calle es que dijera que las ONG manipulaban el número de muertos y que solo hay 195 fallecidos. También que aseguren que la normalidad ha vuelto al país.

“El presidente miente”, señaló el familiar de López Ruiz. “Que vengan a Monimbó y vean”.

Esta semana, la gente volvió a transitar por las calles principales de este barrio de Masaya y la presencia de los paramilitares, al menos de día, era muy escasa aunque policías sí patrullan con armas largas, algo inusual en Nicaragua. Pero la vida de antes no ha regresado porque ahora se impone el miedo. Todos saben que desde el 16 de julio está en vigor una ley contra el terrorismo que, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, puede usarse para criminalizar toda protesta.
“Estamos secuestrados”, asegura una líder comunitaria de Monimbó. “Ha comenzado una cacería”.

Artículo publicado el 5 de agosto de 2018 en la edición 810 del semanario Ríodoce.

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