CHIHUAHUA, Chih., (proceso.com.mx).- Los diputados federales panistas por Chihuahua, Rocío Reza Gallegos y Carlos Angulo Parra, interpusieron una demanda contra el gobernador César Horacio Duarte Jáquez por ejercicio indebido del servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades, peculado y encubrimiento.
Lo anterior, después de que el exdiputado local y abogado Jaime García Chávez dio a conocer que Duarte y su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, crearon un fideicomiso de 65 millones de pesos en Banorte y pidieron a esta institución que invirtiera en el banco Unión Progreso de Chihuahua, recién creado este año.
Con esa inversión se convirtieron en socios de Unión Progreso con entre el 10 ó 15 por ciento, de acuerdo con las indagaciones de García Chávez.
El abogado denunció además al secretario de Hacienda estatal, Jaime Ramón Herrera Corral y al presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Carlos Hermosillo.
García Chávez dijo que Unión Progreso publicita que puede dar rendimiento entre 8 y 9 por ciento, mientras que al gobierno de Chihuahua ofrece una tasa de poco más del 3 por ciento, lo que ha provocado graves afectaciones en los otros socios de la institución.
A Carlos Hermosillo lo denunció porque hay un depósito de 35 millones de pesos de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Delicias, por lo que pide que se investigue el origen y destino de ese monto.
La demanda la interpuso en la Fiscalía General del Estado, en la Procuraduría General de la República (PGR), ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Por su parte, los diputados federales chihuahuenses indicaron que demandaron a Duarte por los delitos mencionados, en perjuicio de la administración pública y patrimonio del estado de Chihuahua, cometidos también por Jaime Ramón Herrera.
“Es un hecho que hay un gran incremento de la deuda en la administración de César Duarte, de alrededor de 28 mil millones de pesos, según el exgobernador José Reyes Baeza Terrazas y la SHCP, y en el mejor de los casos de 23 mil millones de pesos, según la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, pero lo que nos preguntamos todos los chihuahuenses es a dónde se fue tanto dinero de la misma, en qué se utilizó, y más puntualmente, a quién benefició”, cuestionó Rocío Reza.
En ese sentido, Reza Gallegos comentó que solicitará a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados proponer a la Auditoría Superior de la Federación iniciar una exhaustiva investigación con auditorías administrativas y contables necesarias para verificar y/o comprobar el uso, ejercicio, destino y aplicación de los fondos públicos obtenidos mediante la contratación de Deuda Pública en el estado de Chihuahua, durante las administraciones estatales que comprenden los periodos 2004-2010 y 2010-2016.
“En caso de encontrar las irregularidades una vez terminadas las investigaciones, se solicita asimismo proceda conforme a las disposiciones legales que en materia de responsabilidad administrativa, civil y penal le son aplicables, toda vez que una fuente del recurso proviene del Presupuesto Federal”, dijo Rocío Reza.
Indicaron que el problema es el ocultamiento de información y la falta de claridad en las explicaciones por parte del gobierno estatal.
Advirtieron que en caso de ser responsables, los funcionarios deberán responder a la justicia federal por los hechos secuenciales de contratar deuda a través de ofrecimiento de las participaciones federales como fuente de pago.
A la demanda de García Chávez se han sumado ciudadanos en lo individual y organizaciones civiles que buscan que se realice una investigación al gobernador ante señalamientos en varias partes del estado, por lo que el demandante realizará una gira por todo el estado para dar a conocer los motivos de su denuncia y llamar a que se sumen a demandar y aportar pruebas contra los funcionarios estatales.
