Pese a las irregularidades, los exgobernadores siguen sin ser sancionados

Hace un año el gobernador Rubén Rocha Moya inició el 2025 con la solicitud al Congreso del Estado para la aprobación de un crédito por 2 mil 200 millones de pesos por actuaciones irregulares durante el gobierno de Quirino Ordaz Coppel.

En diciembre al concluir el 2025, el gobernador presentó otra solicitud de endeudamiento al Congreso del Estado, ahora por 2 mil 300 millones a causa de otras irregularidades cometidas por el sexenio de Mario López Valdez.

Así, al concluir el 2025, el Congreso del Estado aprobó la contratación de deuda al gobierno de Rocha Moya por un total de 4 mil 500 millones de pesos por anomalías de administraciones pasadas.

Los señalamientos a las actuaciones irregulares han servido como exposición de motivos en las solicitudes entregadas al Congreso del Estado por parte del mandatario.

En la sesión del jueves del 6 de enero de 2025, se leyó ante el Pleno la solicitud en la que el gobernador explicó que en el pasado mes de noviembre, les habían sido notificados sobre la sentencia de juicios de cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal 01/2021 y 02/2021, que habían sido dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En la sentencia se reconoció la validez de las sanciones impuestas al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa.

Como parte de las sanciones se había determinado el impedimento para que Sinaloa como entidad federativa iniciara actos de fiscalización por un total de 10 meses, así como la pérdida del derecho de recibir los incentivos correspondientes.

El gobernador dijo a los diputados que dichas sanciones habían derivado de 12 auditorías realizadas por el gobierno anterior, aunque omitió precisar que fue el encabezado por Quirino Ordaz Coppel, actual embajador de México en España.

Durante el gobierno de Ordaz Coppel se incumplió con las disposiciones jurídicas federales y la normatividad aplicable, no acatando con ello el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Federación y el estado de Sinaloa.

El propio gobernador Rocha Moya afirmó a los diputados que el impacto a las finanzas públicas de la administración actual era de 2 mil 300 millones, a consecuencia de las sanciones, ya que tendría que reintegrar al gobierno federal esa cantidad.

“Los recursos que se deberán destinar para cubrir esta deuda representan un duro golpe al presupuesto correspondiente a los próximos ejercicios fiscales”, dijo a los diputados en el documento.

Desde entonces aseguró que se había iniciado un proceso de responsabilidad administrativa ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, en su calidad de órgano interno del Poder Ejecutivo. Dijo entonces que se estaban agotando las etapas de investigación y substanciación previstas para determinar la naturaleza de las faltas y las acciones a emprender.

Dijo además que había tenido que hacer frente a gastos supervenientes en el periodo 2021-2024 por obligaciones incumplidas derivadas de gastos excesivos, y en ocasiones innecesarios que se produjeron en sexenio anteriores.

Los recursos aprobados, aseguró, serían utilizados para cumplir con un Plan de Reactivación Económica.

Para el 29 de noviembre de 2025, de nuevo Rocha Moya envío otra solicitud de endeudamiento al Congreso del Estado, ahora por 2 mil 200 millones de pesos.

En el documento el gobernador recordó que en la anterior solicitud el monto autorizado había sido similar al monto que el estado debía pagar al SAT por el indebido actuar de la administración anterior.

“Para el ejercicio fiscal 2026, va a ser necesario cubrir otra irregularidad financiera, en este caso producida durante la administración 2010-2016”. No mencionó el nombre del entonces gobernador Mario López Valdez.

En sus argumentos Rocha Moya aseguró a los diputados que durante esa administración estatal se incumplió durante todo el sexenio con la obligación de enterar ante el Instituto de Pensiones del Estado (IPES) las cuotas obrero-patronales correspondientes, generando un déficit financiero que para el año 2026 ascenderá a mil 400 millones de pesos.

No hizo referencia en el documento a ninguna sanción o investigación, había solo la promesa verbal en reuniones con diputados sobre la presentación de denuncias por las irregularidades cometidas en los periodos de los gobiernos de Ordaz Coppel y López Valdez.

Advirtió a los diputados que el colapso financiero del IPES sería catastrófico, debido a que provocaría que las personas pensionadas dejaran de recibir su pensión, por lo que era necesario implementar alternativas financieras para que eso no sucediera.

Y agregó que, frente a estos imprevistos, el rubro presupuestal más afectado sería la obra pública y que se tenía la convicción de cumplir las metas proyectadas en el Plan Estatal de Desarrollo en materia de infraestructura.

En la primera solicitud de endeudamiento presentó una relación de obras a realizar, pero en la segunda no indicaba en forma pormenorizada las obras a realizar ni los montos a ejercer en cada una de ellas, debido a que en ocasiones anteriores les había obstaculizado la operatividad.

A la fecha ninguna de las irregularidades señaladas por Rocha Moya en las solicitudes de endeudamiento de 2025 han sido sancionadas, aunque en diciembre anunció que ya había presentado denuncias penales y administrativas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de quienes resulten responsables por hechos ocurridos en los gobiernos de Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel.

Artículo publicado el 11 de enero de 2026 en la edición 1198 del semanario Ríodoce.