La búsqueda no cesa

Sandra Hernández. Un indicio.
Sandra Hernández. Un indicio.

El 2013 no acabó con la esperanza de familiares de desaparecidos, que no pararán hasta saber de ellos
Para los familiares de desaparecidos en Sinaloa transcurrió un año más de búsqueda constante de al menos un indicio que les permita encontrar a sus hijos, padres o hermanos. Luego de plantones, reuniones y reclamos, la respuesta de las autoridades sigue siendo “sin novedad”.
Para Alma Rosa Rojo y Sandra Hernández, quienes buscan a su hermano e hijo desaparecidos, lo que han recibido son burlas de la Procuraduría de Justicia del Estado. Cuando han sido recibidas por el gobernador Mario López Valdez, dicen, es “porque no le queda más remedio”, como en la visita a Sinaloa del presidente Enrique Peña Nieto o del procurador de la República, Jesús Murillo Karam, en donde burlaron el cerco de seguridad y se escabulleron para atravesarse en el recorrido oficial para ser vistas y escuchadas.
Sandra deja en claro que “no ando buscando culpables, ando buscando a mi hijo, eso es lo único que yo quiero, no quiero saber detalles, no me interesa, me interesa saber de él, que me lo entreguen y sé que eso está al alcance del Gobierno, por eso se los pido y por eso les digo que no voy a dejar de exigirles que lo busquen y lo encuentren”, y lanza una súplica desesperada para quienes se lo llevaron hace dos años: les pido perdón en nombre de mi hijo si es que él hizo algo malo, compadézcanse de mí y díganme dónde está para ir por él y poder llorarlo, sin esta incertidumbre”.
En abril pasado, el gobernador se comprometió a revisar y darle seguimiento a 14 expedientes de desaparecidos “pero han sido puras mentiras”, señala Alma Rosa Rojo, quien tiene cinco años buscando a su hermano desaparecido, “no han querido ayudarnos, a veces me retiro porque me desespero que las autoridades no tienen avances, te cansan y pienso que me voy a resignar a que lo perdí, pero regreso porque quiero recuperar al menos el cuerpo de mi hermano, nunca he pedido culpables, pero que me digan dónde está”.
Sandra informó que “luego del plantón realizado en el Palacio de Gobierno en agosto pasado, tuvimos una reunión con las autoridades de justicia donde quedaron de integrar un grupo de investigación especialmente para desaparecidos, el Grupo Jaguar, que supuestamente estuvo yendo a las reuniones los fines de cada mes en la PGJE pero van a nada porque no tienen ningún avance”.
 
Gobierno, culpable por colusión
 
A finales de agosto pasado, el Tribunal Social para juzgar las Desapariciones Forzadas resolvió declarar culpable de las desapariciones de ocho personas al Gobierno de Sinaloa, en un evento realizado en la plazuela Álvaro Obregón, integrado por dirigentes de organizaciones ciudadanas y familiares de víctimas del delito.
Ahí, luego de testimonios de testigos y familiares de desaparecidos, en casos ocurridos desde la represión política de los años 70 hasta la llamada guerra contra el crimen organizado, los jueces Gilberto López y Rivas, Raúl Ramírez Baena y Rocío Culebro, dictaminaron que en los casos presentados se destaca la colusión de los tres poderes del Estado “por omisión y comisión de este crimen de lesa humanidad”.
La sentencia señaló que en Sinaloa “se destaca un claro patrón de impunidad, de la no averiguación pronta y eficiente del delito que se juzga y de la ausencia de un marco normativo, todo lo cual impide la prevención, la investigación, la sanción y la reparación integral de los daños a las víctimas y en consecuencia el establecimiento de condiciones para la no repetición del delito”.
El Tribunal Social se constituyó a convocatoria del organismo no gubernamental Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa (CDDHS) y en este participaron víctimas del delito, familiares de desaparecidos y activistas de renombre nacional. Aunque fueron convocados y había espacios reservados para ellos en las mesas de trabajo, no acudieron representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado.
Entre los fallos, el tribunal solicitó al Gobierno estatal acceso efectivo y rápido a la justicia, a través de la búsqueda de las personas desaparecidas utilizando los recursos institucionales y tecnológicos necesarios de forma inmediata; la reparación adecuada del daño sufrido —proporcional a la gravedad del delito y a las circunstancias de cada caso— y medidas eficaces para detener estas violaciones.
El Tribunal Social se instaló a partir de una iniciativa de la sociedad civil sinaloense ante la negativa e incapacidad del Estado de Sinaloa para administrar, procurar e impartir justicia, y tiene autoridad moral surgida de experiencias en otros estados del país. Su resolución se basa en la jurisprudencia internacional de los derechos humanos, en lo particular en lo establecido en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”.
 
Andaban mal…
 
A Sandra le asaltan las dudas: “Mi hijo anduvo en la campaña de Malova y entró a trabajar a la Procuraduría, pero a pesar de ser empleado administrativo cercano al procurador, el señor niega haberlo conocido. No sé, quizás hizo algo mal, pero quiero decirle que así sea el peor delincuente del mundo tengo todo el derecho de buscarlo, quizás se equivocó, hizo algo indebido, pero si así fuera debió de haber pagado de otra manera, para eso están las leyes, pero así no. Y todavía no lo entiendo, murmura, lo que me he dado cuenta es que mafia y Gobierno van de la mano”.
En el documento de Amnistía Internacional (AI) titulado Enfrentarse a una pesadilla, la desaparición de personas en México, publicado en junio del año pasado, señala que “la presunción de que los desaparecidos andaban mal se ha esgrimido constantemente para justificar la decisión de no emprender investigaciones y para disuadir a los familiares de solicitar que se investigue”.
El informe advierte que “a menudo se culpa a las bandas delictivas, pero esta presunción casi nunca se basa en una investigación exhaustiva. De hecho, la Policía y las fuerzas de seguridad están infiltradas por bandas criminales y, en consecuencia, muchos funcionarios públicos han colaborado en las desapariciones perpetradas por estas bandas”.
Las procuradurías estatales, añade, a menudo son reacias a investigar y prefieren simplemente mantenerse al margen asumiendo que la víctima debía de tener vínculos con la delincuencia organizada.
El resultado del estudio de varios casos documentados por Al puntualiza que “al no registrarse adecuadamente las desapariciones ni llevarse a cabo investigaciones básicas, en la gran mayoría de los casos nunca se llega a identificar a los responsables y mucho menos se logra que rindan cuentas” y que “la Policía y la Procuraduría a menudo sugieren a los familiares de los desaparecidos que se vayan de la zona y que dejen de investigar. Aunque a veces este mensaje se transmite como un mero consejo, la amenaza subyacente es clara”.
Amnistía Internacional argumenta que “pese a los amplios indicios de implicación de autoridades municipales, estatales y federales en desapariciones forzadas, en las jurisdicciones estatales no ha habido procesamientos ni declaraciones de culpabilidad por desaparición forzada”.
Según el análisis hecho por un periódico nacional, de las 26 mil 121 denuncias de personas desaparecidas o no localizadas a nivel nacional, en el 40 por ciento de los casos no se habían iniciado investigaciones penales. Numerosos familiares de víctimas contaron a AI que los funcionarios se negaban a registrar los casos y les decían que volviesen al cabo de 72 horas, o los enviaban a otras oficinas.
 
Delito en aumento
 
De acuerdo con estadísticas del Sistema de Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (Sirenped) de la Secretaría de Gobernación federal, la estadística en Sinaloa documenta al menos mil 300 desaparecidos de 2006 a al 2011, cifra que la ubicó hace dos años en el sexto lugar a nivel nacional con más habitantes desaparecidos.
“Esto, sin tomar en cuenta al menos 50 casos de personas desaparecidas que no se reportaron ante las autoridades”, señaló Leonel Aguirre Meza, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa (CDDHS), quien advirtió que “los grupos delictivos que levantan a sus víctimas actúan con tanta facilidad que pareciera que tienen la venia o colaboración del Estado”.
En las estadísticas se observa que Culiacán es el sexto municipio que registró el mayor número de desaparecidos a nivel nacional, con 607, seguido de Mazatlán con 297, Ahome con 66, Navolato con 44, Guasave con 39, Salvador Alvarado con 37, Escuinapa con 35, Elota con 30, Angostura con 27 y el municipio de Sinaloa con 21. En San Ignacio desaparecieron 19 personas, en Mocorito 17, en Rosario 15, en Concordia 12, en Cosalá 9, en El Fuerte 8, en Badiraguato y Choix 4 en cada localidad, y de los 10 restantes no se especificó el municipio donde se dio la desaparición.
En 2012, el representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, en visita por Sinaloa, anunció que el estado ocupaba el tercer sitio entre las 31 entidades federativas y el Distrito Federal con mayor número de desapariciones, solo por debajo de Guerrero y la Ciudad de México.
Al presentar el Informe sobre las Desapariciones Forzadas Capítulo Sinaloa, el funcionario del organismo aseguró que “no solo basta la presentación de datos, sino que urge la presentación de compromisos”.
Mientras que en Sinaloa las autoridades no logran pasar de la declaración a la acción, Sandra y Alma Rosa gritan la ausencia de sus familiares desaparecidos, aunque el eco apenas se escuche. Y siguen, junto con 12 familias más, en la antesala de la oficina del procurador Marco Antonio Higuera, en los servicios médicos forenses cuando encuentran algún cuerpo, o en los plantones en Palacio de Gobierno.
Luego de años de búsqueda inútil, ya desgastadas en el ir y venir con los mandos estatales, reclaman, ya ni siquiera justicia para quienes se llevaron a sus seres queridos, sino encontrar, de cualquier manera, a sus hijos, hermanos o padres desaparecidos.

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