Dictan nuevo auto de formal prisión a ex secretario de Salud estatal por desvío de 16 millones de pesos
El ex Secretario de Salud, Héctor Ponce Ramos, ha hecho intentos por librar la acusación que enfrenta por el delito de desempeño irregular de la función pública, pero no lo ha logrado, pues el Juez Quinto de Distrito de Primera Instancia de nueva cuenta dictó auto de formal prisión en su contra, en diciembre pasado.
Sujeto a proceso penal desde el 10 de diciembre de 2013, el titular de salud en el sexenio de Jesús Aguilar Padilla, ha promovido amparos para revocar el auto de formal prisión dictado ese día. En los documentos, el médico neumólogo alega que el delito por el que se le acusa ya prescribió.
En su defensa, señala que cuando fue acusado ya había transcurrido el tiempo que marca la ley para castigar ese ilícito.
Con ese argumento ha obtenido dos amparos en los que los Jueces de Distrito ordenan al Juez Quinto dictar una nueva resolución. La más reciente fue el 17 de diciembre pasado y fue otra vez auto de formal prisión.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) acusó al ex funcionario de haber usado recursos financieros con fines distintos a los que estaban programados.
La denuncia deriva del pliego de observaciones 08-A-25000-02-0693-06-012 de la revisión de la cuenta pública 2008 que hizo la Auditoría Superior de la Federación, la cual establece un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por 16 millones 219 mil 338 pesos más los intereses generados.
La ASF detectó que con recursos destinados al programa Seguro Popular, durante 2008 se hicieron 951 pagos mensuales a 89 servidores públicos de mandos medios de la Secretaría de Salud por concepto de complementos de sueldo por 10 mil 420 pesos cada uno; además a 268 servidores considerados como operativos, les efectuaron 2 mil 264 pagos mensuales por compensación de sueldo por 5 mil 798 pesos cada bono.
El órgano fiscalizador determinó que los pagos no tenían sustento normativo que lo autorizara.
La entonces Secretaría de Contraloría de Desarrollo Administrativo del Estado abrió un expediente el 15 de diciembre de 2009, luego de recibir los resultados de la revisión realizada por la Auditoria Superior de la Federación, y el 13 de septiembre de 2010 formuló el pliego de observaciones como resultado del procedimiento administrativo en el que se determinó que había presunta responsabilidad penal del entonces Secretario de Salud, pero no procedieron en su contra.
Los servicios de salud de Sinaloa reintegraron a las arcas del Gobierno Federal el dinero ejercido indebidamente, más 3 millones 280 mil 590 pesos por concepto de intereses.
El representante jurídico del Gobierno del Estado presentó la denuncia contra Ponce Ramos en la Procuraduría General de Justicia del Estado hasta el 3 de agosto de 2011 y ratificada dos días después, cuando ya había concluido el sexenio de Aguilar Padilla y estaba en funciones la administración de Mario López Valdez.
Fue hasta el 2 de septiembre de 2013 cuando el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas de la PGJE , ejerció acción penal y el 25 de ese mes el Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal libró la orden de aprehensión por el delito de desempeño irregular de la función pública.
El 8 de diciembre Ponce Ramos se presentó en el Juzgado a rendir su declaración preparatoria pero lo hizo con un amparo contra la orden de aprehensión y no pudo ser detenido.
Dos días después, el Juez consideró que había elementos suficientes para acusarlo y dictó auto de formal prisión en la causa penal 249/2013.
El Juzgador analizó y precisó cuáles eran los elementos de constitutivos del cuerpo del delito de desempeño irregular de la función pública y de manera fundada y motivada con qué pruebas se acreditan cada uno de los elementos constitutivos del cuerpo del ilícito y valoró los medios existentes de prueba.
La defensa del ex Secretario señala que el plazo para denunciar ese delito es de dos años a partir del día en que quienes puedan formular la querella tengan conocimiento del ilícito y argumentan que las autoridades conocieron los hechos desde 2008 y por tanto cuando se presentó la denuncia ya había transcurrido el plazo.
El Juez Quinto computó el plazo a partir de septiembre de 2010 cuando se formuló el pliego de observaciones y determinó que la denuncia se presentó 10 meses después de que se tuvo conocimiento de la posible comisión del delito.
Tras estar sujeto a proceso penal, Ponce Ramos solicitó un amparo en el Juzgado Cuarto de Distrito contra el auto de formal prisión y el Juez falló a su favor en junio de 2014, ordenando al Juez Quinto que dejara insubsistente el auto de formal prisión y dictara una nueva resolución después de analizar si el delito había prescrito.
En octubre del mismo año, el Juez de la causa emitió una nueva resolución y dictó de nueva cuenta el auto de formal prisión y Ponce Ramos otra vez recurrió a la justicia federal para promover un amparo, ahora ante el Juzgado Segundo.
El Juez Segundo de Distrito concedió el amparo y solicitó al Juez Quinto dictara una nueva resolución que pudiera ser en el mismo sentido de formal prisión y así lo hizo, en diciembre pasado dictó nuevamente el auto de formal prisión.
El 6 de enero de este año, el Juez Segundo de Distrito consideró que el Juez Quinto cumplió en su totalidad la ejecutoria de garantías sin excesos ni defectos por lo que dio por concluido el juicio de amparo.
Ríodoce buscó al ex Secretario de Salud pero se negó a hacer cualquier comentario sobre el proceso penal que enfrenta, argumentando que tenía mucho trabajo en su consultorio.
