Breiner David Cucuñame, un niño de 14 años que acompañaba a la guardia indígena en el departamento del Cauca, ha conmocionado una vez más a una sociedad que sigue sumando nombres a esa trágica lista. Aunque el motivo de su asesinato aún no ha sido confirmado de manera oficial, se podría considerar el primer ambientalista asesinado en este 2022 en el país donde ocurren con mayor frecuencia estos crímenes.

El ataque ocurrió en una zona rural del norte del Cauca cuando la guardia indígena ejercía sus labores de control territorial.

De acuerdo a una publicación del diario español El País, se trata de una víctima más que refleja la extrema vulnerabilidad de ecologistas, indígenas y menores en comunidades sometidas al fuego cruzado de los grupos armados ilegales en muchos territorios del país.

La foto en la que el Servicio de Parques Nacionales Naturales de Colombia lamenta su asesinato muestra a Cucuñame con su bastón de mando y su chaleco de guardia indígena en medio de un páramo, rodeado de frailejones.

La oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia ha condenado el confuso ataque sucedido el pasado viernes en el que además falleció otra persona en la localidad de Buenos Aires.

Las autoridades indígenas le atribuyeron la autoría del ataque a grupos disidentes de la extinta guerrilla de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz sellado hace ya más de cinco años. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) despidió al adolescente como un “cuidador de la Madre Tierra, guardián del Territorio, guardia indígena estudiantil Kiwe Thegna del resguardo de Las Delicias, niño protector de la vida, Nasa de acciones colectivas y sueños grandes”. “La muerte del joven Breiner David Cucuñame, un abanderado de la protección ambiental en su comunidad en el Cauca, nos llena de tristeza”, reaccionó el presidente Iván Duque en sus redes sociales al pedir celeridad a la Fiscalía para esclarecer los hechos.

El ataque ocurrió en una zona rural del norte del Cauca cuando la guardia indígena ejercía sus labores de control territorial, después de que recibió información de la presencia de hombres armados en el resguardo. Al llegar, los disidentes les dispararon tanto a la guardia como a la comunidad, ha explicado la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).

En el lugar murió Guillermo Chicame, que era parte del esquema de seguridad del líder del resguardo Fabián Camayo, que también resultó herido. El fuego continuó, y poco después el joven Cucuñame –que según los testimonios acompañaba a su padre luego de una jornada de trabajo– fue baleado en la carretera.

En los resguardos, la guardia indígena suele estar compuesta por hombres y mujeres desarmados que se encargan de la defensa colectiva de sus territorios y portan bastones de mando como símbolo de autoridad. En otros tiempos, los grupos armados los respetaban. Sin embargo, en medio de la fragmentación que ha caracterizado la crisis de seguridad que atraviesa Colombia, tanto gobernadores indígenas como miembros de la guardia han caído también en medio del incesante asesinato de líderes sociales. Al menos 78 defensores de derechos humanos fueron asesinados el año pasado, de acuerdo con la oficina de Derechos Humanos de la ONU, una lista que encabezó el departamento del Valle del Cauca. La Defensoría del Pueblo eleva ese conteo hasta 145 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2021.

El norte del Cauca, donde habita la mayoría del pueblo Nasa, colinda justamente con el sur del Valle del Cauca y es un corredor para las rutas del narcotráfico por su salida al Pacífico, lo que ha convertido la zona en un polvorín. Allí operan un archipiélago de grupos ilegales, entre los que se encuentran varias disidencias de las FARC, además de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), bandas del narcotráfico e incluso se ha reportado la presencia de cárteles mexicanos.

A la pesada herencia del narcotráfico y el conflicto armado, se suman los riesgos de defender causas ambientales, a las que les sobran mártires. Colombia ha sido identificado por dos años consecutivos por la ONG Global Witness como el país más peligroso para defender la tierra.

De los 227 asesinatos de ambientalistas registrados en 2020 en el mundo, 65 ocurrieron en el país sudamericano. En su más reciente informe, Global Witness subraya que los pueblos indígenas son los más afectados por la violencia.

Tampoco los menores lo tienen fácil en medio del fuego cruzado. En el mismo fin de semana, el asesinato de otra niña también ha enlutado a los colombianos. Valeria Murillo, de 10 años, murió el domingo luego de ser alcanzada por las balas de pistoleros del Clan del Golfo –una banda narcotraficante– que atravesaron las paredes de madera de su casa, donde se resguardaba con su madre, en una incursión armada en el municipio de Medio San Juan, en el departamento del Chocó, sobre la franja del Pacífico. “Hacemos enfático llamado a respetar la vida y la integridad de la población civil, especialmente de niños, niñas y adolescentes”, ha suplicado la oficina de Derechos Humanos de la ONU al condenar el crimen.