Representantes de Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Acción Nacional (PAN) interpusieron denuncias contra el gobierno interino de Nuevo León y el mandatario con licencia, Jaime Rodríguez “El Bronco”, por la sospecha de que el aparato administrativo opera para recabar firmas de apoyo al aspirante independiente a la Presidencia de México.

Ante los señalamientos de la compra de firmas por parte de funcionarios, el mandatario interino, Manuel González, dijo que no había ninguna irregularidad, pues los servidores públicos cuestionados, si bien tienen claves como voluntarios para recabar apoyos, las han cedido a personas cercanas para que ellas, con sus respectivos teléfonos, hagan este trabajo preelectoral, informó la agencia Apro.

En la primera denuncia presentada ayer lunes 28, los diputados locales de Movimiento Ciudadano, Mariela Saldívar y Samuel García, acudieron a las oficinas del Instituto Nacional Electoral de la localidad y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) para denunciar a “El Bronco” y funcionarios locales, quienes presuntamente infringieron la ley.

También acusaron al mandatario con licencia de recurrir a “auxiliares dudosos” para compilar credenciales electorales a través de sus dispositivos móviles con la aplicación que proporciona el INE.

Los legisladores emecistas precisaron que el 10 de noviembre del 2017 trascendió que una sola persona, de nombre Lorena Mariana Saavedra Ferriz, registró 242 firmas por día en promedio y tenía vinculados a su cuenta 60 teléfonos celulares para ese propósito.

Además, consideraron sospechoso que Rodríguez Calderón haya recabado más firmas en el Estado de México que en Nuevo León. “Es allá donde el PRI gobierna y cuenta con la maquinaria más pesada y perversa para compra y coacción de voto”, señalaron.

Los denunciantes señalaron que las acciones de “El Bronco” pueden ser constitutivas de delito, de acuerdo con el Artículo 13 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, fracción primera, párrafo segundo, que se refiere a la entrega de información falsa a las autoridades electorales.

Según su suposición, funcionarios de la entidad trabajan para la causa electoral de Rodríguez Calderón en horario laboral. Incluso, han detectado que el mismo Bronco, junto con los ex empleados Mónica Griselda García y Raúl González, El Matemático, compraron firmas a seguidores de una iglesia evangélica.

Por estos delitos, el INE debe negarle el registro al mandatario con licencia, manifestó Samuel García, también dirigente estatal de MC.

En tanto, el dirigente estatal del PAN, Mauro Guerra Villarreal, acudió hoy a las instalaciones de la FEPADE en la Ciudad de México a denunciar al gobierno estatal por el presunto uso de recursos públicos a favor del aspirante presidencial, quien ya cumplió con el doble rasero de mínimo de firmas en más de 17 estados que demanda el INE para inscribirse en las boletas de las próximas elecciones.

En su queja, dirigida al titular de la FEPADE, Héctor Marcos Díaz-Santana, el líder panista tomó como referencia una nota del periódico El Norte, que señala que algunos funcionarios de primer nivel recabaron apoyos en horario laboral.

Guerra Villarreal pidió a la autoridad electoral que investigue la irregularidad denunciada y sancione a los responsables.

En respuesta a señalamientos del uso de la nómina para que empleados capten firmas a favor de Rodríguez Calderón en horas de trabajo, la administración de Manuel González, gobernador interino, dijo que no había ilegalidad en los procedimientos, pues el INE no establece en su legislación mecanismos para verificar quiénes recaban apoyos ciudadanos.

El único control legal que hay, explicó, es sobre el registro de firmas en la aplicación expedida por la autoridad, por lo que no existe delito en el uso compartido de la cuenta de un gestor entre varios propietarios de dispositivos.

“En aras de la transparencia, el gobierno independiente pone a disposición de las autoridades electorales el listado de sus funcionarios públicos, a efecto de que los verifiquen uno a uno y les finquen o deslinden de responsabilidades, según corresponda”, aclaró.

La administración de Manuel González exhortó a los funcionarios públicos a denunciar a los medios de comunicación, partidos políticos u otros actores si consideran que han sido difamados por estos hechos.