FGE apela a tribunal de alzada para revocar revés judicial

La Fiscalía General del Estado fue vencida por la defensa de siete médicos de una clínica particular de Los Mochis, a quienes acusó de probable negligencia médica por la muerte de una recién nacida prematura tras una operación de rutina, lo que desató una campaña de acecho digital en contra de los médicos.

Luego de que el juez de control, Luis Nicanor Barajas Peregrina, resolviera el auto de no vinculación a proceso pretendido por la Fiscalía, el expediente 2224/2026 fue retornado a la dependencia estatal para que mejore la indagatoria en la carpeta de investigación AHOME/AEVMTG700540072024.

Arnoldo Serrano Castelo, vicefiscal en la zona norte, reconoció el revés judicial y aseguró que este ya fue apelado.

“Reconocemos el veredicto y la validez del juez de control, pero no lo compartimos. Esa decisión ya fue apelada, y esperamos que el tribunal de alzada lo revoque. Para nosotros, el caso tiene todos los elementos del tipo penal reunidos, se conforma en la acusación”, dijo.

Tras la resolución, los dolientes y sus asesores emprendieron una campaña de acecho digital en redes sociales contra los médicos, enfermeras y la clínica privada, lo que generó una tercera respuesta, la petición por la defensa de detener el acecho digital y acusaciones infundadas, o actuarían penalmente.

“A nadie se le desea que un miembro de familia muera, ni los médicos participan intencionalmente ni por omisión en el deceso de una persona aún, mucho menos se acredita la sospecha aun y cuando ya existió una investigación penal que no comprobó la creencia, por lo que continuar con una campaña de linchamiento social para desacreditar a personas es ahora un delito. Hasta ahora no se había fijado posición, pero la situación está en aumento. Solicitamos a las familias y a sus asesores detener la campaña de desprestigio en redes sociales… o actuaremos en consecuencia, dejemos que sean las autoridades penales quieren esclarezcan el hecho, que ya se resolvió en primera instancia. Las campañas de linchamiento sólo agravan un caso que no debió haber iniciado”, sostuvo el abogado Luis Enrique Vega Blanco, representante legal de una de las médicos acusada.

De acuerdo al expediente, el caso comenzó el 6 de noviembre del 2024, en el hospital ginecopediátrico número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde había muerto una recién nacida, que procedía como paciente de una clínica privada en la que fue sometida a una operación de urgencia por hernia inguinal y hernia encarcelada diagnosticadas previa valoración por irritabilidad manifiesta por la madre y abuelos de la bebé.

Los datos de prueba de la carpeta de investigación establecen que tras días de malestar de la bebé, la familia la condujo a valoración pediátrica por lo que los médicos sugirieron una operación de emergencia, realizándose esta el 5 de noviembre del 2024. Durante el proceso de recuperación, la salud de la niña de 35 semanas agravó y manifestó problemas respiratorios auscultándose nuevamente. Esto reveló el alojamiento de flema y moco en sus pulmones evolucionando rápidamente a neumonía y choque séptico e hipovolémico por lo que se ordenó el traslado al hospital de ginecopediatría.

Durante el trayecto en ambulancia, la bebé se extra extubó accidentalmente, pero la sonda respiratoria se recolocó.

Tras una breve instancia en el hospital público, la niña entró en paro y fue declarada muerta a las 06:59 horas del 6 de noviembre del 2025.

En la autopsia, el médico legista Jesús Alberto Cortez Hernández determinó que la causa del deceso de la bebé fue natural y por consecuencia del Síndrome de Insuficiencia Respiratoria Agudo (SIRA), característico en bebés prematuros. A esa conclusión llegó porque los análisis de los tejidos revelaron daño alveolar agudo y presencia de membrana hialina, hiperplasia de neonatos y aumento del espesor de la pared alveolar.

Sin embargo, la Comisión de Arbitraje Médico del estado de Sinaloa determinó que el personal médico de la clínica privada incumplió el protocolo médico de diagnóstico, tratamiento y seguridad, tras analizar el expediente clínico en el que encontró notas médicas insuficientes, no acreditación de los diagnósticos previos, ausencia de diagnósticos confirmatorios y con estas obvió los tratamientos terapéuticos y de seguridad. La presidenta del organismo, Teresita de Jesús Chan Castro, ratificó que los procedimientos omisos fueron los responsables del SIRA en la bebé, y confirmó que el proceso médico en el hospital público había sido correcto.

En la integración de la carpeta, los padres de la bebé a través de sus asesores victimales acusaron hostigamiento y presiones policiales para declarar en el caso, y se reservaron su derecho a interponer denuncia penal.

Con la indagatoria, los alegatos del agente del ministerio público, asesores victimales y la defensa, el juez de control desechó el caso por insuficiencia de pruebas, pero dejó a salvo la investigación.

Artículo publicado el 12 de abril de 2026 en la edición 1211 del semanario Ríodoce.