Las recientes capturas de miembros del crimen organizado, en especial del Cártel de Sinaloa en los estados de Yucatán y Quintana Roo han despertado dudas sobre el por qué se encontraban los supuestos delincuentes en estas entidades consideradas de baja criminalidad.
Un seguimiento realizado por este diario detectó que hay al menos siete empresas vinculadas a actividades delictivas, principalmente al lavado de dinero y trasiego de drogas para el Cártel de Sinaloa.
Esto cobra mayor sentido tras la captura de César Gastélum Serrano el pasado 11 de abril. A él se le considera uno de los principales operadores de dicha organización coordinando acciones desde Sudamérica hasta Estados Unidos.
Las compañías han sido señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EU (OFAC, por sus siglas en inglés) y pueden ser sujetas de embargo, así como los ciudadanos de ese país tienen prohibido realizar transacciones con ellos.
Sin embargo en México incluso han prestado servicios para entidades gubernamentales y la Secretaría de la Función Pública no tiene ninguna inhabilitación contra ellas.
Tal es el caso de Andamios Dalmine de México, compañía dedicada al empleo de estructuras compuestas de tubo-junta, quienes de acuerdo con su página de internet cuentan con 12 centros de atención en el país, entre ellos el ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio, kilómetro 10 Lote 44, Colonia Alfredo V. Bonfil, Cancún, Quintana Roo.
Aunque sí cuenta con su registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), Andamios Dalmine fue agregada el 17 de febrero pasado en la lista de las empresas ligadas al crimen organizado. Su presidente, Francisco Javier Gastélum es hermano de César Gastélum.
La empresa ligada a la organización delictiva ha trabajado en numerosos eventos que implican la colocación de andamios y estructuras en el Distrito Federal. En mayo de 2006, estuvieron a cargo de los trabajos de los trabajos de restauración del Ángel de la Independencia, ubicado en Paseo de la Reforma; en 2013 volvieron a ser recurridos para la restauración de la Escultura Ecuestre de Carkis IV y su pedestal en el Centro Histórico.
Sin embargo, el Fideicomiso del Centro Histórico desestimó el contrato que ya había firmado la empresa argumentando que “nosotros nos enteramos de los vínculos que tenía la empresa por lo que se publicó en los medios, no era humanamente posible tener esa información antes de celebrar un contrato con Dalmine”.
Otro ejemplo de la nula sanción de empresas bajo la señalización de nexos con la delincuencia, es la distribuidora de tequila La Casa El Viejo Luis y su filial El Viejo Luis, también ubicadas en Boulevard Luis Donaldo Colosio s/n, Colonia Alfredo V. Bonfil, Cancún, Quintana Roo. También cuentan con oficinas en Jalisco y en septiembre de 2013 fueron señaladas por la DEA junto con al menos seis empresas más como “negocios fachada” para lavar dinero al servicio de Los Güeros, brazo armado del Cártel de Sinaloa.
Desarrollo Arquitectonico Fortita y Promociones Citadel, fueron algunas de las varias empresas de Ezio Benjamín Figueroa Vásquez y su hijo Bassein Eduardo Figueroa Gómez, quienes fueron acusados desde abril de 2012 por pertenecer a una red internacional de tráfico y distribución de precursores químicos para la fabricación de metanfetaminas, siendo el mismo cártel uno de sus principales compradores.
Sin sanción en la SFP ni registro en el SIEM, el gobierno estadunidense reveló en febrero del año pasado la conexión empresarial entre Cancún- Guadalajara a través de empresas fantasma para la misma organización criminal, pues la empresa Socialika Rentas y Catering, proveedor de Organizadores en Zapopan, Jalisco cuenta con registro de contribuyentes en Cancún Quintana Roo.
La empresa fue boletinada por Estados Unidos al estar bajo el nombre de Brenda Esparragoza Gastélum, identificada como hija de Juan José Esparragoza, alias El Azul, uno de los líderes del cártel de quien en junio de 2014 se presumió su muerte, sin que a la fecha ninguna autoridad haya desmentido o confirmado dicha versión. (24 Horas)
