El Gobierno de México aseguró hoy que ejercerá las facultades para revisar, fortalecer o modificar lo que corresponda en el caso de la planta de amoniaco que ha confrontado a sectores diversos del norte de Sinaloa.

Esto como resultado de las mesas de diálogo que se desahogan en Los Mochis entre la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), el colectivo Aquí ¡No!, dependencias federales y el Gobierno de México.

Al concluir esta tarde de martes la cuarta ronda de diálogo, Margarita Caso, directora general de Conservación y Gestión de Mares y Costas, informó que el tema es complejo porque convergen diversas posiciones y opiniones sobre seguridad, impactos ambientales y aspectos jurídicos.

El diálogo representa un ejercicio de alto valor público que ha permitido escuchar todas las voces con libertad, respeto e igualdad de condiciones.

Las mesas no son un trámite ni un ejercicio meramente formal; son un espacio de contrastar información, contrastar argumentos y construir confianza entre quienes piensan distinto.

La cuarta ronda de diálogos se desarrolló entre Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), especialistas, representantes de la empresa, grupos sociales, el colectivo Aquí ¡No!, dependencias como Semarnat, Profepa y el Gobierno de México.

Los especialistas de ambas partes expusieron sus argumentos e investigaciones sobre la pertinencia de la planta de amoniaco anhidro en un sitio con protección internacional, sistemas de exclusión de fauna marina, repoblación de pesquerías, caminar hacia el amoniaco azul, verde, reforestación de manglar, instalar torres de enfriamiento y estanques de amortiguamiento, situaciones que podrán contribuir al sostenimiento del sistema laguna.

La empresa presentó avances en sus programas de conservación de la fauna y flora de la bahía y sus estudios, pero académicos asesores del colectivo presentaron estudios de los modelos hidrodinámicos, resiliencia del agua, sustentabilidad del proyecto, protección del sitio Ramsar, impactos sobre las pesquerías y biodiversidad recientes en contraposición de las manifestaciones de la empresa.

Plantearon observaciones sobre instrumentos diversos de permisibilidad a la petroquímica.

Los activistas argumentaron sus rasgos culturales en los procesos de conservación ancestral de la bahía y pidieron una mesa para analizar las violaciones a derechos humanos con la intervención de los 11 relatores de la ONU.