Miguel Ángel Vega
CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado de la República aprobó ayer una propuesta de ley que aplicaría castigos más severos a quienes realicen delitos en materia de hidrocarburos, llamados comúnmente como “ordeñas”.
Según el dictamen, aprobado con 80 votos a favor contra siete en contra, los responsables de éstos delitos podrían recibir condenas que van de los 12 a los 35 años por la simple “ordeña” en ductos, barcos y depósitos petroleros, lo mismo que a quien distribuya gasolina o gas.
Si el delito involucra coerción, la pena se elevaría a 40 años de cárcel, pero si la ordeña o distribución de hidrocarburo involucra sabotaje o terrorismo, los responsables recibirían hasta 60 años.
La nueva ley incluye penas para las gasolineras que no entreguen los litros completos, o cuyas máquinas se encuentren alteradas, cuya sanción castigaría a los responsables de las gasolineras con una pena de entre 10 y 18 años de cárcel.
“Antes, éstos delitos eran castigados con penas de entre 5 y 12 años de prisión, y era común que los responsables al poco tiempo anduvieran libres, aún cuando hubieran sido aprehendidos en plena flagrancia del delito, eso va a cambiar”, dijo el senador Omar Fayad Meneses, autor del proyecto de ley.
Según el senador priista, el robo de gasolina o diesel, cuesta al país alrededor de 19 mil millones de pesos al año, pero además pone en riesgo la vida de personas, y de la gente que vive cerca de dónde se realiza ese delito.
“Ha habido explosiones dónde ha habido muertos, heridos, además del daño a la ecología, y era algo que debíamos hacer, porque esta práctica estaba muy ligada a los cárteles de la droga”, sostuvo el legislador.
La fracción parlamentaria del PT fue el único partido que se opuso a la medida, argumentando que se trataba de una farsa para impulsar la reforma energética, a lo que Fayad negó que así fuera.
“Esto no tiene que ver con esa reforma, sino una medida que debemos hacer para poner fin a esos delitos, hoy considerados graves”, dijo el legislador.
El senador del Partido Verde Ecologista, Gerardo Flores Ramírez, dijo haberse sumado a la propuesta porque esa iniciativa de ley protegerá la vida de los mexicanos, pero también el patrimonio de ellos, al evitar explosiones que pongan en peligro sus propiedades.
“Pero lo que más nos impulsó, fue evitar muertes injustas como las que ocurrieron en San Martín Texmelucan, en Pueblo, donde hubo una explosión durante una ordeña, dejando 30 muertos, la mitad de ellos eran niños”, precisó Flores Ramírez.
