La vertiginosa y nada sorpresiva llegada a la Fiscalía General de la República de Ernestina Godoy a principios de diciembre, fue una buena noticia a pesar de que una vez más se evidenció que la autonomía de la misma no existió, por la forma y fondo con la se llevó a cabo el procedimiento de su elección en el Congreso y que nos recordó otros episodios incomodos como lo fue la elección de la titular de la CNDH.
Pero no dudo en su trayectoria y su perfil para encabezar la Fiscalía General de la República, nada más y nada menos que para dirigir los hilos de una de las instituciones más importantes y estratégica del país, donde permanecerá por nueve años hasta 2034, después vendrán otros vientos porque no tendrá derecho a la relección.
Solo espero que en esa nueva encomienda cumpla realmente lo que en su discurso prometió, “consolidar una institución con investigación científica y multidisciplinaria que priorice los delitos de mayor impacto y opere con autonomía plena”.
Aseguró también que uno de los ejes de su administración será la atención digna e integral a las víctimas y el respeto absoluto a los derechos humanos. “No burocracia; reconstruir la confianza ciudadana” y llamó a las organizaciones civiles, a la academia, a las víctimas, a los abogados, entre otros para que colaboren con sus propuestas en los quehaceres de la fiscalía. La verdad fue un discurso emocionante y lleno de buenos deseos, habrá que esperar entonces más allá del discurso, resultados no tan lejanos.
Para empezar a ver sus primeras acciones, recién la primera semana de enero realizó 11 nuevos nombramientos dentro de la dependencia entre las que destaca la de Maríana Díaz Figueroa quien encabezará la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos, nada más y nada menos que quien llevará la dirección de 9 Fiscalías especializadas en temas Derechos Humanos entre las que están la Fiscalía Especial en Atención a Delitos contra la Desaparición Forzada, Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Tortura y la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión más cinco unidades especializadas y de atención.
La ahora titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, que si bien cuenta con un perfil interesante académicamente e influyente, no parece tener experiencia en temas de litigio en derechos humanos, pero tiene nada más y nada menos que la tarea de “garantizar el respeto a los derechos humanos de la sociedad y garantizar la libertades que toda persona tiene”, lo más importante, garantizar el acceso a la justicia de delitos cometidos en contra de grupos consideradas vulnerables entre los que “deberá conocer y realizar investigaciones y persecución de los delitos de orden federal.
Desde luego habrá que darle la oportunidad de demostrar como dice la misma Fiscal que “la justicia no se presume, se demuestra”. Y que la prioridad será la atención a las víctimas.
Una de las áreas que nos ocupa es la Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión FEALDE, una de las 9 relevantes en derechos humanos y que deberá garantizar que la impunidad en los delitos cometidos contra la libertad de expresión retroceda en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
No está por demás reconocer que por primera vez en esa Fiscalía a cargo por casi nueve años del Mtro. Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, empezaba a dar algunos resultados que vale la pena destacar y retomar para quien llegue a dirigirla.
Por primera vez tuvimos acceso a estadísticas sobre el estado en que se encuentran las investigaciones de agresiones por el ejercicio a la libertad de expresión en México y la inclusión de un reporte sobre el perfil de género de las denuncias que ahí se integran. Una estrecha colaboración con organizaciones de sociedad civil y una apertura que en otros años hubiera sido imposible.
De acuerdo a las estadísticas de FEADLE, 2025 cerró con por lo menos 465 consignaciones y judicializaciones y 346 personas vinculadas a proceso en un período de 9 años, entre ellas 29 órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio ocurridos entre 2017-2018 en contra de periodistas en por lo menos 11 estados del país.
Ellos sin contar las 1 mil 866 indagatorias iniciadas desde 2010 por delitos cometidos contra la libertad de expresión.
Los asesinatos de periodistas ha sido uno de los grandes desafíos que enfrenta el gobierno de México en los últimos tres sexenios de gobiernos y por ende de la Fiscalía General de la República.
El reto no es menor ni distinto para la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en la que han sido asesinados 11 periodistas en México, en poco más de un año, en el ejercicio de su labor informativa.
No está por demás recordar entonces a la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, que este es uno de los grandes retos que tendrá que enfrentar y cumplir con uno de los compromisos que la Presidenta Claudia Sheinbaum, hizo en mayo de 2024, con Reporteros Sin Fronteras, el de “combatir la impunidad en coordinación con fiscalías y el poder judicial”; promoviendo el fortalecimiento de la fiscalía federal, entre estas, FEADLE.
Proporcionando personal técnico suficiente para llevar a buen término sus investigaciones, y llevar ante la justicia a los autores materiales e intelectuales de asesinatos de periodistas y priorizar la búsqueda de los periodistas desaparecidos en México (28).
