Diversas organizaciones internacionales y nacionales defensoras de la libertad de expresión han denunciado una ola de detenciones arbitrarias y presunta persecución política en San Luis Potosí contra periodistas y comunicadores, bajo la administración del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
En un periodo menor a 48 horas, se documentó el arresto de tres personas y la existencia de órdenes de aprehensión contra al menos ocho más, en procesos señalados por su opacidad y violaciones al debido proceso.
Las organizaciones Artículo 19, el Comité de Protección a Periodistas (CPJ), CIMAC, Propuesta Cívica, la Red Nacional de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras detallaron los casos de Christian Herrera, creador de contenido de “Código Rojo“; Eréndira Reyes Aguillón, directora de “San Wicho Times“; y Alejandra Hermosillo, funcionaria municipal.
Las investigaciones, según las organizaciones, podrían estar vinculadas a la difusión de un video en redes sociales en el que presuntos integrantes del crimen organizado señalaron al gobernador y a la Guardia Civil Estatal por supuestos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En este sentido, denunciaron que aplicar leyes aprobadas en noviembre de 2025 para sancionar un video publicado meses antes violaría el principio de irretroactividad consagrado en el Artículo 14 de la Constitución.
Christian Herrera: Fue aprehendido la tarde del jueves 21 de mayo de forma violenta. Aunque trascendió una acusación por robo a una farmacia, esta no ha sido confirmada, lo que eleva el riesgo de que la privación de su libertad sea arbitraria.
Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo: Fueron detenidas el mismo jueves. En el caso de Eréndira Reyes, se denunció que fue aprehendida mientras estaba con sus nietos, quienes quedaron temporalmente bajo custodia de elementos policiales. Ambas recibieron prisión preventiva oficiosa tras una audiencia el viernes 22 de mayo, aunque persistió la confusión sobre su paradero oficial.
Se les acusa de delitos relacionados con la manipulación ilícita de imagen e identidad digital, utilizando artículos del Código Penal local aprobados recientemente.
Las organizaciones advirtieron que estas normas, por ser imprecisas y amplias, facilitan la persecución contra periodistas y usuarios de redes sociales, e incluso recordaron que la CNDH ha promovido una acción de inconstitucionalidad contra dicha legislación.
