La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este jueves que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un órgano dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE) que tendrá la facultad de evaluar si los aspirantes a cargos de elección popular presentan riesgos de vínculos con la delincuencia organizada.

Esta medida, que será discutida en el próximo periodo extraordinario de sesiones, donde también se abordará la reprogramación de la elección judicial para 2028, busca blindar los procesos electorales rumbo a 2027 tras la detección de colusión entre autoridades municipales y grupos criminales en diversas entidades, como el Estado de México, Jalisco y los recientes casos en Morelos bajo la “Operación Enjambre”.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, explicó que la comisión estará integrada por cinco consejeros electorales, elegidos por el Consejo General del INE para un periodo de tres años. El organismo funcionará como un canal de consulta entre los partidos políticos y las instituciones de seguridad e inteligencia.

El mecanismo operará de la siguiente manera:

• Los partidos entregarán voluntariamente la lista de sus aspirantes a la Comisión.
• La Comisión consultará a la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
• Si se detecta un “riesgo razonable” de nexos criminales, la Comisión notificará al partido político correspondiente.
• La responsabilidad final de decidir si mantiene o retira la candidatura recaerá en el partido político, aunque las instancias de procuración de justicia continuarán con las investigaciones legales que procedan de forma independiente.