La prisa por aprobar

transparencia
Desechan propuestas ciudadanas en Ley de Transparencia
La Junta de Coordinación Política había citado a conferencia de prensa para presumir que se había dado lectura al dictamen de la  nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y que con ello Sinaloa estaba muy cerca de sumarse a las entidades que habían armonizado la ley antes de concluir el plazo legal establecido para este fin. Sin embargo, el encuentro con los medios de comunicación se salió del guion original, cuando se le preguntó a la diputada del PRD, Carmen Romanillo Martínez, por qué no había firmado  el dictamen.
Cuando los micrófonos se colocaron frente a la diputada perredista, los rostros de los compañeros legisladores presentes se desencajaron. La diputada del partido del sol azteca expresó su inconformidad con el tratamiento que se le está dando a Ley de Transparencia. Desde su punto de vista, el poder legislativo está procesando esta ley de manera apresurada, y no ha dado tiempo de realizar una revisión de fondo, ni oportunidad suficiente para que la sociedad civil pueda aportar sus puntos de vista.
Es necesario hacer una revisión exhaustiva de fondo y es muy importante que se incorpore la Ley 3 de 3, dijo ante los medios, mientras la diputada priista Guadalupe Díaz Silvia, presidenta de la Comisión Especial de Transparencia y Acceso a la Información Pública, le murmuraba al oído al titular de la Junta de Coordinación Política, Jesús Enrique Hernández Chávez.
La inconformidad de la diputada perredista sobre el dictamen leído al pleno de la Ley de Transparencia no es única. Tampoco está de acuerdo la organización ciudadana Iniciativa Sinaloa, porque no están contenidas diversas propuestas presentadas durante la audiencia pública celebrada unos días antes.
Durante la celebración de la audiencia pública, más de alguna de las organizaciones participantes había expresado el deseo que el ejercicio de recepción de propuestas no se convirtiera en una simulación.
En el proyecto de dictamen de la nueva Ley de Transparencia están reflejadas algunas de las propuestas ciudadanas vertidas durante la audiencia pública organizada por el poder legislativo, pero la mayoría fueron desechadas por los diputados.
Entre las propuestas que no fueron incluidas en el dictamen figura la coincidencia de tres organizaciones ciudadanas de eliminar la facultad del gobernador de vetar el nombramiento de los comisionados de la CEAIP. Iniciativa Sinaloa, Fundar y Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia  argumentaron que  quitar del texto de la ley la posibilidad de que el gobernador pueda objetar en diez días el nombramiento de los comisionados, fortalecería la independencia de la CEAIP.
Las diputadas Guadalupe Díaz Silva y Laura Galván, esta última coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, sostienen que no es posible quitar la facultad de veto del gobernador porque la Constitución local en su artículo 109, lo prevé desde la reforma de octubre de 2014.
Tampoco incluyó la propuesta que presentó Coparmex, al igual que el periódico Noroeste, de incluir la Ley 3 de 3, es decir, que se estableciera como obligatorio para los servidores públicos la presentación de las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de interés.
El argumento para rechazar esta propuesta fue que para ello sería necesario realizar reformar a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, lo cual actualmente no es el objetivo, sino la armonización de la legislación local en materia de transparencia con la Ley General
El proyecto de ley incluyó solamente la presentación de las declaraciones patrimoniales  en versión pública de los servidores, dentro de las obligaciones comunes de transparencia, que incluyan valor de los bienes, inversiones y adeudos declarados.
El dictamen incluye la inclusión de un comité de acompañamiento durante el proceso de elección de los comisionados, propuesto por Iniciativa Sinaloa, pero no contempla, como se señaló, los mecanismos de evaluación para dar certeza sobre los criterios a tomar en cuenta por parte de los legisladores.
Se agregó el dictamen la obligación de los expedientes de los aspirantes a ser electos comisionados, pero no establece -como lo señaló Iniciativa Sinaloa-, el que se especifique los documentos como exposición de motivos, cartas de respaldo, declaraciones y currículum.
No está tampoco en el dictamen la propuesta de la organización nacional Fundar, cuya coordinadora en materia de transparencia, Justine Dupuy, planteó incluir un apartado en materia de medio ambiente, que pudiera contener los dictámenes de los impactos ambientales, calidad del aire, entre otros. Está es una temática de avanzada que ya se incluyó en la legislación de Coahuila.
La propuesta de dictamen tampoco incluyó la petición de Coparmex de transparentar la relación de proveedores de bienes y servicios, mediante la plataforma de Compranet, para presentar los expedientes desde el  inicio, en los que se pudiesen alimentar la información por parte de los particulares que tienen como cliente a las instituciones públicas.
Entre los propuestas que sí se incluyeron está que dentro de las obligaciones de los municipios se publicarán los atlas municipales de riegos.
También el dictamen reflejó la petición de blindar la CEAIP de partidos políticos, al incluir dentro de los requisitos para ser comisionado el no tener antecedentes de una militancia o pública y notoria en algún partido político, cuando menos tres años antes de su designación; así como no tener parentesco por consanguinidad o afinidad de tercer grado.
Contrarreloj, esta semana se planea una reunión con las organizaciones  sociales interesadas en hacer observaciones a los temas de trasparencia y también deberá aprobarse la ley, si quiere respetar el plazo que vence el  4 de mayo para armonizar la legislación con la Ley General.
 
 

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