Acusando la marcada relación que las empresas contratadas para edificar los hospitales generales en Mazatlán y Culiacán, tienen con el gobierno salinista, opacidad en el proceso de licitación y sospechas de tráfico de influencias, el diputado perredista, Ramón Lucas Lizárraga presentó un punto de acuerdo para que el Congreso del Estado acuerde con el Gobierno de Sinaloa la suspensión de los contratos de asociación público privada.
Lucas Lizárraga lamentó que a pesar de cinco reuniones de los legisladores con el secretario de Salud de Sinaloa, Ernesto Echeverría Aispuro, hasta el momento no han sido despejadas las dudas que los diputados de diferentes fracciones políticas han planteado a la solicitud del gobierno Estatal para otorgar a las empresas garantías de crédito basadas en las participaciones federales.
El legislador perredista criticó la relación que tiene la empresa Promedex,ganadora de la licitación para el Hospital de Culiacán, de la cual su principal socio es el empresario Olegario Vázquez Raña, con acusaciones de corrupción gubernamental en el sexenio del ex presidente Carlos Salinas de Gortari y que el mismo consorcio al que pertenece el empresario esté relacionado con el escándalo actual por la “Casa Blanca” de la primera dama, Angélica Rivera
“Lo que no es cosa menor es llegar a conocer a través de los medios de comunicación que la operación autorizada por la anterior legislatura y que se pide a la nuestra fortalecer, mediante esa garantía del 25 por ciento, está ligada a lo peor que hemos conocido en México en materia de corrupción gubernamental, como fuera y dentro del país se ilustra al sexenio encabezado por Carlos Salinas de Gortari”, dijo Lucas Lizárraga.
Y agregó que “Además de las empresas vinculadas a la riqueza al amparo del servicio público que produjo el salinato, beneficiada con uno de los contratos autorizados, otra más surgida en el Estado de México, también beneficiada por esta operación institucional del gobierno del estado de Sinaloa, está inmersa en un escándalo público que lo menos que ilustra es un conflicto de intereses de la propia presidencia de la república”.
Durante su intervención ante el pleno del congreso local, el diputado admitió que la suspensión de los contratos puede derivar en un juicio contra el Estado pero consideró que sería preferible a continuar con un proceso que genera sospecha.
“Debería ser preferible que seguir alimentando la sospecha de negocios malhabidos desde el servicio público”, dijo.
