El JT, acusado y exonerado en Sinaloa por homicidio calificado con premeditación

Javier Torres Félix, el JT, tenía un pendiente con la justicia de Sinaloa por un homicidio pero fue acusado sin pruebas.

De acuerdo con el expediente de amparo de un Tribunal Colegiado con sede en Toluca, el Juez Séptimo de Primera Instancia libró orden de aprehensión sin tener elementos, por lo que los magistrados ampararon al narcotraficante.

La orden de aprehensión fue librada el 5 de julio de 2006 por el delito de homicidio calificado habiéndose cometido con premeditación.

La víctima es Prudencio Portillo Lizárraga, privado de su libertad el 20 de octubre de 2003 y encontrado asesinado a balazos un día después.

El ofendido trabajaba de albañil en un rancho y tenía dos meses de haber regresado a vivir a la ciudad junto con su esposa.

Torres Félix fue involucrado como responsable del asesinato.

El JT, de 56 años, se encuentra recluido en el penal Altiplano desde 2013, después de haber sido deportado de Estados Unidos, donde purgó una condena de 8 años de prisión.

Luego de solicitar tres amparos contra la orden de aprehensión, logró que un Juez concediera la protección de la justicia federal y en agosto pasado, un Tribunal Colegiado en Materia Penal la ratificó.

Las primeras dos ocasiones los jueces cerraron el juicio sin analizar la demanda, debido a que el JT se encontraba recluido en una cárcel de Estados Unidos y no podía ser juzgado en México.

Según los datos de la demanda de amparo y la sentencia, las pruebas que presentó el Ministerio Público son dos testigos que refirieron haber visto al JT levantar a la víctima, pero no presentó evidencia de la participación en el asesinato.

El Ministerio Público señaló que Torres Félix junto con otras tres personas, se hicieron pasar por agentes de la Policía Judicial y privaron de la libertad a la víctima.

El albañil, determinó el Ministerio Público, fue llevado a una casa de seguridad donde lo tuvieron amarrado de pies y manos con un pedazo de cobija y lo golpearon esperando que se hiciera noche para trasladarlo al lugar donde lo asesinaron.

A la víctima la arrojaron al suelo y le dispararon en al menos nueve ocasiones con un arma de fuego calibre 38 súper.

Los peritajes establecieron que Portillo Lizárraga fue asesinado aproximadamente 12 horas después de haber sido privado de su libertad.

El JT fue detenido en enero de 2004 por elementos del Ejército en Culiacán por los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.

Dos años después del homicidio de Portillo Lizárraga, en mayo de 2006, agentes investigadores entrevistaron a dos testigos del levantón.

Los policías acudieron a un periódico local para consultar la hemeroteca y obtener la fotografía que se había publicado de Torres Félix cuando fue detenido, pero les negaron el ingreso y la obtuvieron de la página de Internet.

Los agentes presentaron esa imagen a los dos testigos, quienes identificaron al JT como uno de los cuatro hombres que había privado de la libertad a Prudencio.

En el hecho hubo un tercer testigo, quien dijo que no podía identificar a la persona mostrada en la fotografía como una de las que participó en el levantón debido a que no pudo observar a los responsables.

Con esos testimonios, los peritajes realizados en el lugar donde fue encontrado el cadáver y la autopsia, el Ministerio Público solicitó orden de aprehensión y fue concedida por el Juez Séptimo.

Para girar la orden de aprehensión, el Juez Séptimo estableció que de parte de Torres Félix existió una conducta ilícita consciente y voluntaria que incidió primeramente en levantar a la víctima y posteriormente privarla de la vida mediante disparos de arma de fuego.

En la demanda de amparo, Torres Félix en su defensa alega que los testigos no son presenciales ni de oídas de la privación de la vida.

“Los medios de prueba que practicó el ministerio público en la averiguación previa, en todo caso  comprueban plenamente el cuerpo de delito, ya que sin duda existió una privación de la vida mas no mi probable responsabilidad al no existir prueba indiciaria suficiente en el homicidio”, señala.

“El análisis integral y armónico de las pruebas practicadas en la averiguación previa no se logra deducir suficientemente que el resultado de muerte imputado al suscrito quejoso me sea atribuible, lo que vuelve irremediablemente ilegal la orden de captura citada”.

El Juez de Distrito y los magistrados del Tribunal Colegiado dieron la razón al JT en el amparo y en la revisión del amparo.

Los juzgadores consideraron que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no hacen constar la conducta que se le atribuye al acusado.

“La conclusión a la que arriba la autoridad responsables sobre la participación del inculpado aquí quejoso, carece de la motivación adecuada, en virtud de que no expone de manera particularizada las razones por las que arribó a la convicción de que dicho sujeto participó en la comisión de la conducta ilícita perpetrada en contra de la víctima.

“Tampoco el grado de participación que a nivel probable le corresponde en la concreción de los hechos”, establece la sentencia.

Tampoco se detalla cómo el Ministerio Público estableció que la víctima fue llevada a una casa donde fue amarrado de pies y manos y con un pedazo de cobija golpeado.

El Agente del Ministerio Público Federal impugnó el amparo concedido por el Juez de Distrito y en agosto pasado el Tribunal Colegiado confirmó la resolución del Juez.

Javier Torres era considerado por la Procuraduría General de la República como uno de los narcotraficantes más sanguinarios.

El JT fue uno de los principales operadores de Ismael Mayo Zambada.

Elementos del Ejército lo detuvieron en el fraccionamiento Colinas de San Miguel, en Culiacán, en enero de 2004.

En noviembre de 2006 fue extraditado a Estados Unidos, donde era reclamado por la Corte del Distrito de Columbia.

El gobierno estadounidense lo acusaba de introducir cocaína a ese país.

Torres Félix fue sentenciado a ocho años de prisión y en abril de 2013 cumplió su condena y fue deportado a México.

Desde entonces el JT permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano, en el Estado de México.