El régimen de Nicolás Maduro endurece la represión de cualquier opinión o gesto que los contraríe. La Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada el miércoles por la Asamblea Nacional Constituyente, la cámara chavista que usurpa las funciones del Parlamento dominado por la oposición, criminaliza a la disidencia porque establece penas severas, de entre 10 y 20 años de prisión, contra todo lo que consideren como una incitación al odio. Un concepto bastante amplio y ambiguo que puede incluir el corte de vías de comunicación, conocidas en Venezuela como guarimbas, los escraches, las manifestaciones políticas, una fotografía impactante en la tapa de un diario e incluso los trinos de los influencers y medios digitales que se viralicen en las redes sociales.
Después de superar entre abril y agosto cuatro meses de protestas, que dejaron más de 120 muertos y centenares de heridos, el régimen dice estar embarcado en la promoción de la paz y la estabilidad de Venezuela con la Constituyente como buque insignia. La declaración no encubre el afán de darle el golpe mortal a sus adversarios, que atraviesan una de sus peores crisis en muchos años. Con la inesperada derrota electoral de los candidatos de la plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) las elecciones regionales, el régimen parece estar consciente de que puede liquidarlos sin que opongan resistencia y se ha lanzado directo a la yugular.
En esa batida de la llamada “Ley del Odio” también podrían caer los partidos políticos, porque la norma promete proscribirlos si “promueven el fascismo” y no adecúen sus estatutos al texto legal, los medios de comunicación que transmitan “propaganda y mensajes que constituyan incitación a la discriminación, la intolerancia o la violencia”, y los usuarios de las redes sociales. El régimen ha sido particularmente explícito con las cuentas de los medios digitales y ha advertido que los portales serán bloqueados si no se ajustan a las nuevas disposiciones.
