Niegan informar en qué se gastaron 60 mdp
Debido a que el ayuntamiento de Guasave evadió dar respuesta a una solicitud de información sobre el destino de un préstamo por 60 millones de pesos contratado en septiembre del 2025 a Banorte, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP) impuso amonestaciones en contra de funcionarios responsables de evadir la entrega de la información mediante un recurso legal improcedente, extemporáneo y presentado por una vía incorrecta, pese a que desde febrero existía una resolución que lo obligaba a transparentar el uso del dinero público.
El nuevo acuerdo emitido por la Comisión el pasado 5 de mayo exhibe que, a más de dos meses de que la autoridad ordenara entregar la información completa sobre el crédito, el gobierno encabezado por Cecilia Ramírez Montoya sigue sin proporcionar documentación clave relacionada con el uso de los recursos.
En lugar de remitir los contratos, facturas, estados financieros, nombres de proveedores y desglose de gastos solicitados desde enero, el ayuntamiento presentó un recurso de inconformidad ante “Transparencia para el Pueblo”, instancia federal, argumentando que la resolución de la CEAIP imponía obligaciones desproporcionadas y que parte de la información se encuentra en archivos físicos sujetos a revisión administrativa.
“Excede lo jurídicamente exigible en función del estado material de la documentación, al no ponderar de manera suficiente que parte de la información se encuentra en soporte físico sujeta a organización archivística y resguardo administrativo, y que su entrega en la modalidad ordenada exige actuaciones previas de localización, revisión y, en su caso, elaboración de versiones públicas”, escribió el ayuntamiento.
Dentro de ese recurso, el gobierno municipal también sostuvo que debía realizar revisiones jurídicas previas y elaborar versiones públicas para proteger posibles datos personales contenidos en la documentación.
Sin embargo, la CEAIP concluyó que el escrito no suspendía la obligación de entregar la información y calificó la actuación como jurídicamente improcedente.
“Se hace constar que el sujeto obligado, en lugar de dar cumplimiento a la resolución emitida por la Comisión en los términos ordenados, se limitó a presentar un escrito mediante el cual pretende interponer recurso de inconformidad”, señala el acuerdo.
La Comisión también determinó que el recurso fue promovido fuera del plazo legal de 15 días hábiles y, además, mediante una vía incorrecta, debido a que fue presentado dentro del procedimiento de cumplimiento y no por el cauce previsto en la legislación de transparencia.
“Un medio de impugnación improcedente, promovido fuera de plazo y por una vía inidónea, no puede generar efectos procesales válidos ni incidir en la subsistencia de la obligación de cumplimiento”, sostuvo la autoridad garante.
El caso deriva de una solicitud de información presentada por Ríodoce el 5 de enero de 2026 a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante la cual se requirió conocer de manera detallada cómo fueron utilizados los 60 millones de pesos obtenidos por el ayuntamiento mediante un crédito contratado meses antes.
La petición incluía el destino específico de los recursos, conceptos de gasto, facturas, obras realizadas, contratos, proveedores, estados de cuenta, calendario de ministraciones y el saldo disponible del financiamiento.
Inicialmente, el ayuntamiento respondió condicionando el acceso a parte de la información al pago de más de 7 mil pesos por concepto de copias simples, bajo el argumento de que la documentación únicamente estaba disponible en formato físico.
Tras una inconformidad presentada ante la CEAIP, el organismo resolvió el 24 de febrero que el gobierno municipal debía entregar la totalidad de la información en formato digital y sin costos indebidos, al considerar injustificado el cambio de modalidad de entrega y excesivo el cobro impuesto al solicitante.
La resolución otorgó al ayuntamiento un plazo de cinco días hábiles para transparentar tanto el destino específico de los recursos, como contratos y convenios, nombre de proveedores, montos contratados; facturas, estados financieros, calendario de ministraciones, y el saldo ejercido y disponible del préstamo.
No obstante, según el nuevo acuerdo de incumplimiento, el gobierno municipal no proporcionó la información requerida y optó por impugnar la resolución.
La CEAIP enfatizó además que la Unidad de Transparencia sí realizó las gestiones correspondientes para turnar la resolución a las áreas competentes, pero señaló directamente a la Tesorería municipal, dirigida por María Fernanda Rodríguez López como el área omisa en atender el requerimiento.
En particular, el organismo responsabilizó a Gabriela Leyva Urías, enlace de transparencia de Tesorería, por firmar el oficio mediante el cual se intentó promover el recurso de inconformidad en vez de entregar la documentación solicitada.
Ante ello, el 11 de mayo, la Comisión otorgó un nuevo plazo de tres días hábiles para cumplir con la resolución, lapso que se cumplió el pasado 14 de mayo sin que el ayuntamiento haya proporcionado la información requerida, por lo que Leyva Urías será sujeta a una amonestación pública por la persistencia del incumplimiento; el acuerdo también ordenó notificar personalmente a Karla Patricia Fonseca Angulo, titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Guasave.
Artículo publicado el 31 de mayo de 2026 en la edición 1218 del semanario Ríodoce.
