En el limbo el proyecto del Ministro para regresarlo al cargo; acataré lo que diga el juez, dice Gerardo Vargas y confía que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se hará justicia.

Mientras la Fiscalía General del Estado volvió a prolongar la investigación contra Gerardo Vargas Landeros porque todavía no tiene todas las pruebas, el ex alcalde de Ahome, confía en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le hará justicia.

La semana pasada, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó al juez ampliar por segunda vez el plazo para cerrar la investigación por el arrendamiento irregular de 135 patrullas por 161 millones de pesos.

La investigación debió terminar el 8 de enero, pero la Fiscalía solicitó otros dos meses para conseguir unos contratos y facturas que todavía no tenía y el plazo venció el 8 de marzo, pero el jueves 12 pidió un mes más porque aún no los consigue.

Al salir del Centro de Justicia Penal, Vargas Landeros dijo que no tiene de otra más que acatar lo que resuelva el juez local y esperar a que la SCJN le haga justicia con el proyecto de sentencia que propone restituirlo en el cargo.

“Están en su derecho, así lo dijo él, su señoría, que tienen su derecho, tanto en la Fiscalía como en la asesoría jurídica, de solicitar una ampliación de la ampliación y él se las otorgó. No hay más que hacerle caso a lo que diga el juez de control”, dijo sobre la prórroga para cerrar la investigación.

El ex alcalde dijo que confía en que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se hará justicia.

En un proyecto de sentencia el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García propone reinstalar a Vargas Landeros en la alcaldía porque para la sesión en la que fue desaforado y separado del cargo la mesa directiva del Congreso del Estado no convocó al Ayuntamiento como órgano colegiado para que defendiera su esfera jurídica.

“Yo siempre dije desde la primera vez que creo en la justicia, y espero y se me dé, que me den una justicia verdadera”, expresó el ex presidente municipal sobre el proyecto de la Corte.

El proyecto estaba enlistado para que el pleno lo discutiera el pasado 3 de marzo, pero fue dejado en lista y no lo han vuelto a incluir.

Vargas Landeros comentó que desconoce los motivos que tuvieron los ministros para no analizar y discutir el proyecto.

“Ni idea tengo, la verdad, uno no tiene acceso a los ministros en ese tipo de decisiones, ellos sabrán sus tiempos”, señaló.

Aseguró que no ha buscado al ministro que elaboró el proyecto y esperará a que lo vuelvan a enlistar y resuelvan.

“No, definitivamente que no (lo he buscado), es que tengo que estar aquí en Culiacán, tengo que estar en Los Mochis. Aquí ando acudiendo a los compromisos, a las responsabilidades, a los citatorios que me hace el juez de control, las veces que me han citado, aquí hemos estado”, indicó.

En el proceso penal que tiene abierto por la contratación irregular de las patrullas, la Fiscalía todavía no consigue contratos y facturas.

En la misma causa penal están involucrados los ex integrantes del Comité, Marysol Morales, Judith Elena Luna Castro, Fausto Rubén Ibarra Celis, Humberto Vega Arellano, Héctor Adonai Beltrán, Gerardo Hervás Quindos, Julio César Romanillo Montoya y Genaro García Castro.

El Ayuntamiento contrató el arrendamiento con Grinleasing, pero las patrullas no son de esa empresa, sino que se las rentaba a Casanova Vallejo.

Los contratos que busca la Fiscalía son los que firmó Casanova Vallejo con Grinleasing por el arrendamiento y las facturas de los pagos.

En la audiencia la Fiscalía dijo que para obtenerlos envió un oficio de colaboración a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que localizara los contratos y facturas con las empresas.

En el documento, señaló la Fiscalía, pidieron que, en caso de obtener la negativa de las empresas a entregarlos, utilizaran medios de apremio, incluido el cateo a las oficinas.

Hasta la fecha, dijo la Fiscalía local, no han obtenido respuesta de la Fiscalía de la Ciudad de México, por lo que requerían de un mes más para esperar.

El defensor de Vargas Landeros, Alejandro Hernández, dijo que la investigación cerró en enero, pero la FGE pidió la reapertura y obtuvo dos meses más de plazo por lo que la investigación quedó cerrada el 8 de marzo; y ahora quieren volver a abrir la investigación, lo cual no es posible porque la reapertura de la investigación solo se puede solicitar una vez.

La reapertura de la reapertura de la investigación no existe, buscan crear figuras procesales que no existen, indicó.

Cuestionó a la Fiscalía qué le hace pensar que en un mes va conseguir los documentos que no ha podido obtener en los dos años que tiene de iniciada la investigación.

El abogado de Julio César Romanillo Montoya, Sergio Avendaño, argumentó que la solicitud de la FGE era improcedente porque la ampliación de la investigación solo se puede pedir una vez y ya lo hicieron en enero.

El juez Carlos Alberto Herrera consideró que sí era procedente la solicitud de la Fiscalía y concedió un mes más.

Los mismos funcionarios tienen otra causa penal por contratar sin licitación a una consultora por 33 millones de pesos para que hiciera ante el SAT un trámite para el que no se requiere intermediarios y es gratuito.

Artículo publicado el 15 de marzo de 2026 en la edición 1207 del semanario Ríodoce.