Aun no cobra víctimas visibles el enfrentamiento intestino en la Organización Sinaloa. Todavía. Desde hace meses se abrió una confrontación armada por los territorios clave en el robo de combustible, con ataques armados en las comunidades de El Tamarindo, Culiacancito, El Limón —todas de Culiacán—, y el viernes pasado en La Majada, Badiraguato. La operación es similar: un nutrido grupo de hombres armados irrumpe en las comunidades, se despliega por toda la zona y ataca específicamente casas y autos, incluso los incendia.

Los operativos han resultado quirúrgicos, sin reportes de víctimas en ninguno de los lados, y sobre todo entre la población. Pero mantiene alterada la normalidad —ya anormal— en comunidades enteras. En la primera incursión armada en El Tamarindo y Culiacancito, las clases no se normalizaron hasta tres días después. Las familias desconfiaban de que volviera a ocurrir una irrupción de convoyes armados.

Una causa inicial del incremento violento en zonas de México se debe a las disputas internas o al enfrentamiento entre organizaciones delictivas. Unas y otras buscan el control territorial de alguno de los negocios, sea tráfico de drogas, trasiego, o robo de combustible, y los sitios se convierten en zona de guerra. Este es el caso de La Majada, Badiraguato, en este mayo de 2018, como lo fue hace dos meses en El Tamarindo y Culiacancito, en la capital de Sinaloa.

La autoridad participa como espectador en estos casos, y otras veces como cómplice de los enfrentamientos armados. Se trata de sitios donde las policías locales o las estatales carecen de una presencia importante. Los grupos armados circulan con la mayor facilidad, no tienen ningún problema para mostrar las armas, pasarse horas en una zona y la autoridad distante. Sorda.

La disputa interna más reciente dentro de la misma organización Sinaloa provocó la muerte de transeúntes que quedaron atrapados en balaceras en Villa Juárez, Navolato. Para cuando reaccionó con fuerza el ejército y la autoridad local ya era demasiado tarde. Las policías son reactivas invariablemente, además una reacción tardía. Nunca anticipa un enfrentamiento donde pudiera quedar involucrada la población.

Hay otros muchos ejemplos de cómo desde las gubernaturas, las Secretarías de Seguridad —estatales y municipales—, alcaldes y demás, quedan paralizados ante una situación como esta.

Sucedió igual ante el fenómeno de desplazamiento de poblaciones enteras en la zona serrana. Grupos armados irrumpieron en las comunidades y los obligaron a que dejaran sus casas. Todas las autoridades dejaron hacer a la delincuencia y tuvieron que pasar años para que las condiciones permitieran su regreso.

Donde el narco manda el gobierno se repliega. Hace pensar que cuenta con información suficiente para no toparse con ellos ni por causas del azar.

Poblaciones enteras quedan como rehenes cada vez que se pierde el frágil equilibrio dentro de las organizaciones del crimen, o cada vez que intentan arrebatarse los territorios. Y en ningún caso existen acciones preventivas de las áreas de inteligencia del gobierno.

Ante este reciente enfrentamiento, todo apunta a que seguirán exactamente igual.

Margen de error
(Estrategia) A solo seis semanas de la elección, con las campañas locales en marcha, es momento que todavía no se escucha una sola propuesta coherente y abarcadora a la eterna crisis de inseguridad en México. Tendrían que marcar la pauta los proyectos presidenciales, pero no es así. No pasan de generalidades: Mejores policías, fortalecer el estado de derecho, atacar las causas, darle oportunidades a los jóvenes. Pero una política de seguridad que suena a estrategia acabada, sólida, no. Nada.

Andrés Manuel López Obrador atrapado en la ocurrencia de la amnistía, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, bombardeando el desliz. Pero ni uno, ni los otros, arman una explicación de una política de seguridad de largo aliento que poco a poco vaya ganando pequeños espacios a la delincuencia, que articule una nueva realidad para este país.

No existe sitio en el mundo donde no operen las organizaciones del crimen, que no se trafique droga, donde no se presenten asesinatos, secuestros y extorsiones. Lo que sí existen son comunidades y ciudades que mantienen niveles tolerables de violencia —en comparación con los picos de países en guerra, o México, El Salvador— y donde los criminales se mantienen agazapados y no a la luz pública o controlando a las autoridades.

Es necesario conocer que hay otros sitios donde existe la vida en paz, y así entender que no es normalidad lo que ocurre en muchas ciudades y territorios de México.

Deatrasalante
(Gracias) Mucho más allá de la expectativa inicial de Ríodoce y de las organizaciones convocantes resultó la Jornada Nacional en memoria de Javier Valdez Cárdenas. Los cinco días de actividades estuvieron nutridos, además de abarcadores, porque el programa incluía a las ciudades de Mazatlán, Los Mochis y Culiacán.

La convocatoria fue atendida por hombres y mujeres de la ciudad de Javier Valdez, pero muchos también de otros puntos de México o el extranjero. Participantes todos, y no solo espectadores, de un esfuerzo colectivo que busca sostener la memoria de una realidad en este país. No es la memoria de un periodista de un semanario en el norte de México, sino la memoria de miles de víctimas de la violencia.

Una palabra aparentemente simple, pero elemental, para las decenas de organizadores, los muchos que dejaron todo por participar, para la familia de Javier a quienes les pesa más que nadie: Gracias (PUNTO)

Columna publicada el 20 de mayo de 2018 en la edición 799 del semanario Ríodoce.