La Organización de las Naciones Unidas revela que el crimen organizado busca ahora designar a candidatos y funcionarios para proteger sus intereses

El narcotráfico en México y en Latinoamérica ha evolucionado al grado que las organizaciones criminales no sólo se dedican al tráfico de drogas, sino que se han convertido en grupos disputándose el poder político, al grado que ellos mismos designan a candidatos y funcionarios para que protejan sus intereses, e incluso, para ejercer coerción activa contra el Estado.

Según la investigación “Democracias Bajo Presión: Informe sobre Democracias y Desarrollo en América Latina y el Caribe”, hecha por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los operadores del narcotráfico, más allá de traficar drogas o de ejercer violencia directa, se insertan en las comunidades y amplían su influencia sobre la economía, la gobernabilidad y la provisión de servicios informales, lo que les permite diversificar y expandir sus fuentes de ingresos.

“El crimen organizado cuenta con la capacidad de incidir en la formulación y gestión de políticas públicas debido a la coerción que ejerce sobre las autoridades electas, específicamente, interfieren directamente en los procesos electorales a través del control de recursos financieros, la financiación de campañas y el control de recursos estratégicos”, se lee en el documento.

La injerencia del narcotráfico en la política, con poder sobre gobernantes y el control de cuerpos policiales de los tres niveles de gobierno, no es nada nuevo, consideran analistas de seguridad, sino que es algo que tiene años ocurriendo, ya que el narco no sólo está en el gobierno, sino que se ha diversificado a otros rubros, como la extorsión, prostitución, secuestro, robo de hidrocarburos, tráfico de indocumentados, venta ilegal de cigarros y alcohol, y control del agua.

“No sólo se han diversificado, sino que los cárteles de la droga también operan como un brazo del gobierno en algunas partes de México”, insistió la semana pasada Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

Apenas la semana anterior, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció por primera vez en esta administración que, efectivamente, existen una serie de denuncias hechas en Sinaloa y Durango donde se acusa del delito de extorsión a pequeños negocios, además de cómo los cárteles buscan el control de organismos operadores de agua.

Este semanario, junto con otros medios a nivel local y nacional, han publicado cómo grupos del crimen organizado han ejercido la extorsión en varias partes del país, además de tener injerencia con grupos políticos que responden a sus intereses, pero también en jornadas electorales donde la gente sale a votar, y a base de intimidación y amenazas, ceden a toda demanda del narco.

Luis Patiño Pozas, analista político, explicó que el crimen organizado tiene décadas interviniendo en campañas políticas en el país, en donde no sólo escoge a los candidatos, sino que han llegado al extremo de que, pistoleros, sustituyen a los equipos de campaña del partido beneficiado para entonces ir casa por casa para pedir a la gente por quién votar.

“Esto principalmente en las zonas rurales, donde se acercan a la gente y aprovechando lo lejos que están del municipio, deciden ellos por quién se vote, y el antídoto del votante para combatir eso era, bueno, al final el voto es secreto y yo decido por quien voto, pero la realidad es que el día de la elección, grupos armados vigilaban el proceso, y pedían al votante foto de la boleta garantizando así el voto”, detalló Patiño Pozas.

En Sinaloa, durante la jornada electoral del 2021, integrantes del PRI y otros partidos políticos denunciaron como pistoleros ligados al Cártel de Sinaloa secuestraron a decenas de operadores de partidos opositores a Morena y robaron cientos de urnas para garantizar el triunfo del entonces candidato a gobernador Rubén Rocha Moya.

“La orden que nos dieron fue que recogiéramos las urnas, y que las boletas que no habían votado por Morena las quemáramos, porque los patrones querían que Rocha Moya ganara”, dijo un pistolero entrevistado por Ríodoce y por el medio alemán DW.

El entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador nunca reconoció la injerencia del Cártel de Sinaloa, aun cuando hubo una serie de denuncias y testimonios que confirmaban la intervención criminal durante la jornada electoral, y sólo se limitó a decir que había ganado Morena en Sinaloa, sin nunca abrir una investigación formal.

Hasta el cierre de esta edición, nadie del partido de Morena quiso emitir una reacción al respecto, aunque el documento de la ONU confirmaría la tesis de que el narco está coludido con el crimen organizado en entidades como Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Chiapas, Veracruz, y muchos de los estados donde los cárteles de las drogas tienen fuerte presencia.

“El crimen organizado cuenta con la capacidad de incidir en la formulación y gestión de políticas públicas debido a la coerción que ejerce sobre las autoridades electas, y específicamente interfieren en los procesos electorales a través del control de recursos financieros, la financiación de campañas y el control de recursos estratégicos”, afirma el documento de la ONU.

La indagatoria agrega cómo los cárteles han llegado a controlar y distorsionar las elecciones utilizando dinero y violencia, lo que provoca que la representación democrática pierda su autonomía y legitimidad, exigiendo a las instituciones públicas de seguridad fortalecer las capacidades del Estado para garantizar que los derechos democráticos puedan ejercerse.

Guadalupe Mora Chávez, activista social y hermano de un político asesinado en Michoacán en junio de 2023, dijo que el crimen organizado ha permeado todo el aparato del Estado, sin que ninguna autoridad pueda hacer algo al respecto.

“Los asesinos de mi hermano aquí andan en La Ruana, tienen orden de aprehensión, y no hacen nada, pero además, el crimen organizado extorsiona a los productores de limón, de aguacate, y hasta a los productores de carne, de pollo, de verduras, y algo se tiene que hacer para detener este mangoneo del crimen organizado hacia el estado”, dijo.

El estudio destaca que entre las estrategias que utiliza el crimen organizado para mantener la injerencia en la clase política y con gobernantes, es la corrupción, intimidación, “advertencias” y amenazas directas para inhibir la acción directa del Estado, lo cual genera bajas repentinas de aspirantes que argumentan que el panorama “está muy feo”, obligando a los partidos a retirar candidaturas por falta de garantías de seguridad.

Diversos medios nacionales y organizaciones civiles documentaron que durante el proceso electoral federal de 2023-2024, 39 candidatos y aspirantes a puestos de elección popular fueron asesinados por grupos del crimen organizado, aunque el gobierno federal aclaró que fueron 15.

La cifra récord sin embargo la tiene la elección de 2018, cuando 133 políticos fueron asesinados en todo el país, aunque lo que más llamó la atención fue un dato revelado por el Instituto Nacional Electoral (INE), que señaló que en 2024, 7 mil 420 candidatos a puestos de elección popular renunciaron a sus candidaturas por amenazas o intimidación.

“Hay una ausencia de Estado, que durante mucho tiempo ha descuidado sobre todo zonas rurales, y ello ha generado un alto grado de ingobernabilidad, y el estado quiere reaccionar, y los empieza a combatir, pero no ha podido”, observó Patiño Pozas.

La investigación de la ONU concluye que la injerencia del narco no es un simple acto delictivo, sino una estrategia deliberada del crimen organizado para moldear las elecciones y asegurar la impunidad de sus operaciones en los territorios bajo su control.

Artículo publicado el 12 de julio de 2026 en la edición 1224 del semanario Ríodoce.