Un detenido, un ejecutado y tres más prófugos, son los policías acusados de desaparecer a los jóvenes en Aguaruto en 2025

Del otro lado de la pared lo veían y poco escuchaban. Él permanecía sentado con el cuerpo agachado, sin expresiones; inmune. Escaseando las palabras, fabricándolas. ¿Qué pasó con Ricardo y Ramsés? El policía se reserva las palabras y acude al oído de su abogado; cuchichean. Las dos madres estacionan su mirada, atentas. Lo ven desde una pantalla, absorbidas por el desespero; quieren hablar, gritar y preguntarle: “¿Qué pasó con nuestros hijos?” Cuatro audiencias han pasado y él continúa contando las palabras.

El imputado es uno de los cinco policías municipales relacionados con la desaparición de Ramsés Bastidas Arreola y Ricardo Lechuga Verdugo. Se esfumaron frente a los ojos de muchos, a plena luz del día el 28 de abril de 2025; ocurrió a las puertas de las oficinas de la sindicatura de Aguaruto, sobre una de las bancas de su plazuela principal. “Cuelga el teléfono”, fue lo último que la novia de Ramsés logró escuchar del otro lado de la línea antes de no saber nada más.

De los cinco policías, uno fue asesinado. Viajaba junto a otro agente de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Culiacán. El Honda Accord circulaba sobre la carretera Benito Juárez —conocida como La Costerita—, al sur de la ciudad, al salir de su turno la noche del domingo 29 de marzo. Los pistoleros anunciaron su llegada y los cristales del vehículo quedaron en exceso agujereados.

Las madres de Ricardo y Ramsés se enteraron esa noche, a través de la prensa, que uno de los policías asesinados estaba siendo investigado por la desaparición de sus hijos; información que la Fiscalía General del Estado había evitado comentar a las familias y que posteriormente fue confirmada:

“Ha trascendido que uno de estos elementos estaba relacionado en una investigación por la desaparición de dos jóvenes que se encuentran todavía desaparecidos (…) Uno de los desaparecidos es Ramsés Bastidas Arreola, de 16 años, un menor de edad, quien se encontraba sentado en una banca de la plazuela Benito Juárez (…) y ya no se supo de él. También se encuentra desaparecido Ricardo Lechuga Verdugo, un joven de 22 años de edad, que ese mismo día pasó por la plazuela de la sindicatura y fue sometido para una revisión por parte de elementos de la policía municipal y ya no se supo de ellos (…) en estos dos casos se ha señalado a elementos de la policía municipal con base en Aguaruto de estar investigados y al parecer uno de estos dos elementos se encontraba relacionado con el caso”, relató durante una transmisión en vivo LINK Sinaloa.

Siete días después, el 4 de abril, la investigadora se comunicó con una de las madres para informarle que había un policía detenido y que sería vinculado a proceso —con un plazo de tres meses para la investigación complementaria— por el delito de desaparición forzada; esa misma tarde se realizaría la primera audiencia. El aviso les fue dado once meses después de la desaparición de Ricardo y Ramsés.

Tres de los cinco policías, al saberse investigados, decidieron huir.

Queda la incertidumbre. Lo principal es el miedo a que sea liberado por una u otra razón. En su fe, se acercan a Dios para pedirle que esa persona sienta un poco de compasión, que hable: “Como siempre lo hemos dicho: no, no buscamos a los culpables. Ya hemos dicho, si los quieren soltar, si a nosotros eso no nos interesa; nada más sí que hable, que diga dónde, dónde están ellos, qué hicieron con ellos”.

De acuerdo con información de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CGCESP), la privación ilegal de la libertad (que incluye el delito de desaparición forzada) convirtió a 2025 en uno de los años más críticos, con un registro histórico de 2 mil 208 denuncias: un 44 por ciento más que en 2024, cuando hubo mil 529. Es decir, durante ese año, seis personas fueron víctimas de privación diariamente.

“En un solo año, Sinaloa registró 50 por ciento más denuncias por privación que el total de desapariciones forzadas documentadas en Chile durante casi dos décadas de dictadura” (2 mil 208 denuncias durante 2025 en contraste con mil 469 víctimas de desaparición forzada entre 1973 y 1990).

Con todos estos números registrados durante 2025, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa (STJE) procesó cero de las 2 mil 208 denuncias por privación ilegal de la libertad. Hubo cero sentencias en procedimiento abreviado y cero sentencias en juicio oral, dejando un cero por ciento de efectividad en los casos; esto se traduce en un 100 por ciento de impunidad.

“Si la impunidad continúa y la crisis de seguridad se prolonga, las privaciones podrían seguir aumentando. La falta de sanciones y el alto subregistro debilitarían aún más la confianza en las instituciones y consolidarían este delito como uno de los más graves del estado”, se dictamina en el documento.

En un inicio, la hermana pequeña de Ramsés pensó: “No, pues se lo llevaron policías, pues sí. Sí, van a regresar ellos pronto”. Pero las cosas no son tan sencillas —encrudeció su madre—. Culpas no buscan, corajes liberan. “No todos son iguales”, piensan.

“Si ya les hicieron algo, por favor compadézcanse de nosotros y díganos, porque es una incertidumbre, incertidumbre de que si estarán ellos con vida o no. Aparte el hecho de no solamente es sufrir uno por ellos, sino pues en el caso de ella, ver sufrir a su hijo, que extraña a su hermano. Igual en mi casa, ver a mis hijas sufriendo también por su hermano, es un dolor que, o sea, es cargar triple dolor”.