En diciembre de 1933 el cónsul estadunidense Frederick W. Hinke pintaba al gobernador  Manuel Páez como un hombre de amplios poderes, que además de ejercer pleno control sobre las cuestiones políticas, agrarias y laborales de la entidad, disponía de los recursos públicos de manera ostentosa y discrecional. Debido ello, en lugar de un político preocupado por el bienestar y la prosperidad del estado y sus ciudadanos, Páez era considerado como “un gobernador incompetente y corrupto” que sólo trabajaba “en provecho de sí mismo y de sus amigos”.

Ante casos como los del mandatario sinaloense —opinaba el cónsul— la ciudadanía debería recurrir al partido político que lo había llevado al poder para pedir su intervención, o bien solicitar a las autoridades federales que tomaran cartas en el asunto.

Cabe advertir que pese a dichos señalamientos, Manuel Páez continuó gobernando Sinaloa en 1934. Más aún, gracias a su cercanía con el ex presidente Plutarco Elías Calles, ese año logró imponer a su ex tesorero Cristóbal Bon Bustamante como senador e intervenir de manera activa en la política local y nacional. Sin embargo, la llegada de Lázaro Cárdenas a la Presidencia de la República en diciembre de 1934 significó el fin de su poderío, ya que desde el inicio de su sexenio éste implementó una serie de medidas para debilitar al grupo callista al que pertenecía Páez. En este sentido, una de las primeras acciones de Cárdenas en Sinaloa fue la destitución del general Juan José Ríos como comandante militar de la zona, y el nombramiento, en su lugar, del general Pablo Macías Valenzuela. Considerado por algunos como “la figura política más fuerte” de la entidad, Ríos tenía lazos de parentesco con Roberto Avendaño, hombre cercano a Páez y quien se desempeñaba como gobernador interino durante sus largas ausencias. Aunado a esto, el Presidente frenó la anticipada candidatura del senador Bon Bustamante al gobierno del estado, con lo que finalmente sacó a los paecistas de la contienda electoral.

De manera paralela, desde el centro del país se fraguó una ofensiva contra el gobierno de Páez, la cual contó con el apoyo de varios gremios locales y de conocidos políticos sinaloenses, como el mayor Alfredo O. González, el general Ramón F. Iturbe y el coronel Rodolfo T. Loaiza. De acuerdo con lo anterior, puede decirse que tras meses de denuncias, protestas y manifestaciones, hacia mediados de 1935 en Sinaloa las discusiones políticas no giraban en torno a la sucesión gubernamental, sino en la posibilidad de remover a Páez de su cargo.

En breve tiempo, las demostraciones públicas de descontento y su cercanía con Calles habían debilitado sus “amplios poderes”. Aun cuando no perdió la oportunidad de alinearse con el presidente Cárdenas una vez que pareció conveniente hacerlo así, se sabía que el Gobernador era un amigo personal de Calles y que seguía consultándolo sobre temas de la localidad.

De hecho, el distanciamiento entre Cárdenas y Calles, a causa de la intromisión de este último en asuntos de la presidencia, lo colocó en una situación sumamente vulnerable ante el gobierno del centro. Para nadie eran un secreto las frecuentes visitas del “Jefe Máximo” a Sinaloa, ni tampoco la hospitalidad que Páez le había brindado al momento de su caída. Por ejemplo, la celebración de su onomástico el 28 de junio en la ciudad de Culiacán, a la que asistieron políticos, empresarios y militares sinaloenses, así como el gobernador de Guanajuato, Melchor Ortega, y el general Sebastián Allende, fue una muestra más de la adhesión de Páez al callismo.

Quizá por eso, tras la partida de Calles de Sinaloa a finales de julio, la posición de Manuel Páez se volvió insostenible. A partir de entonces, las organizaciones campesinas y obreras intensificaron la agitación en su contra, y su gobierno empezó a ser investigado bajo el cargo de desvío de recursos. Más aún, durante el verano aumentaron los rumores de una posible desaparición de poderes en varios estados. Según se decía, el Presidente planeaba destituir al menos media docena de gobernadores, y uno de ellos era Páez. Mientras tanto, éste aseguraba que de acuerdo con ofrecimientos del propio Cárdenas, continuaría en el cargo hasta finales de 1936, tal como lo estipulaba la ley.

Sobra decir que con todo y las garantías que afirmaba haber recibido del Presidente, era poco probable que Páez lograra salvarse del embate contra el callismo. De hecho, un nuevo escándalo protagonizado por un político de filiación paecista, terminó por afectar su imagen ante el gobierno del centro.

Según revelan los informes consulares, durante agosto el diputado Carlos Careaga había acudido al puerto de Mazatlán invitado por el mismo Gobernador, y ahí, después de embriagarse y de recorrer las calles con una banda de música, cometió una serie de atropellos contra la población. Entre dichos atropellos no sólo detuvo y requisó un autobús de pasajeros, sino que en uno de los parques públicos de la ciudad insultó a un mayor del Ejército. Empero, lo más grave del asunto fue que al término de su recorrido, el diputado “increpó a una multitud de curiosos para referirles que Calles sería restaurado en el poder en un futuro muy cercano”. Y que el discurso en mención “fue acompañado con ‘vivas’ para el Jefe Máximo y Páez”.

Como era de esperarse, la jefatura militar consideró las acciones de Careaga como un agravio y protestó ante el Departamento de Guerra. En respuesta, las autoridades del centro ordenaron que se abriera una investigación judicial sobre el caso y solicitaron la presencia de Manuel Páez en la Ciudad de México para que aclarara el exabrupto de su colaborador. Tras casi un mes de ausencia, el Gobernador retornó a la entidad con una orden de “juicio político” contra el diputado y con “la garantía de que su administración podría disfrutar del apoyo y la confianza del Presidente”.

No obstante, la negociación de Páez con las autoridades federales realmente duró poco tiempo, ya que a mediados de diciembre —después de meses de intensas confrontaciones entre los grupos callistas y cardenistas del país—, el gobierno de Lázaro Cárdenas ordenó la desaparición de poderes en Sinaloa.

Así, un año antes de concluir el periodo para el que había sido electo —el 16 de diciembre de 1935 para ser exactos—, Manuel Páez fue depuesto de su cargo. Junto a él también fueron destituidos el senador Cristóbal Bon Bustamante y varios funcionarios estatales y municipales identificados como callistas. Cabe advertir que una situación similar se vivió en los estados de Sonora, Durango y Guanajuato. Y anteriormente en Tabasco, Colima y Guerrero.

Por último, debe decirse que el coronel Rodolfo T. Loaiza fue el encargado de ejecutar en Sinaloa la purga de gobernadores y funcionarios públicos que Cárdenas había planeado contra los partidarios del ex presidente Plutarco Elías Calles, desde su llegada al poder.

Debido a su posición estratégica como diputado y a su cercanía con el sector obrero y campesino del sur de la entidad, éste se convirtió en un eficaz intermediario político entre los grupos locales y el gobierno del centro. Por lo mismo, no era extraño que al tiempo que aparecía como el principal instigador de la ofensiva contra Páez, se le mencionara —junto al general Pablo Macías Valenzuela— como candidato al gobierno del estado para el periodo 1937-1940. Ni tampoco que tras la destitución de Páez, gracias a su buena relación con Cárdenas, lograra colocar a un “hombre de su confianza” —el coronel Gabriel Leyva Velázquez— como gobernador provisional.

Sinaloa, 80 años después

A 80 años de distancia, la destitución del gobernador Manuel Páez es un episodio poco conocido de la historia de Sinaloa. Conocerlo es importante porque permite vislumbrar que ocho décadas después, el panorama político en la entidad y en el país es sumamente distinto.

Por ejemplo, a diferencia de los años de posrevolución, hoy en día la figura presidencial está claramente debilitada y el Presidente de México carece de una amplia base social que lo respalde en la toma de decisiones.

Asimismo, contrario a la década de los treinta en que dominaba un naciente pero poderoso partido único, actualmente diversas fuerzas políticas se disputan el poder a lo largo y ancho de la geografía nacional. También han poblado la escena candidatos “ciudadanos” y/o “independientes”, y existe un organismo “autónomo” que sirve de árbitro en la contienda electoral.

En el caso de Sinaloa, la clase política tampoco se define por la existencia de dos grandes bandos, ni por la de una serie de facciones al interior de un solo instituto político, como en el pasado. Y si bien el partido de la “Revolución” sigue teniendo el control de los puestos públicos en la entidad —los cuales están en manos de figuras bastante cuestionables, por cierto—, hoy existe una “oposición” que en lugar de enriquecer la contienda electoral, en más de un sentido la empobrece.

A todo esto se podría agregar que las relaciones entre los gobiernos federal y estatal se han vuelto más complejas que en los lejanos tiempos de la construcción del Estado mexicano. Y a su vez, que en la actualidad el clima político nacional y local se encuentra enrarecido por la presencia de la corrupción, el narcotráfico y la violencia. De acuerdo con lo anterior, puede decirse que la historia política de México nos enseña que aun cuando existen posibles similitudes entre el pasado y el presente de las regiones, a 80 años de distancia son mayores las diferencias.

Por último, faltó mencionar que al momento de su destitución, el gobernador Manuel Páez fue acusado de usufructuar puestos, de enriquecimiento personal y de atribuirse funciones legislativas y judiciales que no le correspondían… Al parecer, tras ocho décadas, en eso sí nada ha cambiado.

(Con información de: Records of the Department of State Relating to Internal Affairs of Mexico 1930-1939, National Archives)

* Candidata a Doctora en Historia por el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México.