mayo 8, 2021 6:48 AM

Disculpa pública

disculpa 3

Veo la imagen patética de Héctor Benítez Verdugo, secretario de Seguridad Pública de Culiacán, acompañado de Juan José Ríos Estavillo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), además de otras personas uniformadas, cabizbajas y solemnes. La imagen es protocolaria: un escenario, unos funcionarios, un discurso. El Secretario extiende una incómoda disculpa al padre del joven José Alberto Miranda Valenzuela, quien fue asesinado en mayo pasado por agentes policiacos municipales de la capital del estado y luego fue acusado de ser delincuente. Es decir, se mató dos veces a la víctima, una vez la noche del crimen y la otra en los medios de comunicación.

Afirma el Secretario con atropello tautológico y sesgo retórico que están ahí: “… a efecto de otorgar una disculpa pública y, de manera particular, con profundo respeto,  responsabilidad y solidaridad al señor Gabino Miranda Beltrán, ofrecemos a usted una disculpa pública ante los lamentables hechos en que se vio afectada su familia” (sic).

El hecho, aunque protocolario, puede ser visto como una cortesía para la familia agraviada y como que las cosas están cambiando en la autoridad ante los abusos de estos policías municipales; incluso que es parte de una nueva política de impartición de justicia, sobre todo cuando al hoy desaparecido se le señaló como un delincuente para justificar su muerte y, por supuesto, absolver a los policías que por acción u omisión están directamente señalados como culpables.

La otra lectura es lo que arroja la propia información que circula en torno al caso. La primera es que probablemente hubo, a iniciativa de la CEDH, un acuerdo entre las partes para cerrar un caso en que han transcurrido diez meses desde que ocurrió el asesinato —y digo asesinato porque es lo que fue con toda alevosía y ventaja—, y dicho de paso han sido insuficientes para que el asesino haya sido detenido y procesado como cualquier otro delincuente. Sigue prófugo de la justicia. El policía que sí está detenido, se dice en la nota, está suspendido en la corporación  y enfrenta cargos administrativos.

No caben eufemismos en este asesinato, ni el lenguaje jurídico barroco que busca ser exculpatorio cuando se ve involucrado un agente policiaco, sino nombrar a los hechos por su nombre, que no le devolverán la vida, ni la tranquilidad a la familia, pero es un avance en esos trances que nadie desea pasar en su vida.

Al joven, como lo demostró la CEDH, con información proporcionada por los vecinos testigos, los policías lo sometieron y lo asesinaron en el suelo. La razón, ante la ausencia en la nota, seguramente es irrelevante. Unos tacos que no se pagaron, un semáforo en rojo no respetado o exceso de velocidad. Vaya usted a saber. Lo cierto es que quedó tendido un joven ante el azoro de su compañero de una aventura que terminó mal. Un joven que seguramente tenía proyectos para su vida. Apoyar quizá a su padre que mucho le quería. Quien, como vemos, le ofendió en lo más hondo que dijeran que su hijo era un delincuente y que por eso lo habían matado. Y quizá por eso, la disculpa pública.

Algo anda mal entre las policías de Sinaloa que amenaza a todos, pero especialmente a los jóvenes; pero también algo bueno en la CEDH que sale al quite en este tipo de asesinatos que nunca deberían suceder y contra la narrativa policial.

Ríos Estavillo dice que hay otros nueve casos similares y con este precedente, la CEDH va contra quienes resulten culpables por acción u omisión.

Lo que no se alcanza a ver es si el gobierno municipal, además de la disculpa pública, también ofrece una indemnización económica y resarce el daño moral que este tipo de delitos ocasiona.

Espero que sea así.

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