Los penales del estado no tuvieron ninguna mejora en las condiciones para los reos en el último año.
A pesar de que en 2017, la Comisión Nacional del Derechos Humanos hizo señalamientos de las deficiencias, en el resultado de evaluación de 2018 vuelve a señalar lo mismo.
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Incluso la calificación que el organismo otorgó para el año pasado es la más baja desde 2015.
En el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria 2018 los penales del estado obtuvieron calificación de 5.62, en el de 2017 fue de 5.64, en 2016 de 5.88 y en el 2015 fue de 5.65.
El diagnóstico lo realiza la CNDH desde 2006 y desde entonces, Sinaloa solo ha logrado calificación superior a seis en dos ocasiones, en 2011 y 2012 cuando obtuvo 6.14 ambos años.
En la evaluación del año pasado los penales del estado se ubicaron entre los peores del país, ya que Sinaloa obtuvo la séptima calificación más baja.
Los mejores evaluados fueron los penales de Querétaro y Guanajuato con calificación de 8.21.
Para el Diagnóstico la CNDH evaluó los penales de Culiacán, Los Mochis, Mazatlán y Angostura.
En los penales de Sinaloa, señala, existe ejercicio de funciones de autoridad por personas privadas de la libertad, es decir, autogobierno o cogobierno; insuficiencia de personal de seguridad y custodia, deficiencias en el procedimiento para la imposición de sanciones, presencia de actividades ilícitas y cobros (extorsión y sobornos).
Esos señalamientos son los mismos que hizo en la evaluación de 2017 en el rubro de Condiciones de Gobernabilidad, y no registró mejoras en ninguno de ellos.
También señala que hay hacinamiento, insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, falta de prevención de violaciones de derechos humanos, deficientes condiciones materiales e higiene en las áreas de alojamiento, médica y cocina; y deficiencias en la alimentación.
Además presenta deficiente separación entre procesados y sentenciados, inexistencia de actividades laborales y de capacitación y deficiente atención a personas adultas mayores.
El penal región de Angostura es el único que registró sobrepoblación en el área varonil al tener 104 internos cuando la capacidad es de 100.
El informe menciona que se observó atención apropiada en la separación entre hombres y mujeres, capacitación del personal penitenciario, atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas, atención a persona indígenas, a personas con discapacidad y en programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria.
En el caso de los penales de Los Mochis y Mazatlán, añade que cuentan con atención apropiada a personas que viven con VIH/SIDA y a personas LGBTTTI.
El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, reconoció que “hay mucho por hacer”.
“En los penales hemos dicho que no cumplen las condiciones para albergar reos federales, desde 2017 lo hemos venido haciendo, es un proceso, son penales que tienen más de 50 años; prácticamente se ha hecho una inversión muy importante pero es un proceso de mejora continua que tenemos que estar trabajando, estamos trabajando con personal de Estados Unidos para que nos apoyen con certificaciones y demás que es lo que nos exigen, el que va más avanzado es el de Goros (en Los Mochis) el que tiene mas retraso es el de Aguaruto”, dijo.
El titular de la SSPE negó que exista autogobierno o cogobierno en los reclusorios estatales como señala la CNDH.
“Yo creo que son temas de percepción, la intención es demostrarlo con hechos, no creo que haya autogobierno, estamos trabajando, el nivel de peligrosidad de los internos que tenemos es lo que nos llega a afectar”, indicó.
Mencionó que ya se han hecho mejoras en las condiciones de los penales y esperan que se reflejen en la evaluación que se dé a conocer el próximo año.
Dijo que se han construido módulos que cumplen con la normativa, firmaron convenios con instituciones entre ellas la Secretaría de Salud para mejorar la atención médica y pretenden aumentar el número de custodios penitenciarios.
La CNDH señala que los datos que arroja el diagnóstico constituyen un reflejo objetivo del estado en que se encuentra el sistema penitenciario del país, evidenciando la necesidad de implementar estrategias y acciones para lograr avances significativos que le permitan estar en condiciones de cumplir efectivamente con el objetivo para el que fue creado.
Establece que México no podrá superar la situación que enfrenta en materia de seguridad y justicia si no revisa y atiende los problemas de su sistema penitenciario, al que como sociedad no se quiere voltear a ver ni interesan la situación y realidad que allí se viven.
“Suponer que la prevención y la investigación de los delitos, así como la procuración y administración de justicia concluyen cuando se determina contra una persona una pena privativa de libertad implica una visión limitada y parcial. Los centros penitenciarios, si no se atienden y vigilan, pueden ser focos o factores que propicien inseguridad, violencia, corrupción y, paradójicamente, impunidad. Lograr la efectiva reinserción social de quien está privado de su libertad sigue siendo más una aspiración que una realidad concreta”, menciona.
Ante ese panorama, destaca que desde la CNDH se ha señalado de manera reiterada la necesidad de diseñar y desarrollar políticas públicas que promuevan la justicia social, de manera general, y la justicia restaurativa, de manera específica, así como promover condiciones dignas de encarcelamiento y sensibilización acerca de que las personas en reclusión también son integrantes de la sociedad, y valorar la labor del personal penitenciario como servicio social de particular importancia.
A nivela nacional, identifica que en el 45 por ciento de los penales hay autogobierno, en el 34 por ciento sobrepoblación, en el 32 por ciento hacinamiento y en el 48 por ciento deficiencias en la falta de prevención y atención de incidentes violentos.
En el área médica del 50 por ciento de los reclusorios se observaron deficientes condiciones materiales y de higiene, en el 72 por ciento deficiencias en la separación entre procesados y sentenciados, en el 33 por ciento hay deficientes condiciones materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios, sancionados y sujetos a protección y en el 46 por ciento hay deficiencias en cocina y comedores.
El documento menciona que durante 2018 en los centros de reclusión del país ocurrieron mil 563 incidentes, de los cuales 31 fueron homicidios, 31 suicidios, 484 riñas, cuatro motines, 755 desórdenes y 258 abusos.
La principal causa que se reporta en riña es por diferencias personales, agresión y motivos patrimoniales como deudas o robos; y en los motines se reportan como causas las revisiones, cateos, reubicaciones y traslados.
Artículo publicado el 21 de abril de 2019 en la edición 847 del semanario Ríodoce.
