La líder de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Teresa Guerra Ochoa, afirmó que se advierte un interés político más que jurídico porque no se han cuidado las formas en las solicitudes de detención con fines de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos de México que involucran a autoridades de Sinaloa, entre ellas el gobernador Rubén Rocha Moya.

En conferencia de prensa, la también presidenta de la Junta de Coordinación Política, Teresa Guerra Ochoa, leyó un posicionamiento en el que afirmó que en apego al principio de presunción de inocencia y por considerar que no merecen ser expuesto a juicio sociales, sin sustento y sin pruebas.

Dijo que en la acusación no hay coherencia, ya que además se involucra a mandos que estaban desde 2012 y 2017 que involucra a “gobiernos de otro color” sin hacer más señalamientos a otros sexenios.

Recordó que se estaba en un debate internacional que incluye al Gobierno de Chihuahua y un reclamo especifico de la presidenta de Claudia Sheinbaum por la intervención de fuerzas de seguridad del gobierno estadounidense.

Aseguró que respaldan el posicionamiento de la presidente Claudia Sheimbaum Pardo, ya que México de priorizar la verdad y la justicia, así como la defensa de la soberanía.

Ante las acusaciones, señaló, deberán existir pruebas claras y elementos constitutivos del delito.

Comentó que tal como la ha informado la Secretaría de Relaciones Exteriores, todo proceso de extradición debe sustentarse en pruebas y apegarse al debido proceso.

Indicó que en este caso no se han presentado datos de prueba ni elementos jurídicos que respalden las solicitudes, lo que reta validez y seriedad.

“Sin pruebas no hay acusación válida”, expresó al reiterar la confianza en que la Fiscalía General de la República actuará con responsabilidad y apegada a derecho.

Desde el Congreso, dijo, la justicia se construye con pruebas no con señalamientos sin fundamento.

Guerra Ochoa comentó que leyó todo las páginas de la solicitud enviada por el gobierno norteamericano, en el que se violó la confidencialidad de los nombres que se hicieron públicos, lo que daría pie a la anulación del proceso.