Durante la conferencia matutina de este 24 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum, junto a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, presentó una iniciativa de ley general para homologar el combate al feminicidio en todo el país.
La propuesta busca elevar a rango constitucional la facultad del Congreso de la Unión para expedir una norma que obligue a todas las entidades federativas a aplicar los mismos criterios de prevención, investigación y sanción.
La mandataria precisó que, “la propuesta es que en un artículo de la Constitución se permita que haya una ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por feminicidio. Y que todas las fiscalías del país tengan una ley que permita acabar con la impunidad contra el feminicidio. Y también que se desarrolle una serie de políticas para prevenirlo”.
La iniciativa será enviada el Senado de la República este martes o el miércoles, precisó Sheinbaum pardo, se trata, dijo de “una reforma en la que creo que todos y todas estamos de acuerdo”.
Por su parte, Ernestina Godoy explicó que la iniciativa propone establecer un tipo penal único que reconozca nueve razones de género y fije penas de 40 a 70 años de prisión. Además, la ley contempla que el delito sea imprescriptible y que los responsables pierdan de pleno derecho la patria potestad, tutela y derechos sucesorios.
El modelo se basa en el esquema de investigación desarrollado previamente en la Ciudad de México para reducir la impunidad en muertes violentas de mujeres.
Por su parte, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracíbar detalló que la ley pone especial énfasis en la reparación integral del daño y la protección de víctimas indirectas.
Entre las medidas destacan la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de orfandad por feminicidio y la prohibición a plataformas digitales de exhibir imágenes de las víctimas de forma amarillista o que hagan apología del delito.
La estrategia incluye la creación de fiscalías especializadas con personal certificado y protocolos de actuación obligatorios con perspectiva de género.
El objetivo es garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada bajo la hipótesis de feminicidio desde el primer momento, asegurando una coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno y las instituciones de procuración de justicia.
