El comisionado nacional de Seguridad de México, Monte Alejandro Rubido, afirmó que fue un error el ataque a tiros a una camioneta de la embajada de Estados Unidos en 2012 y que dejó heridos a dos oficiales de la Central de Inteligencia estadounidense, ya que tras investigar el caso no se encontraron evidencias de que los policías actuaron por órdenes de algún grupo del crimen organizado.
El funcionario confirmó que 14 policías federales sólo enfrentan cargos por uso excesivo de fuerza, al ser cuestionado en una reunión con corresponsales extranjeros en México. Afirmó que el motivo del ataque “sí se supo y fue un lamentable error de las personas que estaban ahí”.
En agosto de 2012 un auto diplomático blindado en el que viajaban dos miembros de la CIA y un capitán de la Marina mexicana, fue atacado en un poblado en las afueras de la ciudad de México, cuando se dirigían a un campo de entrenamiento naval.
Desde que ocurrió el ataque, funcionarios han dicho que el grupo de agentes federales investigaba un caso de secuestro cuando se encontró con el vehículo en los que viajaban los agentes de la CIA y los funcionarios abrieron fuego luego de que el auto no se detuvo cuando se lo ordenaron. La camioneta blindada recibió 152 disparos.
Funcionarios mexicanos dijeron meses después que una de las líneas de investigación era la posible participación del cartel de las drogas de los Beltrán Leyva.
Rubido dijo, sin embargo, que “sí se especuló si podrían estar al servicio de algún grupo delincuencial y la conclusión contundente fue que no”. El ataque ocurrió en un área donde tenía presencia el cartel de los Beltrán Leyva.
“El día anterior ellos habían detenido una banda de secuestradores en esa región y de pronto vieron circular un vehículo con características inusuales para la región”, refirió Rubido. “En un craso error, craso error, los policías empiezan a disparar al vehículo, asumiendo que se trata de un delincuente”, añadió.
El funcionario no dijo cuáles podrían ser las sentencias para los 14 elementos imputados, los cuales ya fueron dados de baja de la corporación. El código penal federal señala penas de uno a ocho años de prisión para delitos relacionados con el “abuso de autoridad”, en casos cuando un servidor público “ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o la insultare”.
Tomado de Eje Central.
