En los estrados del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal de Guadalajara se publica este día en las listas de acuerdos la petición de información por medio de Transparencia que realiza un ciudadano para que se le entregue la copia de una sentencia de un amparo promovido por el narcotraficante Rafael Caro Quintero.
Lo delicado del asunto es que en el acuerdo del juicio de garantías 1319/2013 se publica el nombre de la persona que requiere de la información, poniendo en riesgo sus datos personales y su integridad física.
El solicitante de información, probablemente reportero o investigador, pidió al Consejo de la Judicatura de la Federación, a través del sistema INFOMEX, copia de la resolución del juicio de amparo promovido por Caro Quintero el primero de julio de 2013, cuando realizaba todos sus preparativos para abandonar el penal de Puente Grande.
El capo sinaloense promovió un amparo en contra del secretario de gobernación, del procurador general de la república y otras autoridades, reclamando la posible orden de detención provisional con fines de extradición internacional que pudiese existir en su contra. Finalmente como el acto reclamado no existía y Rafael Caro obtuvo su libertad el 9 de agosto siguiente, 22 días después el juicio fue sobreseído.
Ahora, un ciudadano que pretende copia de dicho fallo fue “balconeado” en el juzgado al publicarse un acuerdo en el que se señala la recepción del comunicado del titular de la Unidad de Enlace de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, informando de la solicitud de JRV (cuyo nombre publican completo).
El juzgado involucrado estima viable la solicitud y entrega de la información peticionada por no tener carácter de reservada o confidencial y ordena se remita vía electrónica a la Unidad de Enlace referida para que ésta la proporcione al solicitante.
Todavía aclara el juez segundo a la unidad del Consejo de la Judicatura “a fin de garantizar la privacidad de los gobernados, procede la supresión de datos personales o sensibles”, siendo que en las propias listas de acuerdos publican el nombre de quién pide la información.
Tomado portal Zeta.
