A la caza de falsos gestores

Indígenas. Manipulación de las necesidades.
Indígenas. Manipulación de las necesidades.

Se dicen ser enviados directos del presidente de la República, Enrique Peña Nieto y ofrecen sus servicios de gestores de riqueza. Hablan como merolicos y no tienen escrúpulos.
Ofrecen desde despensas hasta pies de casas, viviendas dignas y tubería para los servicios de agua potable y drenaje sanitario.
Muestran papelería con logotipos de dependencias federales; llevan uniformes y hasta casacas con logos de programas asistenciales federales, en las que se adhieren credenciales. Invariablemente, la acreditación es tan falsa como sus propias ofertas de gestiones.
Andan a pie, de casa en casa, de calle en calle, poblado en poblado, colonia tras colonia. Operan en asentamientos marginales alejados, con alta o muy alta marginación. Sus víctimas son familias pobres, con escaso conocimiento de la burocracia; personas sin preparación académica, fáciles de engañar.
Para ellos, cada incauto representa dinero. Cobran desde 50 pesos hasta miles de pesos. La tarifa a pagar depende de la gestión que les encargue su cliente, o como ellos lo explican, “el beneficiario de los programas asistenciales”.
Extiende recibo. Pero todo es falso, Hasta ellos mismos. Son los falsos gestores, cuyo único trabajo es engañar.
Silvina Valenzuela Valenzuela, coordinadora de Cobanaro del municipio de Ahome ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de Los Pueblos Indígenas (CDI) afirmó que recientemente llegaron al campo pesquero El Jitzámuri, supuestos gestores de servicios públicos. “Pedían 50 pesos por servicios. Mucha gente les pagó por lo que pensaban era un contrato barato y aunque les pedí que no lo hicieran porque eran un fraude, no se previnieron y cayeron en el engaño. El dinero terminaron perdiéndolo”.
En otra ocasión, recuerda, llegaron a otro pueblo. Ofrecían despensas mensuales a cambio de 100 pesos de enganche. Extendieron recibos cuando recibieron el dinero. Las despensas nunca han llegado a las casas en donde entregaron los billetes. “Les advertí también, pero no hicieron caso”.
Silvina Valenzuela. Denuncia puntual.
Silvina Valenzuela. Denuncia puntual.

—¿Los pueden identificar? —se le pregunta a Silvina Valenzuela.
—No, porque actúan rápido. Cuando la gente los ubica, ellos se escapan. Para cuando llegan la policía o los encargados de las dependencias públicas, ya se fueron.
—¿Pertenecen a algún partido político?
—No lo sé, quizá fueron parte de alguno, porque conocen los programas de asistencia social.
—¿Qué cantidades piden?
—Lo que sea, desde 50 pesos hasta mil 500 pesos por un pie de casa.
—¿Entregan algún documento?
—Sí, hasta recibos de Peña Nieto, con su foto y todo.
Bernardino Antelo Esper, director de la Dirección de Desarrollo Social (Didesol) del Gobierno de Arturo Duarte García, afirmó que en la búsqueda de estafadores o vivales han logrado identificar a 10 personas. “Tenemos identificados a 10 falsos gestores. Estamos reuniendo pruebas y testimonios para presentar denuncia formal y pueden ser atrapados y sancionados, porque el lucrar con la necesidad de las personas pobres debe ser un delito que no debe quedar impune. Creo que de todas las bajezas, esta es la peor”.
El funcionario aseguró que se han detectado a los inspectores falsos en comunidades pobres, en donde la lejanía hace que estos tengan el tiempo suficiente para escapar, cuando los afectados presentan denuncia en tiempo real. “Ya son varias las veces que hemos movilizado a nuestros muchachos. Algunos falsos inspectores se nos han ido por piernas, pero cada vez estamos más cerca de ellos, cada vez conocemos mejor su forma de actuar y estamos tomando las prevenciones necesarias para que la población pobre no sea abusada”.
Antelo Esper dijo que en ocasiones han hecho una campaña de concientización profunda, pero la necesidad de la gente por tener servicios eficientes les hace caer en los engaños de vivales.
Pidió a la población no dejarse engañar, y que denuncien cualquier caso en donde un gestor cobra por tramitarles algún servicio. “Si les cobran es una estafa. Los servicios son gratuitos y se obtienen en forma personal. Los programas asistenciales son sin costo, y los coyotes  no tienen acceso a ellos, tampoco a las oficinas de gobierno”.
La situación, consideró, cambia cuando a nombre de un ejido o comunidad, el presidente o representante legal realiza intervenciones ante el gobierno. “Pero una vez asignado el beneficio, éste se entregará en forma personal, y no por encargo o a tercera persona”.
Insistió en que las personas no deben dejarse engañar, porque ya es público que quien cobra por algún trámite es en realidad un estafador o ladrón. “Esos abusos deben de terminar de una vez por todas. La población no debe prestarse a que los coyotes la engañen. Debe de denunciarlos para que la autoridad penal haga lo que con ellos corresponde: encerrarlos en prisión”.
Las tarifas
50 pesos gestionar agua potable
100 pesos por despensa mensual
1,500 pesos por pie de casa

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