En Sinaloa, la transparencia y rendición de cuentas se queda en el discurso, advierte organización civil
Si la ley se respetara en Sinaloa, cualquier ciudadano podría ingresar al portal web de su ayuntamiento y conocer cuánto gana un funcionario, cuánto gasta en viáticos, qué tipo de vehículos utiliza para su trabajo y con quién contrata obras y servicios.
Pero a 13 años de que Sinaloa implementara la Ley de Acceso a la Información Pública, los municipios del estado son omisos en sus obligaciones, fingen la transparencia y continúan apegados a las prácticas nocivas de opacidad.
Así lo advirtió la organización civil Iniciativa Sinaloa, que realizó por segunda ocasión un estudio para medir el nivel de transparencia y rendición de cuentas en seis municipios. Este mismo ejercicio se realizó en 2011 pero cinco años después, los resultados siguen siendo decepcionantes.
La investigación evaluó a los municipios de Culiacán, Mazatlán, Ahome, Guasave, Navolato y Salvador Alvarado, en una escala del 0 al 100, todos pasaron de “panzazo”.
En promedio, los municipios obtuvieron un 57 de calificación en la forma en que implementan una ley que opera en Sinaloa desde hace 13 años.
Opacidad y desconfianza ciudadana
—¿Cómo le afecta al ciudadano la opacidad? —se le preguntó a Norma Sánchez, directora de Iniciativa Sinaloa.
—Para empezar los ciudadanos al ver estos resultados lo primero que piensan es que esto es un juego, una farsa. La relación de confianza entre ciudadanos y gobierno está tan deteriorada y con esto tipo de resultados te das cuenta que las leyes no son suficientes para que los ciudadanos tengamos a la mano mayor información.
—¿Con este estudio lo que se detecta es que la ley no se está respetando?
—Sí, es muy lamentable ver cómo hemos estado enfocando en los últimos años para mejorar la ley después de esto caes en cuenta que no está funcionado de manera plena. Tenemos todo un aparato burocrático que ha crecido en torno a la transparencia, que se paga con recursos públicos y no está funcionado. ¿Cómo es posible que 13 años después sigamos preocupados por la transparencia en los sueldos y viáticos de funcionarios?
La investigación analizó 65 variables, 16 relacionadas con la ley, 19 con la implementación práctica y 30 variables de la información disponible en internet. En este último apartado se revisó la información sobre remuneración salarial y requisitos, es decir información sobre sueldos, bonos, gastos y prestaciones de los funcionarios. De seis variables revisadas en este tema, los ayuntamientos sólo cumplieron con dos y a medias.
“Para este segmento se observa una de las evaluaciones más bajas para los municipios, con 20 puntos en promedio para cada uno, en una escala del 0 al 100. De hecho ésta es la menor calificación de los nueve segmentos de variables. Ello denota el gran déficit existente en este rubro, pese a contar con más de 12 años de implementación de la ley de acceso a la información y la exigencia social de conocer a detalle el ejercicio de recursos públicos en sueldos, bonos, prestaciones, viáticos, vehículos, de parte de servidores públicos”, destaca el informe.
Que se castigue, la exigencia
A partir de mayo de este año, tras la reforma a la Ley General de Acceso a la Información Pública, se abre la posibilidad de sancionar con amonestaciones públicas y multas a los funcionarios y dependencias que no cumplan con las obligaciones de transparencia.
Fue así que Iniciativa Sinaloa presentó 10 denuncias contra los 10 partidos políticos que existen en la entidad, luego de un estudio similar en el que se detectó que los partidos no cumplen con las obligaciones mínimas que les exige la ley de transparentar en el uso de los recursos públicos.
Pero el camino para lograr que estas denuncias avancen ha sido lento y burocrático, criticó Sánchez.
Después de seis meses en pleito, apenas en la semana que concluyó, la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEAIP) le notificó a la organización civil que las denuncias proceden y las infracciones que cometieron los partidos sí ameritan una sanción.
Sin embargo, de acuerdo con la ley, la primera sanción es una amonestación pública.
“Estamos buscando que el órgano garante ni siquiera espere a que los ciudadanos estemos abriendo procedimientos, porque son procedimientos cansados, burocráticos. Nosotros como organización civil tenemos seis meses con un caso y hasta hoy estamos esperando. Esa parte de hacer tan burocrático un procedimiento de denuncia para un ciudadano común y corriente que se pone a pensar que el caso puede durar hasta un año para que el funcionario sea sancionado pues difícilmente le va a entrar”, criticó.
En el caso de los seis municipios en estudio que no cumplieron con las obligaciones de ley, Iniciativa Sinaloa pide que se castiguen a los servidores públicos responsables, aunque en esta ocasión admite que no interpondrán denuncias por un exceso de carga de trabajo pero exige que la CEAIP actué de oficio.
—Esta resistencia a la transparencia en todos los niveles de gobierno, ¿es falta de capacitación o creen que haya una especie de “interés oscuro” de no rendir cuentas?
—Cada caso es distinto, pero lo que logramos percibir es que hay municipios o alcaldes que tienen mayor disposición para transparentar. No se puede juzgar de manera generalizada pero creo que sí de forma generalizada hay una falta de interés de aplicar políticas en materia de transparencia como una obligación. Gobiernos van y vienen y no ha llegado un gobierno que pase del discurso. Han pasado 13 años y se han quedado rezagados, siguen incumpliendo las obligaciones de transparencia y no pasa nada.