La secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas envió un amplio expediente documental para justificar los 650.9 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación le señaló en el primer informe de Resultados de la Fiscalización a la Cuenta Pública 2017.
Así lo informó la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno de Sinaloa, Guadalupe Yan Rubio, quien acompañada por su equipo técnico, mostró las evidencias que enviaron a la ASF para justificar los señalamientos por supuestos trabajadores fantasmas en la Secretaría de Salud, supuestos pagos irregulares del ISR y pagos del ISSSTE y pensiones en el sector salud.
Yan Rubio admitió que en la Secretaría de Salud de Sinaloa aún hay fallas técnicas y administrativas que derivan en los numerosos señalamientos de la ASF, sin embargo enfatizó que no hay malversación de los recursos federales, sino incumplimientos a las normas por omisión.
Explicó que derivado de los informes de auditoría, la STYRC abrió 38 expedientes para deslindar responsabilidades administrativas contra los funcionarios que incumplieron con su función.
En el más reciente informe de resultados de la ASF, se auditaron cinco fondos de recursos federales: el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); Seguro Popular; Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); FORTASEG; y la Distribución de Participaciones Federales.
De entre los fondos auditados, el Seguro Popular y el FASSA, ambos fondos federales que son destinados para la Secretaría de Salud, obtuvieron un alto número de solicitudes de aclaración.
Tan sólo para el FASSA, la ASF pidió aclarar el uso de 492 millones 165 mil pesos y emitió pliegos de observación por 41 millones 896 mil pesos por uso irregular del fondo.
Mientras que por el fondo Seguro Popular se pide aclarar el uso de 96 millones 805 mil pesos y se emitieron pliegos de observación por 12 millones 708 mil 276 pesos.
Yan Rubio aseguró que la STYRC envió el pasado 11 de julio toda la documentación para aclarar y justificar lo señalado por la ASF.
Explicó que la auditoría aún tiene 45 días para revisar los expedientes y concluir si el recurso queda solventado. Sin embargo, Yan Rubio dijo que en un primer encuentro con representantes de la ASF le aseguraron que la documentación cumple con los requisitos necesarios para solventar lo señalado.
