Presentan ante el Congreso local iniciativa para creación de municipios indígenas
Ante la falta de participación efectiva en las decisiones públicas, representantes de pueblos originarios en Sinaloa presentaron ante el Congreso del Estado una iniciativa para permitir la creación de municipios indígenas, con la que buscan enfrentar la exclusión histórica, fortalecer su autonomía y tener mayor control sobre sus territorios.
Para Bonifacio Ramírez Carmona, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, esta situación puede rastrearse desde tiempo atrás cuando las comunidades indígenas comenzaron a ser marginadas de las dinámicas económicas, políticas y sociales.
Para el también abogado basta observar lo que ocurre actualmente en las comunidades yoreme-mayo, particularmente en su lucha de más de una década por la defensa de la bahía de Ohuira, para dimensionar la persistencia de esta exclusión.
Desde su perspectiva, la exclusión de los pueblos indígenas en Sinaloa no es un fenómeno aislado, sino un problema estructural. Uno de los factores más evidentes es la falta de un censo confiable para conocer con precisión el número de indígenas en la entidad. Esta ausencia de datos sólidos dificulta el diseño de políticas públicas adecuadas y contribuye a la invisibilización de estas comunidades.
A esta problemática se suma el ámbito educativo, señaló Ramírez Carmona. Aunque la Constitución reconoce el derecho a una educación bilingüe, en la práctica la mayoría de las escuelas ubicadas en zonas indígenas no imparten enseñanza en lengua originaria, lo que debilita la preservación cultural y lingüística.
Una ley sin reglamento
En el ámbito institucional, otro de los rezagos más significativos es la falta de reglamentación de la Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sinaloa, publicada el 9 de febrero de 2018. Señaló que, aunque en sus artículos transitorios se estableció la obligación de emitir su reglamento en un plazo de 90 días, este aún no ha sido expedido, por lo que promovieron un amparo para que se ordene la realización de una consulta indígena que permita su elaboración y posterior publicación.
El recurso jurídico advierte que de dicho instrumento depende el funcionamiento de la Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas del Estado de Sinaloa, así como la creación de un Consejo Consultivo encargado de diseñar un plan de trabajo interinstitucional orientado al desarrollo de estos pueblos.
El retraso en el reconocimiento de los derechos indígenas también tiene antecedentes a nivel constitucional. Ramírez Carmona recuerda que en 2001, con la reforma al Artículo 2 de la Constitución federal, se reconocieron los derechos de los pueblos indígenas en México. Sin embargo, en Sinaloa fue hasta 2018 cuando se armonizó la Constitución estatal.
De acuerdo con la Ley que establece el Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sinaloa (2018), en la entidad se reconocen 236 comunidades pertenecientes a distintos pueblos originarios. Los yoreme-mayo se concentran principalmente en los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa de Leyva y Angostura; los rarámuris se ubican en Choix; los tarahumaras en Sinaloa de Leyva; y los tepehuanos tienen presencia en Escuinapa y El Rosario.
Una planeación sin contemplación
Bonifacio Ramírez Carmona señaló que el caso de los pueblos Yoreme-Mayo en la bahía de Ohuira es un ejemplo claro de la exclusión y falta de respeto a sus derechos. Explica que comunidades como Ohuira, Paredones, Lázaro Cárdenas y Juan José Ríos se han opuesto durante más de una década a la instalación de una planta de amoniaco en la zona debido al riesgo de contaminación.
Esta exclusión también se refleja en instrumentos de planeación como el Plan Municipal de Desarrollo de Ahome. De acuerdo con el estudio “El papel del pueblo originario Yoreme-Mayo en la planeación democrática, el crecimiento y desarrollo económico del municipio de Ahome, Sinaloa (2021-2024)”, de los 108 programas contemplados en el eje de Bienestar y Calidad de Vida, ninguno está dirigido específicamente a esta comunidad. Además, problemáticas centrales como la defensa del complejo Topolobampo-Ohuira no fueron incorporadas en el diagnóstico, pese a que se registraron más de 25 mil participaciones ciudadanas.
El análisis revela que, de los nueve temas que integran el plan, solo tres incluyen información relacionada con comunidades indígenas, mientras que, de las 32 variables identificadas, únicamente nueve hacen referencia a estas poblaciones. Asimismo, tres de los cinco ejes de gobierno presentan omisiones, ya que, aunque contemplan indicadores vinculados a pueblos originarios, no cuentan con programas específicos para su atención.
“Hay una exclusión, pero es una exclusión sistemática; no es que se les olvide, es deliberada”, sostiene.
En busca de municipios
Frente a este panorama, señala Ramírez Carmona, la propuesta de municipalización indígena, presentada en diciembre del 2025, surge como una alternativa para garantizar una representación efectiva y fortalecer la autonomía de los pueblos originarios. Según explica, al no contar con capacidad real de decisión dentro de los ayuntamientos, estas comunidades buscan constituirse como municipios indígenas para ejercer plenamente su derecho a la libre determinación.
Explica que el principal impedimento para la municipalización de las comunidades indígenas en Sinaloa es el requisito establecido en la Constitución local que exige un mínimo de 30 mil habitantes para crear un nuevo municipio. Sin embargo, señala que este obstáculo puede subsanarse mediante una reforma que flexibilice dicho criterio.
“(Se) reconoce el derecho de los pueblos originarios a desarrollarse dentro de su autonomía y libre determinación, qué quiere decir, que estos pueblos pueden organizarse, buscar ser aprobados como municipios, y el Congreso, si existe o existiera voluntad política puede darle ese reconocimiento aunque no cumpla ese requisito”, consideró.
Artículo publicado el 12 de abril de 2026 en la edición 1211 del semanario Ríodoce.
