“El sistema está podrido”, expresa el diputado local Jesús Ibarra Ramos, quien plantea poner freno a las compras discrecionales que se realizan en cualquier nivel de gobierno, sea estatal, municipal, organismos descentralizados, dependencias autónomas o paraestatales.

El legislador de Nueva Alianza afirma, sin hacer señalamientos con nombres específicos, que algunas autoridades realizan adquisición de bienes y servicios arriba del valor comercial promedio.

“Se gasta así lo que no cuesta trabajo ganarlo”, expresa.

Su preocupación estriba en que las autoridades realizan compras con discrecionalidad a los proveedores que ellos elijen, sin mediar una base sobre el costo de los servicios y productos adquiridos, situación que se presta para inflar los costos.

La tentación de las compras discrecionales está presente día a día en la operación de todos los niveles de gobierno, desde la adquisición de activos como papelería, refacciones, consumibles, materiales para construcción, aparatos de seguridad, por mencionar solo algunos, dice.

Para evitar que esta situación siga ocurriendo, Jesús Ibarra presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, para que las dependencias de gobierno estén obligadas a basar su elección de proveedores en un padrón real y confiable, el cual abonaría al manejo transparente y eliminaría una parte importante de la corrupción a nivel municipal y estatal.

El diputado local argumenta que la corrupción es igual al manejo de monopolios de manera discrecional y con falta de transparencia y rendición de cuentas, y plantea que la única manera de reducirla de forma rápida es contar con un padrón único y confiable en el que el gobierno estatal y municipal establezca requisitos claros y elimine ambigüedades para la compra o adquisición de cualquier bien y/o producto.

En la entrevista necesariamente surge el comentario de los casos en los cuales hay servidores públicos con una evidente “prosperidad”, como de proveedores que surgen de un día para otro. “La gente está harta de estos ricos de la noche a la mañana, más que de los políticos o los partidos”, señala.

Proveniente de una familia con trayectoria reconocida en el mundo empresarial, sostiene que nunca ha usado su posición como diputado para que amigos o familiares sean favorecidos con la compra de materiales y servicios en la administración pública.

En su propuesta para la creación del padrón de proveedores, explica, se señalaría el costo real de cada servicio y producto que se compre con dinero público de los sinaloenses, lo cual permitiría a los gobiernos ser más eficientes y contar con finanzas más sanas y transparentes.

La iniciativa plantea que el citado padrón sería integrado por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAyF), y que las personas físicas y morales interesadas en inscribirse como proveedores deberán acreditar que es productor, comerciante o prestador de servicios, establecidos por lo menos 12 meses antes de su solicitud ante la Dirección de Bienes y Suministros, además de presentar documentación de sus registros ante IMSS, Infonavit y declaración anual, entre otros.

Una vez cumplido sus requisitos de registro en el citado padrón, podría participar en licitaciones públicas, concursos por invitación restringida y adjudicación directa.

La idea de la propuesta es que cada mes de enero, la SAyF entregue a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas una relación detallada de proveedores autorizados, así como de los productos y servicios que ofrezcan, y los costos, la cual debería ser publicada en su portal de internet, y actualizada trimestralmente.

El padrón servirá para saber desde cuánto cuesta hacer una calle hasta comprar una cubeta de pintura, con lo que los tesoreros estarían impedidos para salirse de un rango de costos. La única diferencia en los costos entre dos ayuntamientos, por ejemplo de Choix y Culiacán, sería el flete.

Los criterios para la selección de proveedores deberán ser el que ofrezca el precio de cotización más bajo, junto con el menor tiempo de entrega, mayor tiempo de garantía, además que el solicitante no deba tener relación de parentesco por afinidad o consanguineidad con el proveedor.

El tema, afirma el legislador, está ligado a otros temas como anticorrupción, competitividad, productividad.

Jesús Ibarra sostiene que la iniciativa se centra en el combate a la corrupción, al haber menos discrecionalidad, menos monopolios en la toma de decisiones al interior de las instituciones, y mayor transparencia y rendición de cuentas.

Aunque la Constitución ampara en el caso de los gobiernos municipales a su soberanía para la creación de sus propios reglamentos y disposiciones administrativas, no existe justificación alguna para tener sobreprecios o gran diferencia en los costos de un municipio a otro.

La iniciativa es poner barreras al tráfico de influencias al momento de comprar, porque si eso pasa “ya lleva mal olor”.

Esa es una fórmula, explica, muy sencillita que algunos gurús proponen como Ronald McLean Abaroa, creador de modelos de anticorrupción, junto con las sanciones de inhabilitación a para quienes cometan este delito.

A la iniciativa ya se sumaron los diputados de los grupos parlamentarios del PAS, PAN y PRI. No se han unido los diputados del Morena y PRD, pero confía en que pronto lo hagan.

“Para los que venden al doble, en Sinaloa no habrá oportunidad, que se vayan a otro estado o a otro país”, augura el diputado al augurar que la iniciativa será aprobada muy pronto.

“Todo lo que tenga que ver con transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción debe llevar fastrack”, remata.

Artículo publicado el 25 de febrero de 2018 en la edición 787 del semanario Ríodoce.