La ley ordena que los representantes de la sociedad que integran la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CGCESP) se renueven cada cuatro años hasta un máximo de cinco de sus integrantes. Lo debe hacer el gobernador. La última renovación sucedió el 9 de diciembre de 2021. Ya pasó la fecha y no se cumplió el mandato legal.
Ni los integrantes de la CGCESP, ni los diputados de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, ni el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública han solicitado públicamente que se cumpla la ley y mucho menos se han inconformado.
No hay representación de la sociedad.
La ley ordena que los ayuntamientos deben establecer sistemas y mecanismos para la evaluación y control de confianza, y los procesos de profesionalización y desarrollo policial para la selección, ingreso, formación, permanencia, reconocimiento, régimen disciplinario, terminación del servicio, registro y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública del ámbito municipal.
La información del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales del INEGI 2025 establece que los ayuntamientos de Sinaloa no cumplen el mandato legal.
Como lo citamos en otra columna, el Certificado Único Policial (CUP) es un documento oficial obligatorio en México que acredita que los miembros de las instituciones de seguridad pública, custodios y policías de investigación cuentan con el perfil, conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para desempeñar sus funciones, garantizando confiabilidad y profesionalismo.
En Querétaro, el 97 por ciento del personal de las corporaciones policiales municipales cuentan con el Certificado Único Policial; en Coahuila, el 99 por ciento y en Campeche el 100 por ciento. En Sinaloa, solo el 66 por ciento.
La Evaluación de Control de Confianza es un proceso en el que los integrantes de las instituciones de seguridad pública se someten a exámenes periódicamente con el objeto de contar con servidores públicos confiables, competentes, con vocación de servicio y alejados de la corrupción.
En Querétaro el 90 por ciento del personal de las corporaciones policiales municipales obligado a presentar evaluaciones de control de confianza cuenta con evaluación aprobatoria vigente; en Colima, el 94 por ciento y, en Coahuila el 97 por ciento. En Sinaloa, el 67 por ciento.
Ni control de confianza ni profesionalización.
La ley ordena coordinación para mantener actualizada ante la Secretaría de la Defensa Nacional la licencia oficial colectiva para la portación de armas de fuego.
El 26 de septiembre de 2024 los policías municipales de Culiacán fueron desarmados por la Secretaría de la Defensa Nacional, como parte de una inspección extraordinaria a la Licencia Oficial Colectiva de portación de armas.
Dicha revisión duró un tiempo anormal y concluyó hasta el 28 de octubre, dejando a la corporación desarmada durante más de un mes, en plena narcopandemia, reportó la periodista Daniela Flores. A diferencia de Culiacán, en Navolato la revisión se realizó el 1 de octubre y los policías recuperaron sus armas ese mismo día.
La Secretaría de la Defensa Nacional reservó por cinco años las observaciones detectadas en la revista de inspección de armas que realizó a la Policía Municipal de Culiacán.
Es muy sospechoso que nos nieguen la información. No podemos tener certeza de que se cumple la ley.
La ley ordena que el Consejo Estatal, las instituciones de Seguridad Pública, a través de sus instancias competentes, deberán proporcionar la información necesaria y conducente para el desarrollo de las actividades en materia de participación ciudadana.
El 20 de marzo pasado, el periódico Noroeste expuso que la Fiscalía de Sinaloa excluyó de su reporte diario a los 11 fallecidos en Valle Escondido y el hallazgo de restos óseos en la colonia 10 de Mayo, manteniendo una tendencia de subregistro de víctimas de homicidio.
Esta falta de correspondencia entre los hechos registrados y el reporte oficial no fue un incidente aislado, documenta el diario, un día antes el organismo estatal “olvidó” incluir en su estadística tres homicidios ocurridos el 18, confirmando una tendencia a minimizar el impacto de la violencia en sus registros públicos.
De la misma forma, Ríodoce identificó cómo la Fiscalía no se apega a la tipificación legal de delitos de homicidio; doloso o culposo; y creó varias clasificaciones más, que no contempla la ley, con el objeto de restar casos del reporte de asesinatos.
La opinión pública no cuenta con la información necesaria, esto es, se le pretende engañar.
La ley ordena que el gobernador promueva la participación de la población en el análisis de la problemática sobre seguridad pública en el estado.
El 27 de febrero pasado el Consejo Sinaloense de Empresarios publicó un desplegado donde afirmaba: “Señor Gobernador: a pesar del hartazgo que enfrentamos todos, le reiteramos ahora públicamente que el sector empresarial sinaloense sigue dispuesto a colaborar estrechamente con su administración para transformar este desafío en una oportunidad histórica de construir un Sinaloa seguro, próspero y con paz social. Estaremos atentos a su llamado”.
“Le reiteramos”, le dicen porque más adelante aclaran que: “el pasado 10 de octubre, el Consejo Sinaloense de Empresarios entregó por escrito al Gobernador una Propuesta Integral de Seguridad Pública”.
Cuatro meses y medio, en plena narcopandemia, el gobernador no se digna a escuchar un análisis y propuesta de miembros de la sociedad.
¿Respeta la ley?
Hay quien propone cambiar la ley en lo oscurito para que el gobernador haga las modificaciones que se le antojen porque quizás haga concesiones.
Otros valoran las deliberaciones públicas como método científico de mejorar la ley y creen en la presión social a los gobernantes para que la respeten.
Artículo publicado el 29 de marzo de 2026 en la edición 1209 del semanario Ríodoce.
