En la revisión al uso del megacrédito por 2 mil 600 millones de pesos, la Auditoría Superior del Estado encontró retiros bancarios sin justificar su destino, recursos aplicados a fines distintos y ahorros en la ejecución de las obras que no se usaron en pagar la deuda millonaria, por un monto total de 470 millones 664 mil 238 pesos.
De las cuatro acciones irregulares detectadas a la secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, la ASE emitió una solicitud de aclaración para que el Ejecutivo explique a detalle el manejo del crédito por 2 mil 600 millones de pesos que Mario López Valdez solicitó a mediados del 2011.
Sin embargo, pese a esta y a otras irregularidades que también quedarían pendientes de explicar, la comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, presidida por el diputado priista, Gómer Monárrez Lara, presentó un dictamen aprobatorio para la cuenta del gobierno estatal, el cual será votado este martes 29 de julio por los diputados de la 61 legislatura.
Según explicó el auditor del Estado, Antonio Vega Gaxiola, en el informe de la revisión y fiscalización a la Cuenta Pública del Gobierno Estatal, del segundo semestre de 2013, también quedó pendiente la explicación por las retenciones que la SAF realiza a los trabajadores del Estado y que no ha pagado a proveedores e instituciones correspondientes.
Las retenciones efectuadas a trabajadores se arrastran desde el 2012 y la suma casi se triplicó en el 2013, alcanzando un total de 1 mil 146 millones 133 mil 584 pesos que el Estado le descuenta mensualmente al trabajador pero que no ha entregado a más de 30 entidades, como el Instituto de Pensiones del Estado, Issstesin, diversos fideicomisos, aseguradoras particulares y empresas de servicios funerarios, entre otros.
Vega Gaxiola señaló que la ASE desconoce el destino y uso de esos recursos por lo que se le solicitó al Ejecutivo mayor información pero esas respuestas no alcanzaron a incluirse en el informe que los diputados votarán mañana.
La cuenta del Hospital Pediátrico de Sinaloa, el dragado al arroyo Jabalines en el municipio de Mazatlán y el uso de 182 millones de pesos del Cupón Cero, estos últimos empleados en pagar pasivos a corto plazo y no en las obras autorizadas con el recurso, también son temas que la ASE dejó pendientes de explicar y que la comisión de Fiscalización dictaminó como aprobatorios.
“Nosotros no alcanzamos a recibir toda la información, aún cuando la cuenta pública se someta a consideración, el tema está pendiente para informar. Vamos a revisar todo el crédito, los 2 mil 600 millones y cuando lo tengamos aquí lo vamos a ver, es un compromiso”, aseguró Vega Gaxiola.
En la revisión que la ASE realizó a la cuenta pública del ejecutivo se analizó el ejercicio de los recursos en la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría de Obras Públicas, Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Congreso del Estado y el Poder Judicial.
Placas innecesarias.
En la revisión a la Secretaría General de Gobierno se encontró que del 1 millón 500 mil paquetes de placas para transporte público y privado, contratado con la empresa Cangnan Riwong Craft, los juegos de placas requeridos para motocicletas, policía, ómnibus y discapacitados no coinciden con las necesidades reales del usuario.
Según lo encontrado en la auditoria, de las placas entregadas a las delegaciones en el primer y segundo semestre de 2013, un total de 54 mil 868, sólo se requirieron 20 placas para policías, el resto continúa en los almacenes y no existen solicitudes del usuario.
“No existe cuestión política”: Vega Gaxiola.
El auditor del Estado negó que haya una confrontación política en contra del Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Guerra Ochoa, como este lo había denunciado, luego de que se dieran a conocer irregularidades en la cuenta del Fondo Agropecuario de Sinaloa por 80 millones 845 mil pesos.
“Con ningún ente pública o con ningún ente fiscalizable existe alguna cuestión política, la Auditoria Superior del Estado está totalmente ajena a cualquier situación y de cualquier partido político, no podemos actuar de esa manera”, defendió Vega Gaxiola.
El auditor enfatizó que la ASE puede revisar los recursos de cualquier organismo, municipio, dependencia estatal y hasta personas físicas o morales, siempre y cuando reciban recursos públicos, situación en la que se encuentra el Fideicomiso del Fondo Agropecuario.
Sin embargo, Vega Gaxiola admitió que a partir de las inconformidades que Guerra Ochoa ha manifestado públicamente en torno al dictamen de la ASE, se realiza una revisión al trabajo de la auditoría y de encontrar omisiones por parte de la ASE, esto se reconocería.
